El grueso de la Operación se ha desarrollado en la provincia de Huelva, donde los jefes del grupo habían llevado sus cuadrillas para la recolección de la fresa.
Trabajadores que vivían en condiciones de “semiesclavitud”, hacinados en naves y con salarios muy por debajo de lo que marcan los diferentes convenios.
Entre los arrestados, estaban siete miembros de la organización y ocho empresarios que, según la investigación, sabían que las víctimas no podían trabajar en España.
Los empresarios han quedado en libertad con cargos.
El juez ha bloqueado 19 cuentas bancarias.
Sábado, 1 de junio de 2019. Cuatro personas, a las que se acusa de ser los “cabecillas” de una organización dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral desmantelada por la Operación Urofort, han ingresado ya en prisión por orden del magistrado Miguel Sánchez-Gasca, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén.
El juez desplegó el pasado martes ayer un macro dispositivo policial en el que se practicaron 16 registros y 15 detenciones en empresas agrícolas de Huelva, provincia en la se ha desarrollado el grueso de la operación, Córdoba, Badajoz, Albacete y Jaén. También se identificaron a centenares de víctimas que vivían en condiciones de semiesclavitud, hacinados en naves y con salarios muy por debajo de lo que marcan los diferentes convenios. Las víctimas, como adelantaba el jueves La Mar de Onuba, han sido atendidas por un dispositivo especial puesto en marcha por Cruz Roja Española en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, cuerpo que ha practicado los registros y las detenciones.
Según ha trascendido de las pesquisas iniciales y contaba este viernes Diario de Jaén, se trata de una organización criminal que captaba y comercializaba ilegalmente ciudadanos de origen moldavo como mano de obra para explotaciones agrícolas de las provincias en las que se ha desarrollado la Operación Urofort.
El veterano periódico jiennense asegura que se han identificado a un grupo de personas que falseaban la documentación de ciudadanos moldavos sin papeles y los “convertía” en ciudadanos rumanos (de la Unión Europea que no requieren de permiso de trabajo) con los que comerciaban como mano de obra. Los miembros de la red se quedaban, según se desprende de la investigación, con buena parte del jornal que debían percibir estos trabajadores, inmigrantes sin papeles y en estado de extrema necesidad. Se han detectado casos de temporeros que trabajaban por diez euros por día, una cuarta parte de salario fijado en el convenio colectivo de Huelva, o una quinta del de Jaén, mucho más generoso.
La Guardia Civil de Jaén culminó la operación Urofort con la intervención en pasado martes de agentes de la UCO, que practicaron 16 registros simultáneos en las provincias de Huelva, Córdoba, Albacete, Badajoz y Jaén, y detuvieron a 15 personas. Entre los arrestados, estaban los siete miembros de la organización y ocho empresarios agrícolas de varias provincias que, presuntamente, estarían en connivencia con la trama, ya que sabían que los jornaleros moldavos no podían trabajar en España. Los patronos quedaron en libertad con cargos. El magistrado Miguel Sánchez-Gasca sí decidió enviar a prisión preventiva a cuatro de los siete componentes de la organización criminal, los considerados cabecillas.
Todos están acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
Sánchez-Gasca también ha ordenado bloquear 19 cuentas bancarias, vinculadas a los detenidos y por valor de 40.000 euros. Indiciariamente, se ha fijado esa cantidad como el posible perjuicio que han sufrido las víctimas, según han explicado las fuentes consultadas.
Los ciudadanos moldavos eran trasladados de una provincia agrícola a otra para trabajar en las distintas campañas agrícolas. De hecho, el grueso de la Operación Urofort se ha desarrollado en Huelva, donde los jefes del grupo habían llevado sus cuadrillas para la recolección de la fresa.
La investigación, desarrollada por la Guardia Civil de Jaén, arrancó el pasado mes de diciembre de una forma casi casual. Las pesquisas partieron tras la quema de una furgoneta en Fuerte del Rey. Sus propietarios dijeron ser jornaleros rumanos. Sin embargo, los agentes descubrieron que utilizaban nombres falsos y que, en realidad, eran moldavos. Tirando de ese hilo, los investigadores descubrieron que los ciudadanos de la antigua república soviética estaban “controlados” por una organización de ciudadanos rumanos que los llevaba de una a otra campaña agrícola y que se lucraba a su costa quedándose con parte de sus salarios. La Operación Urofort continúa abierta bajo secreto de sumario.
El suceso destapa las investigaciones de la operación Urofort, una investigación con trascendencia europea contra la trata se seres humanos.
Fue en Fuerte del Rey, Jaén. Efectivos del cuerpo de Bomberos de Jaén acudieron a la llamada del incendio de una furgoneta estacionada en un camino rural. Un episodio que dio mucho que hablar, según recordaba este viernes el digital lacontradejaén.com. Tanto que la Guardia Civil tomó testimonio a vecinos y a los propios afectados, parece ser que oriundos de Europa del Este que poco o nada sabían de lo que aquellas llamas podían desatar. Era la "punta del iceberg" para destapar una operación que, de momento, lleva quince detenidos en diferentes puntos de España y que tiene calado europeo.
Se trata de la Operación Urofort que esta semana desarrolla la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) con detenciones y registros en las provincias de Huelva (zonas de La Palma del Condado y Almonte entre otras), Jaén, Córdoba (Nueva Carteya), Badajoz y Albacete. Se investiga a una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. De la investigación se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número tres de Jaén en el marco de las diligencias Previas número 459/2019 que las mantiene declaradas secretas.
Fuentes cercanas a la investigación precisan que a raíz de aquel incendio y de la toma de declaraciones, la Guardia Civil empezó a detectar incongruencias como que al parecer se utilizaban nombres falsos y que esperaban a recibir instrucciones para ir a trabajar a otros tajos, ya sea en Jaén o en otras provincias. Una organización que, supuestamente, falsifica identidades o las usurpa, en connivencia con gestorías, para que inmigrantes acudieran a Andalucía a trabajar en las diferentes campañas agrícolas como la fresa o la aceituna. Se trata, también, de un fraude por la cotización a la Seguridad Social de las personas a las que suplantaban.
Los principales damnificados son los trabajadores que recibían un salario por debajo del que fija el convenio del campo. El resto se lo llevaba este entramado que ahora se está investigando y que, de momento, se ha saldado con la detención de quince personas. Se desconocen cuántas de ellas son en Jaén.
Sea el primero en desahogarse, comentando