Justicia e Interior y promueve un decálogo de buenas prácticas en la contratación de jornaleros
El texto será subscrito en los próximos días entre una de las patronales agrícolas y una ONG de ámbito nacional especializada en temas de extranjería, y contará con el aval del Gobierno Andaluz.
Se buscará priorizar la contratación de trabajadores extranjeros con permiso de trabajo, con especial incidencia sobre los radicados en los asentamientos.
Viernes, 18 de mayo de 2018. Los problemas que, sin conformar un contexto de hechos generalizados, vienen protagonizando la actualidad laboral en la provincia de Huelva, y que afectan a los trabajadores de la campaña de la fresa, especialmente a las mujeres marroquíes contratadas en origen, llevan tiempo sobre la mesa de la Junta de Andalucía, que, según han revelado fuentes del gobierno andaluz en Huelva a La Mar de Onuba, lleva largo tiempo estudiando fórmulas para mejorar la contratación de jornaleros y el seguimiento del cumplimiento de los contratos y del convenio colectivo que les afecta.
“Los problemas de abusos y prácticas reproblables existen y son conocidos, y es comprensible que algunos casos puntuales, como los publicados en los últimos días, generen alarma social y el interés de los medios de comunicación”, aseguran las fuentes de la Junta de la Andalucía consultadas por La Mar de Onuba. “Pero es importante destacar, sin restarle la gravedad que encierran, que se trata de hechos puntuales y no generalizados. Date cuenta de que el campo onubense congrega a decenas de miles de trabajadores durante las campañas de los frutos rojos, la joya de la corona de la agricultura onubense, y que unas docenas de casos, como refieren los medios que han informado sobre ellos, no deben empañar el buen nombre de los agricultores de la provincia de Huelva, que son, en su inmensa mayoría, empresarios honestos que hacen lo posible por cumplir la normativa y ofrecer buenas condiciones laborales a sus empleados”.
“El problema”, añaden, “está en las competencias de cada sector implicado en las campañas. Hay escasa presencia sindical en los campos y podría decirse que la actuación de la Inspección de Trabajo es, cuanto menos mejorable”.
“La Junta de Andalucía”, aseguran las mismas fuentes, “no es ajena a toda esta problemática”, que no se circunscribe exclusivamente a las trabajadoras marroquíes, y se extiende también a las miles de personas que viven en los asentamientos cercanos a los campos de fresas y frutos rojos, “pero nuestra capacidad de intervenir está muy limitada”.
La Junta lleva trabajando, sottovoce, en estrategias que permitan mejorar la situación de los trabajadores del campo. En este sentido, en los próximos días se presentará en Huelva un novedoso acuerdo de colaboración entre una de las patronales de pequeños agricultores y una ONG de ámbito nacional con amplia experiencia en materia de extranjería, cuyo objetivo es poder realizar un seguimiento más eficaz de las relaciones entre agricultores y trabajadores.
El acuerdo contará con el aval de la Junta, y contempla un “decálogo de actuaciones y buenas prácticas en la contratación de personal agrícola en los campos onubense” que incluye, por parte de la patronal el compromiso de vigilancia del “cumplimiento estricto” del Convenio Colectivo del Sector de Trabajadores del Campo de la Provincia de Huelva. También la obligación para las empresas contratantes de facilitar alojamiento a sus trabajadores de carácter gratuito no descontándose alquiler alguno al trabajador, que deberá reunir los requisitos adecuados de sanidad e higiene exigidos por la legislación vigente, para que los trabajadores puedan habitar en ellos de una forma digna, reuniendo, como mínimo, las condiciones de habitabilidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Asimismo, las empresas adheridas al convenio, a cuyo texto ha tenido acceso La Mar de Onuba, se comprometen a “cumplir y hacer corresponder las horas dadas de alta al trabajador con las efectivamente trabajadas y cobradas”.
Por último, las empresas se comprometen también a entregar al trabajador una “carta de referencia laboral” al finalizar la relación contractual, siempre y cuando ambas partes hayan cumplido los objetivos establecidos, que ayude al currículo laboral de los jornaleros de cara a otras campañas agrícolas.
Por su parte, la ONG que suscribirá el acuerdo avalado por la Junta, tendrá acceso a los datos de los trabajadores para la “comprobación y revisión estricta” de su cualificación laboral y de su situación regular en España.
También participarán en la creación de una bolsa de empleo agrario reglada y documentada curricularmente, cuyo objetivo es priorizar la contratación de trabajadores afincados en los asentamientos pero que se encuentran en España en situación regular y disponen de permisos de residencia y de trabajo, como forma de aliviar la precariedad en la que viven, y fomentar su integración en la sociedad.
La ONG estará capacitada también para la “intermediación en caso de conflictos entre empresario y trabajador para llegar a la resolución del problema planteado de la forma más adecuada posible”, un papel que históricamente venían cumpliendo los sindicatos.
Finalmente, la ONG también emitirá “certificados de calidad” a las empresas participantes que “hayan cumplido los objetivos establecidos del certificado de cumplimiento del código suscrito”, con el compromiso tanto por parte de la patronal firmante de la propia organización no gubernamental de “dar publicidad, a través de sus publicaciones en cualquier medio de difusión, a la certificación de buenas prácticas obtenida por la empresa”.
Posiblemente, aseguran las fuentes de la Junta, sean necesarias más medidas, pero estas deben abordarse en el ámbito de las competencias de cada administración y organizaciones afectadas. Nosotros vamos a seguir estudiando las medidas que podamos elaborar, y estamos comprometidos en que el campo onubense sea una referencia, no sólo por la calidad de sus frutos, sino también por la excelencia de sus empresas y las condiciones de trabajo de las trabajadores durante las campañas agrícolas”.
El acuerdo será subscrito en Huelva en los próximos días, y las firmantes trabajan en “cuadrar agendas” para facilitar una presencia institucional del máximo nivel, a efectos de dotar el texto de la máxima oficialidad posible.
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