“Hemos facilitado las coordenadas de los pozos, pero el Gobierno no ha cumplido trayendo agua de superficie”, dicen los agricultores de frutos rojos.
Reclaman que el Estado supla con el transvase prometido el agua que llevan décadas usando ante la pasividad de las Administraciones Públicas
Los regantes del Condado defienden el uso ilegal del agua del acuífero de Doñana y se sienten amparados por el Plan Especial de Ordenación de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, que cataloga las suyas como tierras de regadíos. De hecho destacan, que existe una transferencia de agua aprobada de 4,99 hectómetros cúbicos, y que el Ministerio para la Transición Ecológica les había empezado a suministrar agua a cambio del cierre “voluntario” de más de 400 pozos a cambio de recibir ese agua superficial. Pero esa agua dejó de llegar, lo que los agricultores ven como «un desastre económico» cercano a los 15 millones de euros que ponen en peligro hasta 5.000 empleos.
«Cerramos los pozos y facilitamos sus coordenadas al ministerio, convencidos de que podríamos regar con agua superficial”, aseguraba este domingo a La Mar de Onuba uno de los empresarios cuyos pozos van ser clausurados por la CHG. ”Los pozos han estado tolerados durante décadas, algunos más de cincuenta años, y el parque de Doñana sigue en el mismo sitio. No se entiende ahora la prisa del Gobierno por cerrarlos sin ofrecer una garantía de que vamos a poder regar nuestras tierras”. El empresario, que prefiere guardar el anonimato, pasará lo que queda de domingo movilizando a sus colegas y vecinos para que mañana el Gobierno no pueda sellar los pozos.
Domingo, 23 de junio de 2019. Un cierre patronal y una llamada a la movilización masiva de los vecinos de Lucena del Puerto y localidades cercanas a partir de las 8 y media de la mañana de este lunes, para tratar de impedir, una vez más, que se cumpla la orden del Gobierno de clausurar 77 pozos ilegales en Lucena del Puerto que se nutren irregularmente de acuíferos de Doñana para el riego de fincas de frutos rojos.
Es la convocatoria que durante este fin de semana ha circulado por grupos de WhatsApp de varias localidades de El Condado onubense, tras haberse filtrado que será este lunes, 24 de junio, cuando los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), procedan al sellado definitivo de los 77 pozos. El sellado se intentó el pasado mes de septiembre, pero una intervención violenta de un grupo de vecinos -que requirió la intervención de la Guardia Civil- impidió que la orden fuera ejecutada.
Tras aquel episodio los regantes de la zona iniciaron una serie de movilizaciones, y lograron que Gobierno aplazara temporalmente la clausura de los pozos y se comprometiera a hacer llegar agua de riego en superficie antes de poner fin a la extracción irregular del de Doñana. Los agricultores pretenden seguir regando sus tierras con el agua de los acuíferos del Parque Natural para que no se resienta la producción de frutos rojos. El año pasado cifraron en más de 15 millones de euro y 5.000 puestos de trabajo los que se pondrían en peligro.
«Renuencia» a actuar de las Administraciones Públicas
Sin embargo, la permisividad del Gobierno ante la presión de los agricultores de frutos rojos ha chocado de frente con los grupos ecologistas, las instituciones europeas, y el Defensor del Pueblo español.
En su último informe, de hace sólo unos días, el Defensor ha criticado, «de nuevo este año», la «renuencia» de las Administraciones Públicas a actuar en muchos casos en los que «existe una contraposición entre los intereses económicos y el respeto al medio ambiente». A este respecto, la institución que dirige Francisco Fernández Marugán cita y lamenta expresamente la falta de actuación de las administraciones ante la sobreexplotación del acuífero de Doñana.
Sólo unos días después del severo toque de atención del Defensor del Pueblo, la CGH retomó el cierre de pozos sancionados en el entorno de Doñana. En concreto, la clausura comenzó en el término municipal de Almonte, donde se selló el primero de los 4 sondeos situados en una finca situada en entorno de La Cañada, propiedad de una multinacional agroalimentaria.
La ejecución respondía a un expediente iniciado hace 13 años, en 2006, en el que el organismo gestor de los recursos hídricos de la cuenca del Guadalquivir constató la construcción de 4 pozos sin la autorización de la CHG. El primero de ellos ha sido clausurado con grava hasta un metro de la boca y desde ahí, con hormigón hasta su superficie. Los 3 pozos restantes están «inutilizados, sin elementos de extracción y tapados con chapa soldada», según fuentes del organismo, aunque también ha ordenado su sellados en las próximas semanas.
77 pozos ilegales en Lucena del Puerto
La actuación en Almonte ha paralizado la extracción de unos 200.000 metros cúbicos de agua del acuífero de Doñana, según cálculos de la propia CHG, ya que los pozos estaban ubicados en la finca de «mayor superficie irregular del Parque», que suponía el 10% del total de «suelo fuera del Plan Especial de ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana».
La clausura definitiva de pozos continuará esta misma semana, según ha explicado el presidente de la CHG, Joaquín Páez, quien ha expresado su determinación a culminarlo durante el mes de julio de este año. Así, mañana mismo, según ha transcendido durante este fin de semana, los técnicos de la confederación tienen previsto comenzar el sellado de los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto (Huelva). En concreto, 4 en Casa Beas, 7 en el paraje denominado Magín y 66 pozos en El Gago
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Resistencia a la Ley
En este último paraje se han dado cita este lunes, a las ocho de la mañana, los empresarios de frutos rojos, quienes incendiados por la noticia de que la CHG va a proceder al cierre definitivo de sus pozos ilegales, han convocado un cierre patronal “total” de empresas y comercios de Lucena del Puerto, al que están pidiendo por WhatsApp y redes sociales que se sumen los vecinos de dicha localidad y de los pueblos cercanos del Condado de Huelva “afectados” por el cierre del grifo de agua ilegal procedente del acuífero de Doñana.
Tras los incidentes del pasado año, cuando también convocados vía WhatsApp, vecinos y agricultores impidieron violentamente la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para acceder a los 77 pozos que a partir de mañana volverá a intentar sellar en cumplimento de una orden gubernamental, el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica solicitó el amparo de la Sudelegación del Gobierno en Huelva, por lo que es previsible que la Guardia Civil va garantizar que los técnicos de la CGH podrán, esta vez sí, clausurar los pozos ilegales que riegan campos de frutos ojos con el agua de Doñana.
El cierre de pozos en el entorno de Doñana supone un paso más en el trabajo que desarrolla la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para garantizar el uso sostenible del acuífero. No es el único, el pasado 21 de febrero, la CHG inició la tramitación para declarar La Rocina, Almonte y Marismas como "masas de agua subterránea, en riesgo de no alcanzar el buen estado", lo que exigirá la creación de "comunidades de regantes y un programa que ordene y coordine las las medidas para garantizar el uso sostenible del agua".
Junto a esta medida, actualmente en desarrollo, la CHG pretende maximizar la utilización de las transferencia del Tinto-Odiel-Piedras a la cuenca del Guadalquivir para liberar la presión de las masas en la comarca de El Condado y en la zona más sensible del acuífero. La CHG también contempla el recrecimiento del embalse del Agrio, para disminuir las extracciones de aguas subterráneas en el entorno de los Hatos; la puesta en marcha de la nueva estación depuradora de Matalascañas, y el impulso a la sustitución de los dos sondeos de abastecimiento más cercanos al Parque Nacional en el término municipal de Almonte (Huelva), por otros dos ubicados en una zona más alejada y de menor sensibilidad.
A ello se sumará el aumento en los próximos meses de los medios propios del Organismo de cuenca, tanto de la Guardería fluvial, como para la tramitación de expedientes y sanciones. Asimismo, se incluirá la problemática de Doñana en el Esquema de Temas Importantes (ETI) del Tercer Ciclo de la Planificación Hidrológica, para facilitar que este espacio natural se convierta en objeto de especial análisis.
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