Los abogados de AUSAJ estudian denunciar ante el CGPJ, el TSJA y la Audiencia Nacional al juez de guardia de la Palma del Condado y a la Guardia Civil.
Trabajan para conseguir la condición de testigo protegido para las diez mujeres que permanecen acogidas en Málaga.
Una fuente asegura a La Mar de Onuba que las trabajadoras denunciantes habían sido «engañadas en origen» por la empresa.
Sábado, 12 de junio de 2018. “Ahora no puedo volver a Marruecos porque mi familia y la familia de mi marido me matarán. Tengo mucho miedo, pero quiero volver a Marruecos con la cabeza alta. Lo único que quiero es que se muestre la verdad de nuestra historia”. El desgarrador testimonio efectuado ante una cámara del diario El País corresponde a H., una de las diez mujeres que desde hace una semana se encuentran acogidas en una localidad de Málaga a la espera de poder ratificar su testimonio ante las autoridades. H. cuenta que se arrepiente de no haberle contado esto antes esto la Policía, “pero tenía miedo”, dice. “Estaba yendo a la ducha con la toalla en la mano cuando él entró en la habitación. Al principio estaba yo con otra chica. Ella iba a salir pero le pedí que se quedara. El vino y me agarró la barriga. Le dije que estoy embarazada, aléjate de mí. El me dijo que no había problema, sólo chúpamela o te doy por detrás.”
Según ha relatado a La Mar de Onuba Jesús Díaz Formoso, abogado de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), H. fue reconocida, “por la vestimenta”, por un familiar en Marruecos, que ha compartido su historia en la red social Facebook y la ha puesto en conocimiento de los familiares de la trabajadora, que asegura que haber recibido amenazas de muerte por parte de la familia de marido y se propia familia.
Díaz Formoso pretende conseguir para las diez mujeres la condición de testigo protegido y garantías de que no serán devueltas a su país sin que hayan podido formalizar la denuncia por lo que aseguran haber sufrido en la finca Doñana 1998, en unos casos, y ampliar la ya formulada, en otros. Al menos dos de las mujeres, afirman ahora que, por vergüenza, no contaron todo lo que les había pasado en sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil, pero que ahora están dispuestas a contar toda la historia. Díaz Formoso asegura también que en los próximos días podría haber más denuncias de hechos más graves que los relatados hasta ahora, y que algunos de ellos provienen de mujeres que ya están de regreso en Marruecos, y son de “extrema gravedad”.
En el vídeo publicado este lunes por El País, la también abogada de AUSAJ, Belén Luján, cuenta que el pasado 1 de junio, vienes, acudieron a la finca Doñana 1998 y que tras identificarse y pedir permiso para acceder las instalaciones, se vieron “superados por los acontecimientos”. Luján asegura que «hubo un momento en que estábamos rodeadas por más de 200 mujeres y todas intentaban hablar con nosotros, pero era imposible entenderlas porque todas hablaban en árabe. El traductor hacía lo que podía, pero todas nos decían sistemáticamente la misma situación: no tenemos dinero, no tenemos comida, no nos están pagando el salario, no estamos trabajando bien, nos están cambiando las condiciones… Todo eso es lo que se empieza a denunciar ese viernes. Lo que sucede es que desde el viernes hasta el domingo se les empieza a presionar para que no denuncien”.
«ENGAÑO EN ORIGEN»
La empresa ha negado que estos hechos sean ciertos, y asegura que sus trabajadoras cobran puntualmente el día 5 de cada mes. Otra fuente consultada por La Mar de Onuba asegura que el caso de las mujeres que han denunciado es distinto a las que ya estaban trabajando en la finca desde el comienzo de la temporada. Según dicha fuente, la empresa habría contratado a estas mujeres a comienzos de abril a sabiendas de que no permanecerían en Huelva los tres meses que la Agencia Nacional de Empleo marroquí (Anapec) les había garantizado, ya que las últimas fresas quedarían recogidas a finales de mayo o en los primeros días de junio. Ese «engaño en origen» sería el motivo por el que la empresa les habría retenido los salarios, que, según han manifestado algunas de las trabajadoras denunciantes, se les dijo que cobrarían cuando llegarán a Cádiz y fueran a embarcar de regreso a Marruecos. De esta forma, se les impediría que reclamaran o denunciaran el incumplimiento de los contratos por tres meses que estaban convencidas de haber firmado. Muchas de ellas afirman que los firmaron en Marruecos y que se les dijo que la copia se les entregaría cuando llegaran a España, pero que nunca se les entregó.
Luján asegura que cuando los empresarios supieron de la intención de las trabajadoras de presentar denuncias intentó convencerlas para no lo hicieran “primero comprándolas, dándoles más dinero que al resto, prometiéndoles trabajo para las siguientes campañas, pero cuando parece que no consiguen convencerlas entran en las presiones: que sois unas prostitutas, que tenemos vídeos vuestros que vamos a mandar a Marruecos para que los vean vuestra familias…”
Las mujeres se quejaban de que cuando todavía les faltaba más de treinta días para cumplir los tres meses para los que creían haber venido España se enteraron de que la empresa había previsto su despido y regreso a Marruecos para el martes 5 de junio. Es cuando deciden presentar denuncia.
IMPEDIMENTOS POR PARTE DEL JUZGADO DE LA PALMA Y COLABORACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL CON LA EMPRESA
Inicialmente, los abogados de AUSAJ intentaron formalizar la denuncia el mismo día 1 de este mes en el Juzgado de Guardia de La Palma del Condado, pero Díaz Formoso asegura que «el juez se negó a recoger la denuncia», motivo por el que, finalmente, esta se presentó primero ante la Guardia Civil de Almonte y, con posterioridad, en la Inspección de Trabajo de Huelva, al lunes siguiente, 4 de junio.
El día antes, y sin previo aviso según las trabajadoras, la empresa decide adelantar a ese mismo domingo el regreso a Marruecos del contingente, por lo que algunas mujeres aseguran que intentaron escaparse de la finca para evitar que se les enviara a Marruecos ese día, sin haber ratificado su denuncia ante la Inspección. Algunas aseguran que la Guardia Civil colaboró con los encargados de la finca para obligarlas a subir a los autobuses, y que incluso fueron perseguidas por los agentes las que habían logrado escaparse. Existen audios de ese día, enviado entre unas y otras por WhatsApp, en los que se les escucha decir que no pueden seguir hablando porque “viene la Policía”.
Formoso y Luján tienen previsto presentar una denuncia contra el juez de guardia de La Palma del Condado que se negó a admitir la denuncia de las mujeres ante el Consejo General del Poder Judicial y ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. También estudian iniciar acciones legales contra el cuerpo armado, posiblemente ante la Audiencia Nacional.
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