El Gobierno deriva a las autonomías obligar a los obispados retirar la simbología franquista de los templos religiosos .

El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet presentó una pregunta escrita al Gobierno: «Ante la negativa de muchos obispados por eliminar la simbología franquista o elementos de exaltación del régimen genocida, ¿qué medidas piensa adoptar el Gobierno al respecto?».

La respuesta del Gobierno simplemente enumera que la Ley 52/2007 establece, con carácter general, que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. “ En este sentido, son varias las Comunidades Autónomas que han regulado la retirada de estos elementos contrarios a la memoria democrática, estableciendo en su caso un régimen sancionador para los supuestos de incumplimiento.

Por su parte, cabe señalar que el Real Decreto 373/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, establece, como una de las funciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, la proposición y, en su caso, acuerdo, en el ámbito de competencias de dicho Ministerio, sobre la retirada de cualquier símbolo de exaltación, personal o colectiva de la guerra civil o de la dictadura y, de acuerdo con las administraciones competentes, la adopción de las medidas necesarias para su ejecución.
 
Para Mulet, esta respuesta se limita a derivar la responsabilidad a otras administraciones: “Todavía hoy en día, 13 años después de aprobar la ley, se demuestra esta fue insuficiente puesto que existen casos sangrantes, de incumplimientos  en cientos de casos, y el Gobierno no tiene instrumentos para actuar; donde exista una autonomía vanguardista en la ley existirá un régimen sancionador, y donde no, pues total impunidad. ¿Qué ley estatal es esta, pues?».

Mulet precisamente envió en septiembre de 2018 una carta formal a  los 70  obispos de todas las diócesis españolas y al Papa Francisco en el Vaticano, en la que les pidió  implicación en la desaparición de toda clase de simbología franquista que todavía continua en los templos de su demarcación, dando instrucciones a los responsables de cada parroquia para que cataloguen su existencia y las retiren “algo que a buen seguro será agradecido por muchos ciudadanos”.

La coalición ha conseguido ya la retirada de miles de nombres de calles, monumentos y símbolos que incumplían la Ley de la Memoria Histórica mediante una campaña que ha consistido simplemente en remitir comunicación a los ayuntamientos instándoles a cumplir la Ley, “con lo que hemos conseguido eliminar y modernizar nomenclatura de calles, placas, títulos, simbología varia que atentaba contra la memoria democrática”, explica Mulet.

En muchos municipios la respuesta que recibe el senador es que las placas de exaltación del franquismo “están ubicadas en las paredes de sus iglesias, ermitas o templos religiosos católicos de diversa índole, por lo que el alcalde o alcaldesa de turno se ve incapacitado para retirar estos símbolos. En otros casos, la autoridad municipal ha comunicado esta petición al párroco o autoridad del templo, sin éxito o directamente no se han atrevido o no han querido solicitar este cambio”, añade, “la obligación de la normativa vigente hacia las administraciones públicas que las obliga a tomar medidas oportunas para retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. “Esta legislación no afecta a una entidad como la Iglesia, ya que no es una administración pública, pero pensamos que el mantenimiento de estas placas en las iglesias y templos, atenta gravemente contra la memoria democrática y humilla a las víctimas del régimen franquista y sus familiares”.
“La Iglesia, como titular de estos inmuebles debe conciliar fe y razón, orientar sus fachadas al amor y a la concordia y no al nacionalcatolicismo del pasado, que debió de acabar en 1975”, ha agregado.  Desgraciadamente, en muchos de los requerimientos a municipios como  Siétamo, Alcalá de Ebro, Vila-real, Almassora, Plasencia de Jalón, Llucena del Cid, el Toro, Cinctorres, Calatorao, Villahermosa del Río o Adahuesca, por citar algunos, aunque existen muchos más por toda la geografía, los ayuntamientos se escudan en que estos símbolos están en fachadas de templos religiosos, alguna veces ni siquiera le piden a la iglesia actuar, y en otras, es la iglesia quien no se da por aludida.

Los obispos no contestaron, excepto de dos diócesis catalanes afirmando no existen en sus Iglesias estos símbolos, o la del obispo de Teruel y Albarracín  hablando de la quema de Iglesias durante de la guerra. Ahora, de nuevo, el Gobierno evita cualquier exigencia a la iglesia y rebota la responsabilidad a las autonomías, mientras en centenares de iglesias perviven símbolos franquistas.”