Las organizaciones piden «reorientar” la contratación a otros países tras culpar a Anapec, Oficina de Empleo del gobierno marroquí, de los «fallos» de esta temporada.
Aseguran que 1375 trabajadoras «constatadas» y 485 «pendientes de verificar» se han quedado en España.
ONG rechazan la argumentación empresarial y sostienen que muchas trabajadoras han sido despedidas antes de lo acordado y que sus visados no vencen hasta el 31 de julio.
Viernes, 20 de julio de 2018. Hasta una cuarta parte de las trabajadoras marroquíes contratadas “en origen” para la recolección de fresas “abandona sus puestos de trabajo” e “incumple” el compromiso de volver a sus países “una vez finalizada la campaña”. Así es según las organizaciones agrícolas, que aseguran que las cifras que barajan algunas asociaciones suponen el 25% del total (1375 trabajadoras «constatadas» y otras 485 “pendientes de verificar) no han regresado a su país tras finalizar su relación laboral. Las principales patronales freseras calculan que la cifra final puede llegar hasta las 3.000 personas «cuando concluya el retorno de todas las personas contratadas para el final de la campaña”.
Estas cifras fueron presentadas por las Organizaciones Profesionales Agrarias -que coincidieron en considerarlas de una “dimensión preocupante”- en la reunión mantenida el pasado día 18 con el flamante Director General de Migraciones de la Secretaría de Estado de Migraciones del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez. José Alarcón se trasladó a Huelva para “conocer de primera mano” la situación en el proceso de las campañas, según una nota de prensa de la Subdelegación del Gobierno.
Según la información obtenida en exclusiva por La Mar de Onuba, las organizaciones patronales transmitieron al nuevo Gobierno todo un rosario de críticas dirigidas a la Oficina Nacional de Empleo de Marruecos, Anapec, sobre la que cargaron toda la responsabilidad de los “fallos” y “problemas” que se han dado en la campaña de recolección de este año, entre los que no incluyeron las denuncias e informaciones sobre incumplimientos de contrato, y otras más graves de acoso sexual e incluso violaciones presuntamente sucedidas en fincas de fresa, a pesar de que varias personas están siendo investigadas, algunas de ellas tras haber sido detenidas. A este respecto, las patronales freseras volvieron a emparentar las informaciones relacionadas -y la polémica generada por estas- con una «campaña de desprestigio» contra las producciones agrarias de Huelva, orquestada por «intereses muy concretos de países centroeuropeos”.
Sólo el representante de UPA admitió en la reunión la necesidad de hacer “cierta autocritica” desde el lado empresarial. Las demás organizaciones agrícolas responsabilizaron abiertamente al Gobierno marroquí de los “fallos” que afectan a sus empresarios, “por la selección realizada por Anapec”. En ese sentido tanto UPA como ASAJA, Freshuelva y Fresón de Palos demandaron del nuevo Gobierno español “más garantías” para las futuras contrataciones y “más control” sobre Anapec en próximas campañas. Freshuelva y UPA plantearon, además, que la contratación en origen debería ser “reorientada” a otros países.
Sobre esta petición, fuentes cercanas a la nueva Secretaría de Estado de Migraciones han asegurado a La Mar de Onuba que, aunque «se escuche» la petición de los agricultores onubenses y se contemple con buenos ojos abrir la puerta a contingentes de trabajadores de otros países «si la producción agrícola requiriera aumentar los actuales», reorientar la contratación a terceros países para penalizar al Gobierno marroquí como piden Freshuelva y UPA, supondría una importante reducción de súbditos marroquíes contratados, y ello podría ser mal acogido por el país vecino y afectar a las «siempre complicadas negociaciones» de otros acuerdos de carácter económico entre el reino alauita y otros países de la Unión Europea, «como los de la Pesca».
OTRA VERSIÓN DE LOS HECHOS
Las alarmantes cifras de “abandono del trabajo” e “incumplimiento del compromiso de abandonar el país” planteadas por las organizaciones freseras ante José Alarcón, son puestas en duda por organizaciones no gubernamentales consultadas por La Mar de Onuba, que sostienen que los empresarios “exageran” un falso problema para poder exigir que se endurezcan “aún más” las condiciones para la contratación en origen.
Así, estas ONG aseguran que los empresarios consideran como “abandono del puesto de trabajo” la situación de cientos de trabajadoras que han sido despedidas antes de la fecha prevista en sus contratos, y que se han negado a volver a Marruecos en los viajes organizados por las propias empresas antes de que les venza el visado el próximo 31 de julio. Algunas, con la esperanza de encontrar empleo en otras fincas.
Hay trabajadoras que afirman que cuando fueron seleccionadas por Anapec, la Agencia Nacional de Empleo les dijo que los empresarios españoles garantizaban trabajo continuado hasta el 31 de julio, pero que empezaron a ser despedidas a finales de mayo. La reducción sobre el plazo prometido afecta especialmente a las trabajadoras que fueron contratadas entre los meses de marzo, abril y mayo, ya que habían valorado la oportunidad de dejar sus hogares y sus familias en función del dinero que esperaban ganar por los meses de trabajo firmados en el contrato. En algunos casos, las temporeras han trabajado sólo un mes antes de ser despedidas por “finalización de la campaña” en la finca “asignada”, con lo que no han cubierto el objetivo de haber venido a España. Muchas de estas trabajadoras no quieren volver con sus familias “antes de lo previsto” y “sin la paga prometida”.
La propia patronal admitía este jueves en una nota de prensa que la recolección de este año fue mucho más baja durante el primer trimestre del año debido a las bajas temperaturas del mes de enero y principios de febrero y a las lluvias registradas a finales de febrero y durante el mes de marzo. No fue hasta el mes de abril cuando se registró “un comportamiento similar al de la campaña pasada” y “un volumen de exportación mayor”. En mayo, sin embargo, «las ventas decrecieron notablemente» a partir de la mitad del mes debido a un repunte de las temperaturas máximas, así como a la competencia de otros países productores en los mercados europeos tales como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o Bélgica. Por ello, según cuentan los propios empresarios, entrado el mes de junio, “se dio por finalizada la campaña” y comenzó la devolución de las trabajadoras contratadas en origen a sus países.
En la mayoría de los casos, las empresas no pagan el viaje de regreso a las trabajadoras, ya que el contrato tipo solo establece la obligación de correr con los gastos del viaje de venida desde Marruecos, y los traslados desde el punto de entrada a España y el lugar de alojamiento.
Lo cierto es que, como aseguran las temporeras, hay contratos que obran en poder de esta redacción que fueron suscritos a primeros de marzo y a primeros de abril y con fecha de finalización de 31 de julio. Es decir, con una duración prevista de cuatro o cinco meses, que es el salario calculado por las temporeras cuando decidieron cruzar el estrecho para trabajar en la provincia de Huelva. Sin embargo, muchas de ellas se encontraron que en las fincas a las habían sido asignadas por las organizaciones agrarias “finalizaba la campaña” y no se les daba otra ocupación.
Muchas de esas mujeres, según las ONG, han optado por retrasar su viaje de vuelta a Marruecos, que deben pagarse ellas mismas, y permanecer en España. Como ya se ha apuntado, en algunos casos con la esperanza de encontrar otro empleo antes de que venza su visado y poder ganar el dinero al que aspiraban cuando embarcaron hasta nuestro país. En otros, además, para poder reclamar ante la Inspección de Trabajo o la judicatura la improcedencia o nulidad de sus despidos.
Desde estas ONG se preguntan también si «la patronal española pretende cargar toda la responsabilidad a Anapec» y destacan que los contratos españoles se remiten continuamente al convenio colectivo del sector y que no son nada «aclarativos» para personas que no conocen la lengua y las leyes españolas. «No aclaran para nada la contratación real y el engaño al que han sido sometidas estas mujeres. Claro que se quedan en España. Las más valientes, con la ilusión de cumplir las expectativas que les han prometido».
Algo que a algunas no les va resultar fácil. Según ha podido conocer La Mar de Onuba de fuentes de la administración de justicia, y como contaremos con detalle en un próximo artículo, al menos una de las trabajadoras que ha decidido presentar demanda ha sido citada por el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación en el mes de octubre, fecha en la que su visado habrá expirado y ya no podrá estar legalmente en el país. El Acto de Conciliación es obligatorio antes de poder presentar demanda por vía judicial.
En cualquier caso, como recuerdan las ONG consultadas, la mayoría de las temporeras contratadas en origen son mujeres con cargas familiares e hijos menores de 14 años (así se exige en la oferta de empleo de Anapec), permanecen en el país de forma regular (hasta el 31 de julio), y «su intención no es abandonar a sus familias y sus hogares para convertirse en sin papeles en España».
En la reunión entre el Director General de Migraciones y las organizaciones agrarias participaron también representantes de CCOO y UGT, quienes plantearon la necesidad de presentar la de la fresa como una campaña de trabajo que se aproxima a los nueve meses, por lo que el empleo que genera debería ser “más estable” y permitir a los trabajadores planificar su “carrera laboral”.
De hecho, CCOO llegó a proponer que se utilice el contrato fijo-discontinuo en los campos de frutos rojo, y pidió a los representantes de las organizaciones empresariales que “cambien el chip” y dirijan las ofertas de empleo a los trabajadores/as españoles, a los comunitarios y a los extranjeros regularizados que viven en nuestro país.
Por su parte, UGT lleva meses planteando mejoras salariales y del convenio colectivo para que, dada la mayor duración en el tiempo de las campañas agrícolas de la fresa y frutos rojos, se quieran incorporar más trabajadores autóctonos.
En esta primera toma de contacto del Director General celebrada en la Subdelegación del Gobierno de Huelva, estuvieron presentes también, por parte de la Administración Pública, la Subdirectora Gral. de Inmigración, Laura Minguito el Director General de Coordinación de políticas Migratorias de la Junta de Andalucía, Luis Vargas, la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía , Francisco Romero. Al otro lado de la mesa se encontraban las organizaciones empresariales ASAJA, UPA, Asociación de Citricultores, Freshuelva, Fresón de Palos, y representantes de CCOO y UGT.
Durante la reunión, que duró apenas una hora, no se abordó en detalle la situación de las temporeras marroquíes que han presentado denuncias por incumplimiento de las condiciones de contrato y abusos de diversa índole, incluida la sexual. Tampoco se mencionaron los acuerdos alcanzados por la mayoría de los presentes con la Consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, después de que esta admitiera en el Parlamento Andaluz el pasado 24 de mayo la existencia de un problema serio en los campos onubenses, y diera trasladara información propia a la Fiscalía y al Gobierno central porque, a su juicio, "la importancia de la situación requiere de cooperación institucional”.
Cabe recordar que pocos días después, Aguilar se reunía en Huelva con la patronal fresera, los sindicatos y las ONG, y les arrancó el compromiso de formar con perspectiva de género a sus capataces, contratar mediadores interculturales propuestos por las ONGs, y crear un protocolo específico de apoyo a las mujeres víctimas de acoso sexual. También se acordó facilitar, a partir de ahora, información pormenorizada en los respectivos idiomas para las mujeres temporeras que acuden a la campaña de la fresa, al objeto que conozcan sus derechos y los servicios a los que pueden acudir. Y, además, se elaborará un manual de buenas prácticas para que el trabajo se desarrolle sin incidencias; y se incorporarán mediadores, a propuesta de las entidades sociales que trabajan en el terreno con este colectivo, para que se haga un seguimiento “desde la proximidad” de la situación de las mujeres.
La perspectiva de la Junta y las importantes medidas acordadas con el gobierno regional no fueron tratadas en la reunión del pasado miércoles con el nuevo Director General de Migraciones del Gobierno Central. Lo que si se planteó, por parte de la patronal, es si las trabajadoras que han finalizado este año la campaña “van a ser repetidoras para la campaña del año que viene”.
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