Ocho trabajadoras marroquíes son investigadas por «un delito de Usurpación de Estado Civil«.
Huelva, 9 de marzo de 2020. Dos responsables de la empresa Frescarlota SL de Moguer (Huelva). el propietario y un encargado. fueron detenidos el pasado mes de febrero en Moguer por agentes de la Guardia Civil, tras desvelarse que en una finca de la empresa, dedicada al cultivo de fresas, había trabajadores migrantes en situación irregular. Estos estaban dados de alta con identidades falsas, correspondientes a terceras personas.
La investigación, que, según han confirmado fuentes de la Benemérita a La Mar de Onuba continúa abierta, se inició tras una visita realizada por la Inspección de Trabajo a la finca, en la que se constató que algunos jornaleros, migrantes sin papeles, llevaban varios meses faenando en la empresa sin permiso de trabajo ni contrato.
Tras tener constancia de tales hechos, agentes del Instituto Armado tomaron «declaraciones voluntarias» a los trabajadores afectados, descubriendo que al menos ocho mujeres marroquíes, que residen en una vivienda propiedad de la empresa, habían sido contratadas con documentación perteneciente a terceras personas, cuyo origen investiga la Guardia Civil.
Las ocho mujeres declararon ser conscientes de esta situación, y que la irregularidad era también conocida por Youssef, el encargado de la empresa. Cuatro de ellas sostienen además que el propietario de Frescarlota SL, Julio Soriano, también estaba al tanto del fraude. Ambos fueron detenidos e interrogados, quedando posteriormente en libertad a la espera de lo que decida el Juzgado sobre este caso cuando la investigación esté concluida.
Ambas detenciones han sido reconocidas a esta revista por Julio Soriano, uno de los dos investigados por parte de la empresa.
Por su parte, las ocho marroquinas también han sido imputadas en el caso. Sus tomas de manifestaciones fueron suspendidas al reconocer todas ellas ser conscientes de que sus contratos se habían realizado bajo identidades falsas. Tras asumir su parte de responsabilidad, los agentes de la Benemérita abrieron una «investigación de las denunciantes por un presunto delito de Usurpación de Estado Civil”.
De trabajadoras a okupas
Según ha podido saber esta redacción, las ocho mujeres formaron parte de contingentes de trabajadoras marroquíes contratadas en origen en años anteriores, y decidieron quedarse en España al no haber alcanzado sus expectativas económicas en las campañas para las que obtuvieron el visado temporal, tras cuyo vencimiento pasaron a permanecer en nuestro país como sin papeles.
Todas ellas han declarado cobrar el mismo salario que el resto de trabajadores de la finca y que el trato recibido era “bueno”, aunque algunas denuncian de que “les dicen que coman mientras recogen la fruta”, según consta en los atestados de la Guardia Civil a los que accedido esta revista.
Desde que intervino la Inspección de Trabajo y se produjeron las detenciones, las ocho continúan residiendo en la vivienda que les había facilitado el empresario hace tres meses, aunque se quejan de que en los últimos días este les ha instado al desalojo, llegando a cortar el suministro de luz y agua. Tras la intervención de dos sindicalistas del SAT, les ha sido repuesto.
El propietario de la finca ha asegurado esta revista que los cortes de suministros fueron productos de “averías que ya han sido solucionadas”. Soriano también ha asegurado que necesita disponer de la vivienda para sus trabajadores, por lo que solicitará el desalojo de las ocho mujeres por vía judicial.
El uso de papeles de terceras personas para asumir su identidad y acceder a un contrato de trabajo no es nuevo. Al contrario, es bastante habitual, y una práctica común. Lo saben bien en los asentamientos de trabajadores subsaharianos y magrebíes, en su mayoría, donde no es extraño el "préstamo" de papeles para acceder a un empleo. Otros los consiguen por distintas vías, y hay quien han pagado por documentos de personas las que ni siquiera conocen. Amadou, un joven inmigrante de Malí que forma parte del Colectivo de Trabajadores Africanos tuvo que esperar cinco años para revelar a su jefe su verdadera identidad. Lejos de enfadarse, y a pesar del engaño continuado, el empresario no le despidió. Al contrario, contrató al trabajador con sus papeles ya en regla. Amadou tiene hoy un trabajo estable como conductor para una empresa del sector agrícola y vive en su propia casa.
Otros casos apuntan a organizaciones delictivas y cuestiones de trata. El pasado año, la Guardia Civil ejecutó operaciones en el entorno de la industria agrícola onubense y desmanteló varias tramas en las que fueron implicadas Empresas de Trabajo Temporal y trabajadores de gestorías que hacían pasar a trabajadores moldavos (extracomunitarios) por rumanos o búlgaros. De esta forma, los empresarios accedían de formal legal y sin eludir costes a importantes cuadrillas de trabajadores que eran presuntamente explotados por los imputados, llegando a situaciones de "verdadera esclavitud".
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