Desarrollar medidas para erradicar el fraude en la contratación, invertir para reformar las políticas de empleo, reforzar la inspección de trabajo o acometer un cambio en el modelo productivo.
La temporalidad en el empleo ha sido y sigue siendo uno de los rasgos característicos del mercado laboral español donde las cifras son superiores a los países del entorno europeo (en 2018, una tasa del 26,9% en España; del 14,1% en la UE de los 28) y se mantienen especialmente elevadas en las fases expansivas del ciclo económico (en 2006 llegó hasta el 34%).
La parcialidad, en cambio, es un fenómeno de arraigo más reciente que despega en la segunda mitad de los años 2000 y se ve fuertemente impulsado por la reforma laboral de 2012. Con valores aún lejanos a la media europea (14,5% frente a 19,2% en 2018), su característica distintiva es el carácter involuntario que tiene en España (con una tasa de parcialidad involuntaria del 55,8% frente al 24,8% en la UE28).
La unión de ambas situaciones -temporalidad y parcialidad- hace interesante observar dos índices: el de precariedad extrema y el de estabilidad en el empleo.
Situación crítica en especial para mujeres y personas de origen extranjero
De cada 100 personas ocupadas en el mercado laboral español, sólo 65 tienen un contrato indefinido a jornada completa. El resto, 35 de cada 100, afrontan una situación de precariedad: 20 cuentan con un empleo precario temporal (a jornada completa), 8 con uno parcial (indefinido) y 7 sufren una situación de precariedad laboral extrema, soportando un contrato temporal a jornada parcial.
Unas circunstancias, la temporalidad y la parcialidad involuntarias, que están muy extendidas en el mercado de trabajo español, pero que sufren en mayor medida las personas más discriminadas: mujeres y personas de origen extranjero (extranjeros y con doble nacionalidad).
De cada 100 mujeres, sólo 58 tienen un empleo indefinido y a jornada completa, mientras de cada 100 hombres son 71 los que disfrutan de esta situación. En términos de precariedad, 9 de cada 100 mujeres sufren la precariedad conjunta de temporalidad y parcialidad, mientras una cifra muy inferior de hombres (4 de cada 100) se encuentran en esta situación.
Las diferencias son aún más acusadas al analizar los datos por origen: 6 de cada 100 españoles de origen tienen un empleo precario, mientras que son 11 entre los trabajadores con doble nacionalidad. Por su parte, de los españoles de nacimiento, 67 poseen un empleo estable, mientras sólo 51 extranjeros lo tienen.
Se trata de un fenómeno vinculado a la concentración de actividades productivas de carácter estacional en determinados territorios y con un menor peso de las actividades industriales. Por eso, en las CCAA con menos recursos, más afectadas por las actividades estacionales (agricultura, turismo, ocio, …) y con escasa relevancia de las actividades industriales, hay un mayor predominio de la precariedad en el empleo y menor estabilidad laboral.
Más allá del perfil estacional, la cultura de la precariedad se extiende en actividades del sector público y del privado y en regiones con presencia de ramas de mayor contenido tecnológico (industria, servicios tecnológicos y profesionales…). Un hecho que prueba que la normativa existente sigue facilitando una temporalidad y parcialidad injustificadas.
Medidas para combatir la precariedad y mejorar la calidad en el empleo
En general, los datos muestran una leve mejoría en los resultados de los índices a lo largo del último año; en parte por la implantación del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. A pesar de ello, la situación es crítica, por lo que es necesario un cambio en las políticas de regulación para combatir la precariedad y mejorar la calidad del empleo, tanto en las empresas como en las administraciones públicas.
- La situación de precariedad es generalizada, y sólo podrá revertirse si se deroga la reforma laboral de 2012, como paso previo a una reforma de mayor calado.
- Además, deben ponerse en marcha actuaciones para que la regulación asegure un empleo de calidad en los sectores privado y público; por un lado, eliminando la contratación temporal y parcial fraudulentas y, por otro, impulsando la contratación indefinida y a jornada completa.
- Ello implica seguir reforzando la inspección de trabajo, para combatir la contratación temporal injustificada, el tiempo parcial fraudulento y las horas extraordinarias no pagadas.
- De igual forma, es necesaria una inversión en recursos humanos y materiales para reformar las políticas de empleo desde lo público. Las medidas de políticas activas, de orientación y formación, no sólo deben centrarse en las personas desempleadas, sino que deberán ser accesibles a todas las personas trabajadoras, también y muy especialmente para aquéllas que sufren subempleo y precariedad en el empleo. Ello implica un cambio de enfoque en la implementación de estas políticas de empleo.
- Por último, es imprescindible hacer referencia a las políticas macroeconómicas destinadas al cambio del modelo productivo. Se necesita una inversión pública para modernizar el tejido productivo, para que sectores y regiones puedan combatir el carácter estacional de la producción y empleo del país y ser competitivos y productivos.
El paro se reduce en 16.681 personas (-2,10%) y se sitúa en 777.934 desempleados. Baja, con respecto a hace un año en 10.833 trabajadores (-1,37%), levemente superior al descenso registrado en el conjunto del Estado (-1,21%). Cerramos 2019 sin avances destacables en un mercado laboral que sigue caracterizado por la precariedad y la ausencia de empleo de calidad.
Andalucía finaliza el año a la cabeza del paro estatal: el 24,59% de los parados del Estado son andaluces, porcentaje que se reduce mínimamente con respecto al del mes anterior (24,85%). El Gobierno de la Junta parece no terminar de “arrancar” en lo que a combatir el desempleo se refiere.
El 8,33% de los desempleados son menores de 25 años, proporción que se mantiene reduce medio punto con respecto a la del mes pasado (8,80%). La precariedad que domina el mercado laboral andaluz azota, más fuertemente, a los colectivos con más dificultades de acceso a un empleo digno y, entre ellos, muy especialmente a nuestros trabajadores más jóvenes.
Las trabajadoras andaluzas en paro reducen, también en medio punto, su peso relativo (58,89%), entre el conjunto de desempleados respecto al mes anterior (59,42%). 2019 tendría que haber sido el año del fin de las desigualdades laborales entre hombres y mujeres, nada más lejos de la realidad.
El paro entre los trabajadores extranjeros se ha vuelto a reducir de manera significativa (-2,95%). Por el contrario, el aumento interanual ha sido del 2,36%, muy superior al del Estado (1,15%).
El sector servicios continúa recogiendo a casi el 67% de nuestros parados (66,58%). Durante este mes, el paro se ha visto incrementado en la industria y la construcción y reducido en los servicios y la agricultura. Por provincias, el desempleo ha bajado en todas ellas, especialmente en Jaén (-13,49%).
En diciembre se realizaron 80.811 contratos más que en el mes anterior, lo que supone un importante incremento del 19,74%. Desgraciadamente, la contratación temporal sigue acaparando casi la totalidad de los contratos registrados: el 96,63% de los contratos fueron temporales.
28 de cada 100 desempleados andaluces han agotado sus prestaciones. Estamos en una semana clave para la política española. El debate de investidura que ahora mismo se está produciendo debe terminar con la configuración de un Gobierno de progreso con la suficiente fortaleza como para acometer la necesaria reforma del Sistema Público de Prestaciones por Desempleo.
Por último, el último de los meses del año ha servido para que se incremente, en un 1,21%, la afiliación a la Seguridad Social. La tasa interanual (2,10%) se mantiene por encima de la estatal (2,02%), aunque en ambos casos se han visto reducidas, incluso la andaluza en mayor medida.
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