Convocan una manifestación en Lepe, el viernes 15 de noviembre a las 18.00 horas, en protesta por el desalojo sin alternativa habitacional de trabajadores sin hogar y sin papeles .
El colectivo también reclama la regularización de su situación laboral y mayor diligencia de la Oficina de Extranjería para tramitar sus expedientes de arraigo y permisos de trabajo.
El CTA pretende concienciar a la opinión pública sobre la incomprensible situación de «miles de trabajadores eventuales del campo onubense sin hogar».
La patronal fresera mira hacia otro lado y considera que el chabolismo de sus trabajadores es un «problema social» que sólo concierne a las Administraciones Públicas.
Pedimos trabajadores, pero vinieron personas (Max Frisch)¹
Última hora: domingo 10 de noviembre, desalojo del Ciudad de Lepe
Huelva, 11 de noviembre de 2011. Veintisiete trabajadores de origen africano (de Senegal, Mali, Costa de Marfil, Marruecos…) han permanecido hasta la jornada electoral del 10 de noviembre en el interior del campo de Fútbol Ciudad de Lepe, como acto de protesta por la carencia de alojamientos dignos e igualdad de derechos para cientos (miles durante la temporada de recolecta de frutos rojos que comenzará en pocas semanas) de jornaleros y jornaleras del sector agrícola onubense. Este 10N fueron desalojados por el Ayuntamiento de la localidad costera onubense.
De este encierro abortado ha surgido un movimiento reivindicativo que, con toda probabilidad, no va a pasar desapercibido. El Colectivo de Trabajadores Africanos (CTA), cuyas primeras asambleas ya han tenido lugar, y que perfila estos días una agenda de actividades y acciones de concienciación y protesta.
Los veintisiete del encierro del Ciudad de Lepe entraron en el recinto deportivo acogidos por el Ayuntamiento junto a otras casi 200 personas el pasado 14 de octubre, cuando el fuego devoró las chabolas del «asentamiento del cementerio», construidas con palés de madera, cartones y plásticos que -por lo general- facilitan los propios empresarios que les contratan como jornaleros. Durante casi dos décadas, las explotaciones agrícolas no han dejado de crecer, tampoco la demanda de mano de obra que reclaman sus propietarios. Sin embargo, y a pesar de ser un hecho constatado, público y -muy- notorio que esa necesidad de trabajadores sólo se cubre con mano de obra migrante, la provincia de Huelva no ha habilitado espacios dignos para que miles de personas duerman bajo un techo digno. Los asentamientos (en torno a una decena sólo en Lepe) se diseminan cerca de municipios agrícolas como Moguer, Lucena, Bonares o Almonte, y en primavera son auténticas ciudades dormitorio que disparan el censo real de aquellos pueblos.
El de Lepe, arrasado por el fuego y conocido como la urba, permaneció levantado casi dos décadas, y sólo la decisión de la propiedad del terreno ha impedido su reconstrucción después haber ardido total o parcialmente. El del 14 de octubre fue el incendio número 28 en nueve años; a más de tres por año. Fue también el último. El vallado del terreno, ejecutado con rapidez y precisión a la mañana siguiente, ha impedido volver a levantar las chabolas.
Nace el CTA para reclamar el fin del chabolismo
No es, en cualquier caso, la intención de los trabajadores que se están organizando en torno al CTA, ni la de las aociaciones y colectivos ciudadanos que apoyan o difunden su su lucha. Consideran que ha llegado el momento de decir «no a las chabolas» y exigir un alojamiento digno durante los meses que permanecen en Huelva trabajando en los campos de fresas.
Tras el desalojo del Ciudad de Lepe ordenado el pasado domingo por el Ayuntamiento de Lepe, el CTA ha convocado su primera gran manifestación en Lepe para el próximo, 15 de noviembre a las 18.00 horas. Según consta en la notificación registrada este lunes en a Subdelegación del Gobierno de Huelva, la manifestación protestará por el «desalojo forzoso de personas del estadio de San Roque de Lepe el pasado 10 de noviembre». También se reclamará «respeto por los derechos de los trabajadores migrantes». Esperan reunir a unas 500 personas para esta «puesta de largo» del Colectivo.
Derecho a un alojamiento digno y seguro que garantice los mínimos parámetros de confortabilidad para su estancia, descanso y cobijo durante los meses de campaña agrícola. No lo quieren gratis, sólo piden un precio que sea justo y acorde al lugar y al salario que perciben en los campos de frutos rojos.
También piden que la Administración Española deje de mirar hacia otro lado sobre su realidad y facilite su regularización en España. Muchos de ellos llevan años viviendo en nuestro país y trashuman de una provincia agrícola a otra. Muy pronto algunos, no pocos, partirán a Jaén, donde la recolecta de la aceituna se paga bien y no es difícil encontrar alojamiento en las localidades o en las propias explotaciones agrícolas. Sin embargo, el Estado español sigue sin reconocer su situación como trabajadores, y los mantiene en el limbo administrativo que media entre sin papeles y arraigo. En esa situación, algunos empresarios aprovechan para pagarles por debajo del salario de convenio (que apenas alcanza el Salario Mínimo Interprofesional), o les descuentan parte del jornal por los desplazamientos en autobuses que ellos mismos fletan para llevar puntualmente y traer cada día a los trabajadores de los asentamientos a los campos, y de los campos a los asentamientos. Piensan que si sus papeles estuvieran en regla, los empresarios no cometerían esos abusos, o al menos, ellos estarían legitimados para reclamar ante la Justicia como cualquier otro ciudadano.
Uno de los chicos del CTA lleva meses esperando que la Oficina de Extranjería le dé una cita para acreditar que, por fin, cumple las exigencias de la Ley para obtener documentación y permiso de trabajo. Un empresario de Lepe se ha comprometido a hacerle un contrato por un año, el último requisito que necesitaba. Pero si la Oficina no tramita su expediente pronto, la oferta decaerá y el empresario se verá obligado a cubrir el puesto vacante con otra persona. Con toda probabilidad seguirá contando con sus servicios, pero será una relación laboral al margen de la legalidad y sin derecho a cotización. Y con riesgo de multa para el pequeño agricultor que le ofrece jornal y salario. «No todos los empresarios son malos, los que quieren ayudar también se ven atrapados», dice.
«Una cuestión de voluntad»
Los trabajadores sin hogar de Huelva se saben necesarios para el sector agrícola onubense. Conforman una mano de obra sin cuya presencia en Huelva la industria de berries no podría sobrevivir. Hace unos días, el presidente de los empresarios onubenses, José Luis García Palacios, se quejaba de que la falta de interés de los jornaleros españoles en su oferta de empleo podría poner en peligro la cosecha, lo que les obliga a contratar a decenas de miles de trabajadores extranjeros. Principalmente, procedentes de Rumanía, Polonia y Bulgaria, países de la UE que aún no han adoptado el euro como moneda. 19.000 serán mujeres contratadas en origen e importadas temporalmente de Marruecos. Si los trabajadores obligados a vivir en chabolas decidieran irse, o si el Estado decidiera intervenir sobre su situación (es decir, detenerles e internarles en CIES hasta que un juez decida sobre su estancia o extradición) podría generarse un caos administrativo, social, y sobre todo, económico de dimensiones imprevisibles.
También saben que encontrar una solución digna a su situación sólo es cuestión de voluntad de todas las partes implicadas. Se sonríen cada vez que se les mencionan las reuniones, mesas y planes con los que los representantes políticos dicen buscar una solución permanente para ellos. Las han visto y escuchado cada vez que han ardido sus chabolas (la extinta urba, 28 veces en los últimos nueve años), y su trágica pérdida de infraviviendas y enseres personales se hace un hueco en los telediarios nacionales. Pero nunca, en los últimos veinte años, y mientras los asentamientos crecían y se multiplicaban, han visto una propuesta real, consensuada y definitiva.Por ejemplo, tienen conocimiento de que hay un empresario interesado en levantar alojamientos modulares con capacidad de albergar a unas mil personas en unos terrenos muy cercanos a Lepe. Su propuesta es hacer negocio cobrando una cantidad asequible a los jornaleros. Al CTA la idea la propuesta le parece una solución ágil y eficaz, si todas las partes ponen de su parte. Cesión de terrenos, permisos de obra, saneamientos, licencias municipales… El Ayuntamiento de Lepe ha confirmado a esta revista la existencia de esta propuesta de un inversor privado, pero la rebaja a una «mera idea sin forma» aún, que será estudiada cuando el promotor la concrete «con más detalle».
Otros empresarios que llenan sus cajas de fresa con mano de obra que vive en los asentamientos de infraviviendas, miran hacia otro lado. Rechazan tener alguna responsabilidad en el grave problema del chabolismo laboral de Huelva, o en la marginalidad en la que malviven sus propios trabajadores. Su respuesta, a través de la interprofesional Interfresa es esta: «No tenemos nada que decir al respecto. Remitimos a las administraciones con competencias en materia social que son las que tienen que tomar medidas acerca de la situación de estas personas». Sic transit gloria mundi. Huelva, siglo XXI de la era cristiana.
¹La frase “Pedimos mano de obra y llegaron personas”– fue pronunciada en 1965 por el escritor suizo Max Frisch, refiriéndose a quienes emigraron a Suiza en aquella década, procedentes en buena medida desde España, Italia y Portugal. e incide en la distancia que hay de la consideración impersonal del trabajador a la rica textura de las vidas reales de los inmigrantes como personas.
La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha mantenido este jueves en Huelva una nueva reunión con los responsables de la Asociación interprofesional de la fresa y los frutos rojos de Andalucía, Interfresa, con la finalidad de "seguir colaborando y trazando líneas de colaboración para reducir al mínimo los escenarios donde se puedan producir cualquier tipo de situación de acoso hacia la mujer".
En el encuentro han estado presentes la delegada de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, el presidente de Interfresa y de Asaja en Huelva, José Luis García-Palacios, y el director gerente de Interfresa, Pedro Marín.
La responsable de las políticas de Igualdad en Andalucía ha destacado, a preguntas de los periodistas, que esta organización agroalimentaria "cuenta con un plan de igualdad, con todos los agentes implicados y nosotros queremos seguir avanzando en propuestas y estrategias de colaboración".
"Estamos ultimando todas estas medidas y ver cómo se pueden articular, pero la idea es que desde la Consejería podamos respaldar ese plan, con todos los materiales con que contamos y vamos a participar también en la mesa de seguimiento que está constituida para analizar la aplicación del plan", ha dicho.
Asimismo, Ruiz ha adelantado que el Instituto Andaluz de la Mujer también jugará un papel relevante en todo lo que tiene que ver con medidas relacionadas con la llegada de trabajadoras extranjeras inmigrantes, de manera que conozcan todos los recursos con que cuenta durante su estancia en Andalucía. "El IAM es el centro de referencia para las mujeres andaluzas y tiene que ser también la referencia para estas mujeres", ha señalado.
"Desde la Consejería, además, queremos colaborar de manera transversal para a través de la ejecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que son una prioridad para nosotros y que estamos desarrollando a través de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID)", ha destacado.
En este sentido, ha explicado que "la integración de la agenda 2030 está establecida a través del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (Pacode), que hemos aprobado por unanimidad y que supone un salto cualitativo hacia una manera de trabajar que integra los ODS como parte de la política prevista en el ámbito de la cooperación internacional y como ariete y ejemplo para la planificación en otros ámbitos de las políticas andaluzas".
Asimismo, la consejera ha indicado que se hará un seguimiento y evaluación del desarrollo de este convenio y se ha mostrado convencida de que puede ser extrapolable a otros sectores en aras a avanzar en materia de igualdad en la sociedad.
PLAN DE RESPONSABILIDAD
El Plan de Responsabilidad Ética Laboral y Social de Interfresa en la provincia de Huelva es una estrategia que tiene como prioridad reducir al mínimo los escenarios donde se puedan producir cualquier situación de acoso, sea de la índole que sea, aplicando medidas preventivas en todos los niveles productivos de los frutos rojos.
Por su parte, el presidente de Interfresa y de Asaja en Huelva, José Luis García-Palacios, ha mostrado su satisfacción por esta colaboración con la administración, resaltando que se da formación a los encargados de fincas o manijeros y a las trabajadoras contratadas en origen al objeto de favorecer la igualdad y el conocimiento y relaciones entre ambas partes y ha indicado que la idea es ir avanzando y que después la formación llegue a todos los que forman parte del sector. De hecho, el equipo de consultores de integración de Interfresa hizo el año pasado más de 6.300 visitas a explotaciones, por lo que el seguimiento es "amplio y permanente".
Dicho plan se sustenta en tres pilares fundamentales: por un lado en la solicitud de no tenencia de antecedentes penales para la promoción interna de trabajadores a cargos intermedios, como puestos de manijeros o encargados de finca. Otro en la realización de cursos de formación para los puestos intermedios sobre desarrollo de habilidades gerenciales (tutela de equipos, solución de conflictos) y normativa legal aplicable a su puesto de trabajo. Los cursos son módulos de 10 horas cada uno (20 horas). Actualmente se han realizado unos 15 cursos con una volumen total de 375 personas entre manijeros y encargados de finca. El volumen total de cursos rondará los 23, cerrando así un montante de 575 personas formadas por el plan.
Y el tercer punto clave es la inclusión de la la figura de los consultores de integración que se encargarán del asesoramiento tanto a la empresa como a los trabajadores sobre todas aquellas materias relativas al ámbito laboral y de respeto social y ético entre los integrantes de la misma así como la mediación de posibles conflictos sobre escenarios anteriormente citados.
Esta consultoría estará compuesta por 10 personas en su plenitud de origen marroquí con amplios conocimientos sobre ambas culturas, experiencia en mediación, bilingües en castellano-árabe seleccionados entre más de 180 candidatos, la mayoría provenientes de organizaciones sin ánimo de lucro como Cruz Roja, entre otras.
Desde Interfresa han señalado a la consejera que dicho plan ha sido iniciativa de Interfresa y de las asociaciones que la componen como son Asaja Huelva, FresHuelva y Cooperativas agroalimentarias a petición de más de 50 comercializadoras (85% del total productivo de la provincia) del sector con las que, aseguran, se han mantenido multitud de reuniones y foros de trabajo. Actualmente, Interfresa cuenta con la adhesión del 78% de las empresas de berries sumando un total de 11.000 personas marroquíes con contrato en origen (65% del total del contingente y un 80% aproximado del mismo para berries).
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