Los abogados han solicitado medidas para la protección de la identidad de las trabajadoras marroquíes durante la transmisión, que quedará registrada en vídeo.
La denunciantes refieren haber sido víctimas de acoso y agresión sexual por parte de uno de los propietarios de la finca almonteña.
Por primera vez desde que el 1 de junio del pasado año las trabajadoras marroquíes conocidas como Temporeras la Esclavitud presentaran denuncia en un puesto de la Guardia Civil contra Antonio Mato (uno de los propietarios de la empresa de frutos rojos Doñana 1998 de Almonte (Huelva), al que acusan de haberlas acosado sexualmente, llegando a forzar violentamente a una de ellas), serán escuchadas en una sala judicial.
Será, si nada lo impide, este viernes, a través de una videoconferencia que conectará los juzgados de La Palma del Condado y Albacete, donde las temporeras residen y trabajan con un permiso especial otorgado por el Estado español hasta que se resuelvan las diferentes causas judiciales abiertas en el caso Doñana 1998.
Los abogados han solicitado del juez Serrano medidas para proteger la identidad de las declarantes, dada la gravedad del relato que quieren contar a Su Señoría, y las repercusiones sociales y familiares que este tipo de asuntos tienen en su país de origen, con una fuerte cultura patriarcal y de sometimiento de las mujeres, a las que se suele cargar la responsabilidad cuando son víctimas de agresiones sexuales.
A este respecto, los abogados que representan a las temporeras recuerdan que consta en autos un vídeo (que se reproduce en esta página) en el que se ve y escucha a uno de los hermanos Mato amenazarlas con enviar presuntos vídeos comprometidos -y grabados por la empresa- a sus familiares en Marruecos. En la medida que la declaración por videoconferencia quedará grabada y las partes podrán acceder a una copia de las mismas, los letrados consideran esencial que el juez apruebe y disponga las medias de protección solicitadas. A la hora de editar esta información, no constaba que que el juez Serrano hubiera contestado positivamente a la petición.
Serrano, titular del Juzgado número 3 de La Palma del Condado, ha ordenado que se practique este viernes la toma declaración e interrogatorio por parte del Ministerio Fiscal y los letrados de ambas partes, después de que la Audiencia Provincial de Huelva tumbara el archivo («sobreseimiento provisional») de la causa, tras valorar una petición de la defensa del denunciado, y sin haber tomado testimonio a las denunciantes.
Hoy, las cuatro temporeras contra la esclavitud solicitan poder contar sin temor su relato, que ha sido cuestionado por la defensa de Antonio Mato, quien sostiene que las trabajadoras mienten y han inventado sus historias con el objetivo de obtener «permiso de residencia en España y dinero ofrecido por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT)». Mato se apoya en un escrito firmado por 131 trabajadoras de la empresa, y varios testimonios de trabajadores de confianza de la empresa.
[Àctualización 11:00]: Según han confirmado a La Mar de Onuba fuentes de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (Ausaj), cuyos letrados asisten de forma desinteresada a la temporeras contra la esclavitud, el juez Serrano denegó ayer jueves las medidas de protección solicitadas. El magistrado ha basado su decisión en que, según consta en la denuncia registrada en 1 de junio de 2018 ante la Guardia Civil de Almonte, los hechos denunciados sólo revisten la calificación de «insinuaciones sexuales». Dicha calificación fue consignada, en contra del criterio de la letrada Belén Luján.
Luján denunció hace un año, y así consta en diferentes documentos aportados en el Juzgado, que el agente se negó a describir como agresión sexual, por ejemplo, que Antonio Mato forzara a una de las denunciantes y le introdujera, en contra de su voluntad, dos dedos en la vagina, como el propio agente recoge en su atestado. En un recurso presentado hace unas semanas en los Juzgados de La Palma, los abogados de Ausaj han solicitado que el citado agente de la Guardia Civil sea imputado, y pase a tener consideración de «investigado» en el caso.
La declaración vía conferencia que hoy tendrá lugar entre La Palma del Condado y Albacete no es la primera que se convoca desde el Juzgado onubense. Con anterioridad, la jueza Virginia Sesma, que instruye la causa del caso Doñana 1998 por presuntos delitos contra los Derechos de los Trabajadores, también intentó tomar testimonio a las temporeras contra la esclavitud antes de decretar, como su compañero Serrano, el sobreseimiento provisional de las diligencias contra los hermanos Mato.
Sin embargo, según ha podido saber La Mar de Onuba la declaración tuvo que ser interrumpida por "fallos en el equipo técnico de videoconferencia de La Palma del Condado", justo cuando la abogada de las denunciantes iba a comenzar su turno de preguntas. La jueza Sesma decidió suspender el testimonio, y poco días después emitió su auto ordenando el archivo de la causa, que -también- ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial.
Aquel día, sucedió, además algo insólito, en palabras de la agente judicial de Albacete que estuvo presente durante la declaración, con la que ha contactado la redacción de esta revista. Según cuentan tanto la abogada Belén Luján, que representa a las temporeras contra la esclavitud, como la funcionaria del juzgado albaceteño, la jueza interrumpió la declaración para preguntar "si estaba siendo grabada".
La jueza se había mostrado alarmada al observar en su pantalla un dispositivo similar a un micrófono, que resultó ser, precisamente el micrófono que permitía a la magistrada escuchar la declaración de la denunciante. "Es la primera vez que me ocurre algo así", aseguró a esta redacción la agente judicial.
Pocos días después, la jueza sobreseía la causa, y en su auto recogía como testimonio de la trabajadora marroquí, por ejemplo, que esta se quejaba de que la empresa no había cumplido las condiciones de alojamiento, ya que se le había asegurado en Marruecos que dispondría de "habitación individual con baño propio". Según los vídeos y fotografías aportados por las propias denunciantes, habían sido alojadas en contenedores sin baño y con literas habilitadas para seis personas.
La abogada Luján asegura que su cliente nunca pronunció esas palabras, y solicitó al juzgado de La Palma una copia de la grabación realizada para poder verificar su contenido. Pocos días después, a través de un escrito de la propia jueza, se supo que el audio del archivo informático había resultado dañado en su totalidad, y sólo había quedado registrada la imagen.
Varapalo en la jurisdicción laboral
De las diferentes acusas abiertas en torno al Caso Doñana 1998, se han celebrado tres juicios individuales sobre reclamaciones de carácter laboral en los juzgados de los social de Huelva. Como informó La Mar de Onuba en exclusiva, la magistrada rechazó las pretensiones de las tres trabajadoras marroquíes, a las que restó cualquier atisbo de credibilidad. Aquel día ninguna de ellas llegó a prestar declaración, ya que tanto la defensa de la empresa almonteña como el Ministerio Fiscal renunciaron a interrogarlas.
Los siguientes juicios individuales han sido convocados para el próximo lunes, día 7, en el juzgado de lo Social de Huelva capital. Según un informe psicológico al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, la sentencia desfavorable de los primeros juicios laborales sin haber podido declarar, ha supuesto un fuerte impacto emocional para las temporeras. Una de ellas, que asegura haber sido víctima de agresión sexual, tuvo que ser atendida en los servicios médicos de urgencia el pasado día 8, al sufrir un ataque de ansiedad que tuvo que ser tratado. La psicóloga que les está prestando asistencia desde hace más de un año, ha desaconsejado «por Completo», las mujeres acudan de nuevo a Huelva, por lo que se ha que los juicios puedan celebrarse mediante videoconferencia y con medidas de protección contempladas en el ordenamiento jurídico.
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