Miguel Arias aduce que «la Administración Pública marroquí no figura como denunciada en el procedimiento».
Lunes, 2 de diciembre de 2019. Imagine que es usted un inversionista agrícola español y compra, a través de mediadores “avalados” por nuestro propio Gobierno, un terreno de regadío en el extranjero (digamos, a modo de ejemplo, Marruecos) cuya oferta, a su vez, es también avalada por el Gobierno del vendedor. Sin embargo, cuando viaja a tomar posesión de su nueva propiedad, descubre que su terreno no sólo no es de regadío, sino que está situado en pleno desierto y además ocupa la mitad de las hectáreas por las que pagó. Sin lugar a dudas, además de su lógico enfado, acudiría usted a los tribunales del “país vendedor” con intención de recuperar su inversión y pedir un “castigo” para el estafador.
Imagine que, como medio de prueba, solicita usted al Juez marroquí que libre oficio al Gobierno español para que acredite, que efectivamente, había avalado la oferta, motivo por el que no dudó usted en gastar su dinero en el falso terreno de regadío. Pero el juez marroquí decide que “no procede”, por lo que usted no puede demostrar el amparo institucional de la estafa de la que ha sido víctima. Usted acaba perdiendo el juicio; también su dinero. Habrá sumado a los activos de su empresa un terreno carente de valor, por el que ha pagado un dineral que, previsiblemente, nunca recuperará.
En el caso de las Temporeras contra la esclavitud, y en lo que fuentes jurídicas consultadas por La Mar de Onuba califican como una “lamentable aberración ajustada a Derecho”, las diez mujeres marroquíes que permanecen España de (las 101 que originalmente plantearon sus demandas), han decidido desistir de sus reclamaciones laborales y salariales porque -reiteradamente- jueces y Fiscalía han rechazado los medios de prueba que proponen para defender sus planteamientos jurídicos. [También las medidas de protección de su identidad a las que tienen derecho al haber sido reconocida por el Estado español su condición de presuntas víctimas de un Delito de Trata de Seres Humanos].
Sostienen las trabajadoras que las condiciones de la Oferta de Trabajo publicitada por el propio Reino de Marruecos, a través de su Agencia Nacional de Empleo (Anapec), y a las que realmente fueron sometidas una vez en España, en nada se parecen. De ser cierto lo que denuncian, estaríamos antes infracciones graves de leyes, normativas, tratados y convenios internacionales que no se estarían respetando.
Pero para probarlo, qué duda cabe, hay que partir desde el origen de la contratación en origen, valga la redundancia. Es decir, a la Oferta de Empleo que animó a las Temporeras contra la esclavitud a sumarse a los contingentes de miles de mujeres, madres de familia (requisitos -ser mujer y madre de hijos menores de 14 años- indispensables para optar a un contrato de jornalera en Huelva) que cada temporada recolectan fresas y otros frutos rojos por un sueldo que apenas alcanza el Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, los juzgados onubenses, con el apoyo del Fiscal de Extranjería de la Audiencia Provincial, Miguel Arias, se niegan a pedir que el Gobierno de Marruecos “oficie a ANAPEC (Agencia Nacional para la Promoción de Empleo y la Competencia de Marruecos) a través del Ministerio de Asuntos Exteriores u organismo que corresponda, a fin de que certifique cuál fue la oferta de trabajo o cartel anunciante de la misma para el Contingente de 2019, así como se aporte la presentación de la oferta que se haga a las trabajadoras, incluido vídeos, allí en Marruecos”. Para el fiscal Arias, no procede, “ya que la Administración Pública marroquí no figura como denunciada” (sic).
A día de hoy, las tres primeras sentencias dictadas en los Juzgados de lo Social de los de Huelva, han fallado a favor de los empresarios, al considerar que “nada de lo que se narra en demanda alcanza visos mínimos de verosimilitud”. Tras estas sentencias, las Temporeras contra la esclavitud, como informó en exclusiva La Mar de Onuba el pasado viernes, han desistido de reclamar sus derechos.
Jesús Díaz Formoso, presidente de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia (AUSAJ), que asiste pro bono a las denunciantes, ha destacado que hay hechos que las sentencias consideran probados y que son «más que indiciarios» para valorar la veracidad de algunas de sus reclamaciones. Por ejemplo, las trabajadoras afirman que no se les entregó una copia del contrato firmado en Marruecos. A lo largo de este proceso, se ha venido reclamando a la empresa que aporte los contratos firmados por las denunciantes. Las sentencias recogen como Hecho Probado que la empresa no ha aportado dichos contratos porque «cometieron el error de no quedarse con un justificante».
La magistrada, en los Fundamentos de Derechos punto SÉPTIMO, dice textualmente: «Aun cuando no consta suscrito el documento aportado por la mercantil como tal contrato de trabajo», dos testigos de la empresa «adveraron que las actoras ostentaban la condición de contratadas temporales y conocían el carácter temporal de su contratación puesto que no solo venían de su país de procedencia conociendo tal circunstancia sino que incluso habían sido informadas por ellos, siendo la encargada-manijera, quien le facilita tal conocimiento desde la llegada a la finca y al inicio de la prestación de servicios así como sobre sus cometidos en la campaña de la fresa, temporada de 2018 para la cual habían sido contratadas». La magistrada concluye que «de esta forma, se cumplía con las exigencias para la validez de la contratación».
Las diez mujeres denuncian que «se les ofreció trabajo continuado por tiempo de tres meses, jornada de seis horas, con salario de algo más de cuarenta euros por día, con alojamiento en vivienda a cargo de la empresa y el traslado a España incluido», es decir, las condiciones que constan en la oferta publicada en Marruecos y que jueces y Fiscales rechazan como medio de prueba. También que no han recibido copia del contrato de trabajo firmaron en Marruecos –que no se encontraba redactado en árabe-, ni se les lee, entregándoseles solamente un breve resumen en su idioma; cuando llegan a España, tampoco se le presenta a firma contrato alguno con la empresa española demandada, a la que viene asignada de antemano». En los Hechos Probados en los que la jueza Liñán basa sus fallos (apoyados en los informes de la Inspectora Galindo), queda de manifiesto que, como denuncian las Temporeras contra la esclavitud, la empresa no puede demostrar haberles entregado copias de los contratos.
Es más, en el propio acto de juicio, el abogado de la patronal Freshuelva y la interprofesional Interfresa, Juan Ángel Rivera, aportó unas copias que carecían de la firma de las denunciantes. Así pues, no aparecen los contratos que las trabajadoras firmaron en Marruecos y de los que la empresa admite no tener copia. El presidente de Ausaj resalta a este respecto que la normativa que regula las contrataciones en origen, no exime a empresas ni trabajadores de la obligación de estar en posesión de sus respectivas copias del contrato, necesarios, además, para obtener los visados temporales. Díaz Formoso hace especial hincapié, además, en el artículo 3 de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, que regula la gestión colectiva de contrataciones en origen; también las de 2018. Dicho artículo, titulado Garantías para los trabajadores, establece que los empleadores deberán garantizar «el contrato de trabajo que se suscriba deberá contener las mismas condiciones contenidas en la oferta de empleo de la que la autorización de residencia y trabajo trae causa», en este caso las publicitadas por el propio gobierno marroquí a través de su agencia estatal Anapec.
Pero los jueces y la Fiscalía no consideran oportuno que se aporte ese documento. Así las cosas, las Temporeras contra la esclavitud ya no esperan Justicia del Estado español. Al menos, por la vía laboral.
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