Mujeres marroquíes señalan a “Antonio, el jefe” de una finca de Almonte, como su agresor.
La Guardia Civil no ha confirmado aún la información desvelada por el diputado Diego Cañamero y no consta que se hayan producido detenciones.
El diputado de Unidos Podemos defiende la honorabilidad de la mayoría de los agricultores onubenses, pero lamenta el alto número de abusos constatados.
Lunes, 4 de junio de 2018. Una tormenta que no cesa. Después de que La Mar de Onuba se hiciera eco del reportaje publicado en Correctiv y BuzzFeed News por las periodistas Pascale Mueller y Stefania Prandi, el foco informativo sigue centrado sobre los campos de fresas onubenses, y va a más.
En una concurrida rueda de prensa celebrada este lunes ante la Inspección de Trabajo de Huelva, el diputado de Unidos Podemos Diego Cañamero, el portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, Óscar Reina, acompañados por otras parlamentarias y un grupo de mujeres marroquíes que han contado sus historias ante las cámaras, se han conocido nuevos casos de explotación laboral y abusos sexuales cometidos contra estas trabajadoras.
Ayer mismo, nueve de ellas presentaron una denuncia ante el Cuartel de la Guardia Civil de Almonte contra ‘Antonio’ de la finca Doñana 1998, al que sus víctimas se refieren como “el Jefe”. Cuatro de las mujeres le acusan de haber cometido abusos de índole sexual contra ellas. A la hora de publicar esta información la Guardia Civil espera instrucciones de sus superiores para confirmar la denuncia, y no consta que se haya producido la detención del señalado por las temporeras.
Según estas, el tal Antonio les acosaba para obtener favores sexuales, ofreciéndoles dinero e incluso la oportunidad de poder ducharse en sus aposentos, que dispone de condiciones manifiestamente mejorables que las que soportan las trabajadoras de la finca.
Estas han relatado ante los medios condiciones de trabajo indignas, en las que se les llega a cobrar una cantidad diaria en concepto de consumo eléctrico. Hacinamiento, cocinas en condiciones pésimas, retenciones de jornales, pago por caja en vez de jornales, castigos…
En resumen, un nuevo relato de mujeres marroquíes contratadas en origen con el aval de los convenios suscritos entre los gobiernos de España y Marruecos que, como han expresado algunas de ellas, vuelven a su país envueltas en halo de “vergüenza” por una experiencia que ni siquiera se ven capaces de contar cuando lleguen a sus casas.
Diego Cañamero ha defendido la honorabilidad de los agricultores onubenses, a los que ha descrito como “personas honradas” en su inmensa mayoría. Pero ha pedido una mayor implicación de las administraciones públicas, la Guardia Civil y, sobre todo, la Inspección de Trabajo, para que los que se han venido defendiendo “como casos aislados” dejen de producirse. El diputado de Unidos Podemos ha sugerido, por ejemplo, que las empresas en las que se detecten casos de explotación y abuso, del tipo que sea, sexual o no, no puedan acceder a subvenciones europeas para la agricultura, y que las sanciones y penas a los abusadores tengan carácter ejemplarizante, y no se queden en meras sanciones.
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