Miércoles, 4 de junio de 2025. La Plataforma Salvemos Doñana ha expresado este martes su rechazo frontal al proyecto aprobado por la Junta de Andalucía que permitirá verter aguas contaminadas procedentes de la mina de Aznalcóllar al río Guadalquivir, a la altura del Estadio de La Cartuja en Sevilla. La organización ecologista alerta de que esta iniciativa pone en peligro la sostenibilidad ambiental del estuario del Guadalquivir y agrava los riesgos para la integridad ecológica de Doñana, sus ríos y sus acuíferos.
El vertido proyectado incluye, en una primera fase, varios hectómetros cúbicos de agua contaminada actualmente almacenados en la corta de la antigua mina, y posteriormente, durante al menos 17 años, un flujo continuo de residuos líquidos resultantes de la reapertura de la explotación minera de Los Frailes. Estas aguas serán trasladadas mediante una conducción de más de 30 kilómetros hasta su evacuación final en el cauce del Guadalquivir.
Salvemos Doñana denuncia que esta balsa minera, que ya fue epicentro del desastre ecológico de 1998, sigue funcionando como depósito de materiales altamente contaminantes: escombreras, fangos de depuradora, lodos industriales y residuos tóxicos, entre ellos los almacenados tras la catástrofe del vertido al Guadiamar, siguen acumulándose en la corta sin una solución definitiva que garantice su neutralización.
Un riesgo conocido y evitable
La organización recuerda que la rotura de la presa de Aznalcóllar liberó hace 27 años más de 6,7 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que arrasaron 4.600 hectáreas hasta las puertas del Parque Nacional. A pesar de la magnitud del desastre, cuyas consecuencias aún persisten en el Corredor Verde del Guadiamar —donde sigue prohibida toda actividad agrícola y ganadera—, la empresa responsable nunca afrontó los costes de la reparación ambiental, estimados en 90 millones de euros.
Pese a ello, denuncia la Plataforma, las autoridades ambientales no solo han permitido que continúe el uso de la corta como vertedero, sino que han autorizado un nuevo ciclo de vertidos que ignora las advertencias científicas y los principios de precaución exigibles en un entorno de alto valor ecológico como Doñana.
Incompatibilidad con un desarrollo sostenible
Según Salvemos Doñana, la conservación de Doñana debe situarse como prioridad absoluta e indisputable. Las aguas superficiales y subterráneas que sostienen sus ecosistemas no deberían ser objeto de concesiones industriales, y cualquier actividad en su entorno inmediato debe someterse a un criterio de “vertido cero” para ser compatible con la protección del espacio natural y con las economías sostenibles que conviven en su territorio.
En este sentido, advierten de que los vertidos al Guadalquivir suponen una amenaza directa para sectores como la pesca y el cultivo del arroz en la marisma sevillana, que dependen de la calidad del agua del estuario y que podrían quedar gravemente afectados por la presencia de metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio.
Exigen un debate político urgente
La plataforma exige a la Junta de Andalucía la retirada inmediata de este proyecto de vertido y una revisión integral de las políticas de gestión ambiental en la comarca. Reclaman, además, que el debate sobre la conservación de Doñana sea incorporado con urgencia a la agenda política y social, y que se reconozca su valor superior frente a intereses extractivos o industriales que comprometan su integridad.
“La restauración ecológica del estuario del Guadalquivir es clave para garantizar la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el desarrollo económico de la zona. Cualquier vertido minero va en la dirección contraria”, concluye la nota.
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