Ecologistas en Acción denuncia que se les impidió asistir a una operación oficial de clasificación de la vía pecuaria, pese a tratarse de un acto público
Martes, 15 de julio de 2025. Activistas medioambientales han denunciado que este martes se les impidió el acceso a un acto oficial de clasificación de la Vereda de Santa Eulalia en el término municipal de Almonaster la Real, Huelva, pese a tratarse de un procedimiento público convocado por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Según han explicado, el acceso a la finca por la que discurre la vía pecuaria estaba físicamente cerrado, y los propietarios impidieron la entrada de los activistas que, según precisan, habían sido invitados y contaban con pleno derecho a asistir a la operación técnica. Desde el entorno de los ecologistas consideran que la actuación vulnera el principio de participación pública en los procedimientos que afectan al patrimonio natural, y contradice la propia naturaleza pública de las vías pecuarias, protegidas por la normativa estatal y autonómica.
La Vereda de Santa Eulalia es una vía pecuaria que recorre parajes de alto valor ecológico en la sierra onubense, entre ellos la rivera de Santa Eulalia, y conecta con el cauce del río Odiel. La zona se encuentra dentro del término de Almonaster la Real, municipio que cuenta con un importante patrimonio ambiental y cultural. Según denuncian los activistas, el uso privativo del trazado por parte de la propiedad supone una usurpación, y la obstrucción al acceso en el acto de clasificación constituye un hecho de especial gravedad.
Ecologistas en Acción ha presentado una queja formal ante la Delegación Territorial, a la que exigen garantías de transparencia y acceso efectivo a los procedimientos administrativos relacionados con la clasificación y defensa de las vías pecuarias. La organización ha advertido además que se reserva el derecho de emprender acciones legales por lo ocurrido.
Desde el colectivo ecologista insisten en que impedir el acceso a una operación de clasificación constituye “un atentado contra la legalidad y la democracia ambiental” y aseguran que seguirán reclamando el respeto al carácter público de estas infraestructuras tradicionales.
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