Vélez y Gómez también despidió irregularmente a las compañeras de Amaia que le mostraron apoyo tras el incidente del año pasado

La maniobra de la empresa onubense de frutos rojos expulsó del sistema Gecco a las trabajadoras en un patrón de represalias con sello oficial.

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Miércoles, 16 de abril de 2025. La empresa Producciones Agrícolas Vélez y Gómez SL, responsable del despido de la trabajadora marroquí Amaia, que “no fue convocada para trabajar en la campaña actual a pesar de tener en vigor una autorización de residencia y trabajo hasta el 31 de diciembre de 2027, así como un contrato fijo discontinuo con la empresa”, vuelve a situarse en el foco tras confirmarse que también despidió, de forma igualmente irregular, a varias de las compañeras que la apoyaron tras el incidente que hizo saltar su caso a la opinión pública en 2024.

Según ha podido verificar La Mar de Onuba, al menos ocho de esas trabajadoras —todas con la documentación en regla y contratos registrados— fueron dadas de baja mediante despido objetivo (código 30) ante la Seguridad Social, sin haber recibido notificación formal alguna por parte de la empresa ni explicación sobre la causa de la extinción de la relación laboral. Como sucede en el caso de Amaia, las afectadas no han descubierto su situación hasta que no han sido llamadas para participar en la campaña actual, lo que supone su exclusión automática del programa Gecco.

Este patrón sistemático de expulsiones encubiertas no solo priva a las trabajadoras de su empleo, sino que las aparta del circuito migratorio regular, bloqueando su incorporación a futuras campañas por no haber sido propuestas por la misma empresa, requisito indispensable para regresar a través del sistema Gecco. La utilización del código 30 —habitualmente asociado a causas económicas, técnicas u organizativas— no responde, en estos casos, a ninguna causa justificada. Al contrario: afecta exclusivamente a trabajadoras concretas, identificables, y todas con un elemento en común documentado por esta revista: su respaldo público o privado a Amaia.

La maniobra, lejos de responder a criterios laborales, dibuja un esquema de represalias ejecutado con apariencia de legalidad administrativa, utilizando un instrumento oficial de gestión de despidos para ejercer control y castigo sobre quienes se atreven a hablar o solidarizarse con quienes lo hacen. El resultado, en la práctica, es la expulsión selectiva de mujeres migrantes del único canal legal que les permite trabajar en Huelva.

La gravedad de esta situación aumenta si se considera que la empresa ya había sido objeto de atención pública tras la publicación en abril de 2024 del artículo Amaia bajo la lluvia, en el que se informaba de cómo la temporera había sufrido un despido arbitrario, sin explicaciones, y “sin que hubiera mediado parte de baja ni documento de despido”. Tras la publicación en La Mar de Onuba, la empresa, que inicialmente había confirmado el despido, reculó y sostuvo que todo había sido un «malentenido». y hasta llegó a sancionar al manijero que le informó de su no-despido. Así lo ratificó entonces la Subdelegación del Gobierno en Huelva.

Si embargo, Producciones Vélez y Gómez tramitó el despido de Amaia por «causas objetivas» el 27 de mayo del año pasado, coincidiendo con el fin de la temporada de frutos rojos y el regreso a Marruecos de las temporeras marroquíes. Nadie le comunicó esa decisión, de la que sólo fue consciente hace unos días, cuando se supo que Vélez y Gómez había consignado la extinción laboral bajo el código 30, lo que ha permitido que la trabajadora quede fuera de la actual campaña 24/25 sin necesidad de explicación formal.

La empresa tampoco ha sido ajena a nuevas denuncias en la actual campaña, algunas de ellas recogidas por esta revista en marzo de este mismo año, en un artículo que documenta “denegaciones de asistencia sanitaria” y exclusiones en los llamamientos del programa Gecco, protagonizadas nuevamente por Producciones Agrícolas Vélez y Gómez S.L.. En dicha publicación se recogen testimonios de trabajadoras afectadas, así como la falta de respuesta ante intentos de reclamar su reingreso en la campaña.

Subdelegación del Gobierno en Huelva

La gestión y supervisión del programa Gecco en Huelva corresponde a la Subdelegación del Gobierno, a quien corresponde vigilar que las contrataciones se realicen conforme a la legalidad vigente y sin discriminación. Sin embargo, no consta que se hayan adoptado medidas ante la reiteración de estas prácticas, ni que se haya iniciado procedimiento alguno de verificación tras conocerse que trabajadoras con contratos en vigor y autorizaciones de residencia activas han sido despedidas mediante procedimientos irregulares y sin comunicación fehaciente.

Los hechos documentados evidencian un patrón, no una anomalía puntual. Y ese patrón revela cómo algunas empresas operan con total impunidad, utilizando mecanismos legales como el código 30 para ejecutar despidos sin causa real ni control institucional. Empresas que ya han sido señaladas públicamente por prácticas irregulares repiten el mismo modus operandi, sin que ello suponga sanción, advertencia o consecuencia alguna.

Amaia no fue un caso aislado. El uso reiterado del despido objetivo sin justificación y sin notificación formal —y el silencio institucional que lo rodea— lo confirman.