Un artículo del veterano periodista en Confidencial Andaluz revela el uso opaco y partidista de los fondos de la Fundación Cajasol y el blindaje político de su presidente, Antonio Pulido.
De la caja pública de todos al cortijo privado de unos pocos: las élites políticas andaluzas normalizan un modelo sin control ni transparencia que reparte 31 millones de euros al año sin rendir cuentas.
Domingo, 8 de febrero de 2026. Las dos últimas semanas el debate público en Andalucía y en nuestra España misma vive atravesado por una jornadas sobre la Guerra Civil promovidas por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista de Canal Jesús Vigorra con el patrocinio de la Fundación Cajasol, bajo el desafortunado título -“error de imprenta”- de La Guerra que todos perdimos. Un evento caído por reflexiva decisión del joven y exitoso escritor David Uclés -reciente premio Nadal de novela, y cuya obra La península de las casas vacía (Siruela, Nuevos Tiempos) va ya por su vigésimo séptima edición-, quien al saber que compartía cartel con José Mª Aznar y el ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros, decidió anular su participación.
La polémica ha ocupado titulares, tertulias y redes sociales. Pero como subraya el veterano periodista Pepe Fernández en una la extensa y documentada tribuna Reverte, la Guerra Civil y el poder opaco de Cajasol publicada en Confidencial Andaluz, el verdadero eje del asunto no está en el contenido de esas jornadas ni en sus protagonistas mediáticos, sino en quién financia, con qué dinero, con qué criterios y sin qué controles.
La pieza, de lectura obligada para cualquiera que quiera entender cómo funciona —o deja de funcionar— el control institucional sobre fundaciones con fuerte peso político y presupuestos millonarios, pone el foco en la pregunta clave. ¿Cómo es posible que una entidad que gestiona 31 millones de euros al año no esté sujeta a mecanismos efectivos de fiscalización democrática?
Cajasol, recuerda Pepe, fue durante décadas una caja de ahorros andaluza, perteneciente a la sociedad civil. La reconversión en fundación tras la crisis financiera supuso una transformación legal y política de enorme calado: de entidad bancaria bajo supervisión del Estado a fundación “privada” bajo el laxo protectorado de la Junta de Andalucía. La maniobra, autorizada en tiempos de Susana Díaz y tolerada por el gobierno de Mariano Rajoy, dejó el campo libre para un modelo sin contrapesos ni rendición de cuentas.
En el centro de ese dispositivo está Antonio Pulido Gutiérrez, cuya biografía ilustra bien cómo se construye el poder opaco en Andalucía. Militante de Juventudes Socialistas, amigo personal de Susana Díaz, impulsado al frente de la desaparecida caja El Monte mediante pactos internos del PSOE sevillano, Pulido ha acabado como presidente indiscutido de la Fundación Cajasol. Lo fue bajo los gobiernos socialistas. Y lo sigue siendo bajo el actual gobierno del PP, que ha optado —como denuncia el veterano periodista andaluz— por no mover un dedo para revisar su posición.
Oficialmente, Pulido ya no es militante del PSOE. Pero eso no ha mermado su control. Fernández señala que actualmente cobra más de 200.000 euros anuales al frente de la fundación, pese a que la ley de fundaciones andaluza no lo permite. Su sueldo, blindado por una autorización política durante la etapa de Susana Díaz, simboliza, según Fernández, la continuidad de una estructura de poder en la que el PSOE puso las piezas y el PP ahora se limita a no molestarlas. La burra, dice el actual editor y director de Confidencial Andaluz, “es lista y va sola a beber al río”.
La denuncia se sustenta en hechos, nombres y relato cronológico impecable. Pepe Fernández recuerda el envío de un burofax en 2019 por parte de un patrono vinculado al PP alertando de la opacidad interna y de la concentración excesiva de poder en la presidencia de Pulido. Documento que fue ignorado primero por el consejero socialista Antonio Ramírez de Arellano, y posteriormente directamente enterrado por el entonces flamante consejero Juan Bravo, ya bajo el gobierno de Juan Moreno Bonilla.
El escándalo, empero, y como destaca el artículo, no está en lo que se hace, sino en si hay alguien mirando a lo que no se fiscaliza. La Fundación Cajasol destina unos 20 millones anuales a “obra social y cultural”, pero no ofrece desglose real de en qué se gastan ni quiénes son los beneficiarios. Las memorias anuales son farragosas y deliberadamente ininteligibles para el común de los ciudadanos. Lo que sí abunda son “fotografías del presidente luciendo corbatas italianas”.
Otra de las claves señaladas en la Tribuna de Confidencial Andaluz es la relación con los medios de comunicación. Cajasol invierte importantes sumas en publicidad, patrocinios y relaciones públicas, creando así una red de dependencia financiera que actúa como red de contención ante cualquier intento de fiscalización externa. Como denuncia el periodista, “no hace falta prohibir: basta con pagar. Basta con sostener”.
Esa red de poder tiene también una dimensión inmobiliaria. Bienes concebidos para fines sociales, como un antiguo asilo en la Plaza Molviedro de Sevilla o el Palacio de la Marquesa de Nervión legado a Cruz Roja, han sido transformados en hoteles o apartamentos turísticos de lujo sin debate público ni justificación social. Todo bajo el paraguas de una fundación que, teóricamente, sigue teniendo fines sociales.
En su repaso, Fernández señala también el papel del Instituto de Estudios Cajasol y de la finca La Contienda, situada entre España y Portugal y parcialmente devastada por un incendio reciente sobre el que la fundación no ha ofrecido información pública. El periodista sostiene que no es un silencio casual, forma parte estructural de un modelo que combina poder institucional, opacidad contable y control del relato mediático.
Y, concluye Pepe, el actual estado de cosas es resultado tanto de la torpeza del PSOE andaluz -que creyó que controlaría Cajasol para siempre- como de la conveniencia del PP, que ha sabido beneficiarse de una estructura que funciona sola y no genera ruido. Mientras tanto, 31 millones de euros anuales siguen fluyendo sin control ciudadano, amparados por una “retórica de obra social que ya no responde a la sociedad que la hizo posible”
Pepe Fernández ofrece, en definitiva, una pieza que levanta las alfombras y dibuja con claridad las dimensiones del problema: una fundación que ya no es de todos, pero que sigue actuando en nombre de todos. Y un sistema político que, por acción u omisión, permite que eso ocurra.
Enlace a la tribuna de Pepe Fernández en Confidencial Andaluz (AQUÍ)
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