Martes, 1 de julio de 2025. Hace tres años, la conciencia humana se estremeció ante una de las masacres más atroces ocurridas en las fronteras entre Marruecos y Europa. Fue un viernes abrasador del mes de junio de 2022, cuando unos dos mil solicitantes de asilo y migrantes —en su mayoría sudaneses— intentaron cruzar la valla fronteriza entre Marruecos y la ciudad de Melilla.
El 24 de junio de 2022, la frontera de Melilla fue escenario de una de las tragedias más oscuras contra personas migrantes, dejando decenas de muertos y desaparecidos en un suceso trágico que aún hoy está envuelto en el misterio.
Tres años después, la justicia sigue ausente, el silencio oficial persiste, y las preguntas desgarradoras continúan sin respuestas. La tragedia sigue abierta, repetible, una marca imborrable en la memoria de los sobrevivientes y una pérdida lacerante en los corazones de las familias enlutadas.
Ese día, unos 700 migrantes quedaron atrapados en el paso de “Barrio Chino”, donde fueron recibidos con una violencia desmedida por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Fue una matanza que dejó al menos 37 muertos y más de 77 desaparecidos hasta la fecha, bajo un mutismo oficial absoluto de ambas partes.
A pesar de la gravedad del hecho, la reacción del gobierno español no superó el límite de la justificación. El presidente Pedro Sánchez, en una declaración impactante, elogió la cooperación de las autoridades marroquíes, calificando lo sucedido como una “gestión bien llevada”, antes de matizar sus palabras bajo la presión de las imágenes de cadáveres y sangre derramada a las puertas de Europa. El rojo de la sangre fue intenso, aunque faltó el rubor de la vergüenza ante semejante tragedia.
Una muestra más del doble juego de Marruecos con la cuestión migratoria, entre lo posible y lo imposible, fue lo ocurrido en los días 17 y 18 de mayo de 2021, en plena crisis diplomática entre Rabat y Madrid. Las costas de la ciudad de Ceuta fueron testigos de una escena sin precedentes: alrededor de 10.000 migrantes —la mayoría marroquíes, entre ellos menores— cruzaron hacia la ciudad española.
Fue un éxodo colectivo, aparentemente espontáneo, pero que no fue inocente a los ojos de España ni del resto de Europa. Por primera vez, la vigilancia marroquí se relajó, se desactivaron los controles y se abrieron las brechas para que miles de pies descalzos cruzaran nadando o caminando, impulsados por la desesperación, la esperanza o quizás por mensajes políticos no declarados.
España interpretó esa oleada humana como una presión política encubierta, acusando a Marruecos de “instrumentalizar la migración” y utilizarla como arma de negociación, calificando lo sucedido como un “ataque a las fronteras europeas”, no solo a las de Ceuta.
Un año después, ocurrió la masacre, que no fue un hecho aislado del contexto geopolítico. Para Europa, fue el inicio del plan de “externalización de fronteras” hacia países africanos. Además, coincidió con el cambio repentino en la postura de Madrid respecto al conflicto del Sahara Occidental, cuando el gobierno español abandonó su tradicional neutralidad y respaldó la propuesta marroquí de autonomía.
Este giro no se explicó convincentemente a la opinión pública, pero cimentó el acercamiento con Rabat, claramente a costa de principios éticos. Marruecos dio prueba entonces de que estaba dispuesto a pisotear todos los valores humanos con tal de mantener su dominio sobre el Sahara, incluso arrastrando los cuerpos de migrantes muertos desde el suelo español hacia su propio territorio, tras haberlos empujado por el hambre y la persecución en las montañas hacia el paso de “Barrio Chino”, en lo que luego se evidenció como “una trampa mortal”.
La primera consecuencia de este entendimiento fue el silencio cómplice del gobierno español frente a las prácticas violentas de la seguridad marroquí durante la masacre de Melilla, y su negativa rotunda a emitir cualquier crítica directa hacia su nuevo aliado. Así decía Marruecos a Madrid, con hechos: a cambio del Sahara, soy tu “gendarme de fronteras”, dispuesto a llegar hasta donde sea necesario, cueste lo que cueste.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, salió de esta crisis con su credibilidad profundamente cuestionada. Investigaciones periodísticas e informes internacionales revelaron que hubo muertes en suelo español, contradiciendo su versión oficial.
Más aún, el Defensor del Pueblo reconoció que el Ministerio del Interior ejecutó 470 devoluciones en caliente ese mismo día, de manera forzosa y sin respetar las mínimas garantías del derecho internacional, ignorando por completo los compromisos humanitarios hacia migrantes y solicitantes de asilo.
A pesar de las demandas de más de un centenar de organizaciones de derechos humanos para abrir una investigación parlamentaria independiente, el gobierno cerró la puerta, prefiriendo enterrar la verdad en lugar de enfrentarla. Lo mismo hizo Marruecos, cuyas cárceles siguen abarrotadas de detenidos desde aquel día y los días posteriores.
Solo algunas declaraciones de agentes de la Guardia Civil española reflejaron la gravedad del callejón político sin salida. “La tragedia puede repetirse en cualquier momento, cuando Marruecos lo decida”, dijo uno de ellos a la prensa, resumiendo la dependencia de seguridad de Madrid respecto a Rabat y dejando al desnudo la fragilidad del ser humano en la política migratoria europea.
La migración no es solo una crisis fronteriza, sino una cuestión de dignidad, derechos y justicia. Ningún Estado, por poderosas que sean sus razones políticas, puede establecer relaciones con sus vecinos si no se basan en el respeto a los derechos humanos, sin importar quién sea ese ser humano. Mucho menos si es un refugiado escapando de la guerra, con el estómago vacío y cubierto de harapos, arrastrado por el hambre y la pobreza desde una geografía africana que solo conoce el lenguaje del sufrimiento.
Lo que sucedió en Melilla no fue solo una prueba para los principios de España, sino un verdadero examen para la conciencia de Europa y la credibilidad de su narrativa de derechos humanos. Y lamentablemente, el resultado fue una caída estrepitosa: cayeron las instituciones, cayeron las víctimas en la oscuridad, y cayeron con ellas los valores de los que tanto se jacta el viejo continente.
Han pasado tres años, y las grandes preguntas siguen sin respuesta: ¿quién planificó? ¿quién dio la orden? ¿quién encubrió? ¿quién pagó el precio? ¿quién escapó de la responsabilidad? Lo peor de todo es que la tragedia sigue siendo posible, incluso probable, dentro del nuevo mapa de la “externalización de fronteras” adoptado por Europa como doctrina de seguridad, pagando millones de euros a regímenes autoritarios y dictatoriales dispuestos a hacer cualquier cosa a cambio de dinero y apoyo político.
La Unión Europea no quiere ensuciarse directamente las manos con sangre, ni ser acusada de violar derechos humanos. Se presenta como guardiana de esos derechos y arquitecta de su imagen impoluta, pero en realidad subcontrata las violaciones, delegando la tarea sucia a gobiernos fuera de sus fronteras, gobiernos represivos que solo conocen el lenguaje de la violencia y la represión, y que no buscan más que alimentar élites corruptas cuyos vientres se han hinchado con la sangre y los derechos de sus propios pueblos… y todos ellos, contentos con lo que tienen.
Aun así, la responsabilidad legal y moral no desaparece. Según el derecho internacional —aunque ya no valga ni el precio de la tinta con que fue escrito—, los países europeos siguen siendo responsables de lo que ocurre en su nombre, con su financiación y con el consentimiento de su silencio.
Los crímenes de asesinato de migrantes desarmados no prescriben, ni con dinero, ni con política, ni con el tiempo.
Said Elmrabet es periodista y responsable de la secretaría editorial de la Plataforma Hounna
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