Podrá intervenir organismos públicos y empresas y propiedades privadas para frenar el contagio del coronavirus.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha concretado este sábado en una comparecencia retransmitida por televisión, radio y redes sociales, las medidas acordadas por el Consejo de Ministros extraordinario para implementar el estado de alarma en todo el país e intentar frenar el avance del coronavirus Covid-19.
La enfermedad afecta ya a más de 7.700 personas, y suma 288 muertes en toda España, según los datos oficiales a las 11,30 horas del domingo 15 de marzo. La previsión dada a conocer por el Presidente del Gobierno en su comparecencia estima que en pocos días la cifra de afectados superará las 10.000 personas.
El Gobierno limita al máximo el movimiento de los ciudadanos para frenar el contagio del coronavirus. Toda España queda formalmente cerrada con el desarrollo del decreto del Estado de Alarma. En el borrador del texto, que adelantó la Cadena SER, se definen taxativamente las limitaciones de movimientos: sólo «se podrá circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades: a) adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial. d) Retorno al lugar de residencia habitual. e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. f) Desplazamiento a entidades financieras. g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada”.
En consecuencia, se prohíben los movimientos de personas que no estén relacionados con los motivos detallados en el Decreto. Nadie puede moverse salvo para ir al trabajo, volver a casa o buscar alimentos y medicinas. Se cierra toda España.
Para impedir esta circulación, el decreto faculta al titular del Ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska para acordar «el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten de oficio se informará previamente a con las Administraciones autonómicas que ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial”.
Las medidas, atendiendo a la Ley, tendrán una duración inicial de 15 días, y podrán prorrogarse por periodos iguales previa autorización del Congreso de los Diputados.
El decreto de Estado de Alarma tiene solo un precedente en la etapa democrática, en la "crisis de los controladores aéreos" de,2010. Entonces, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero militarizó los aeropuertos españoles para reventar la huelga de los controladores aéreos.
Fue el sábado 4 de diciembre de aquel año cuando el Gobierno de España declaró, por primera vez en Democracia, el estado de alarma en todo el territorio nacional con motivo del cierre del espacio aéreo a causa de la huelga de los controladores. El gobierno se amparó en que este era un "servicio público básico", y en que se estaban produciendo "graves perjuicios a los ciudadanos y a la economía del país".
La huelga afectó más de medio millón de personas, y provocó grandes pérdidas para las empresas del sector turístico a nivel internacional. El Gobierno, amparándose en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, movilizó a los controladores aéreos, pasando a estar considerados como personal militar mientras durara el estado, provocando que si no hubieran retornado al trabajo se hubieran enfrentado a fuertes penas de cárcel por desobedecer las órdenes de un mando militar y por deserción.
Fue el 14 de diciembre, Consejo de Ministros solicitó al Congreso de los Diputados una prórroga hasta el 15 de enero a las 24 horas, que le fue concedida. El estado de alarma duró hasta el 16 de enero de 2011.
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