Coincide con la creación en Huelva de la primera sección sindical legal impulsada por trabajadoras marroquíes acogidas a la Orden GECCO.
Martes, 6 de mayo de 2025. Una trabajadora marroquí con contrato fijo-discontinuo bajo la Orden GECCO ha iniciado desde su país una reclamación por despido improcedente, tras no haber sido llamada a participar en la campaña agrícola de frutos rojos en Huelva pese a mantener en vigor tanto su contrato como su tarjeta de identidad de extranjero, válida para cuatro campañas consecutivas. Se trata de la primera vez que una temporera contratada en origen articula desde Marruecos un procedimiento legal de este tipo, lo que abre una vía inédita para la defensa de sus derechos laborales sin necesidad de estar físicamente en territorio español.
El proceso, ya formalizado, plantea que la no convocatoria podría constituir un despido improcedente si no existe una causa justificada ni una notificación formal por parte de la empresa. De confirmarse, se trataría de un hito en la historia de la contratación en origen: hasta ahora, la arquitectura legal y práctica del sistema había operado como una barrera casi infranqueable para que las trabajadoras marroquíes pudieran reclamar por la vía judicial ante posibles vulneraciones de sus derechos. La distancia geográfica, el carácter temporal y las condiciones impuestas por el modelo GECCO funcionaban en la práctica como un mecanismo de impunidad para determinados empleadores.
Este paso histórico ha sido acompañado por otro acontecimiento sin precedentes: el pasado 1 de mayo se registró en Huelva la primera sección sindical promovida y legalizada por trabajadoras marroquíes contratadas en origen. Impulsada por el colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha y el sindicato Sindical Obrera Andaluza (SOA), esta estructura supone una herramienta formal de representación y defensa colectiva para un colectivo que, pese a su peso central en las campañas agrícolas andaluzas, había permanecido al margen de los cauces tradicionales de organización sindical.
La creación de esta sección sindical representa un giro estructural en un modelo laboral diseñado para ser temporal, precario y despolitizado. En palabras de una portavoz de Jornaleras de Huelva en Lucha, recogidas por esta redacción, se trata de “una grieta que abre la posibilidad de cambiar desde dentro un sistema que ha invisibilizado durante años a las trabajadoras migrantes del campo”.
El sistema de contratación en origen, gestionado por la administración española en coordinación con el Gobierno marroquí y organizaciones patronales, lleva más de dos décadas operativo y ha sido objeto de reiteradas denuncias por precariedad, control restrictivo de movimientos, condiciones de trabajo deficitarias y obstáculos a la denuncia de abusos. Sin canales formales de representación ni mecanismos efectivos de defensa, las mujeres marroquíes contratadas bajo este sistema han sido especialmente vulnerables frente a situaciones de explotación, acoso o incumplimientos contractuales.
La articulación simultánea de una reclamación judicial desde Marruecos y la legalización de una sección sindical en suelo español por parte de mujeres acogidas a este sistema rompe con la lógica de aislamiento y sumisión impuesta por el modelo GECCO, y señala una nueva etapa en la lucha por los derechos laborales en el sector agrícola andaluz. Por primera vez, la defensa se organiza también desde el país de origen, y se estructura colectivamente desde el destino.
Ambos movimientos —el jurídico y el sindical— obligan a repensar el modelo en su conjunto y sitúan en el centro del debate la necesidad de garantizar derechos laborales efectivos, independientemente del lugar de origen, el género o el tipo de contrato. Como sostienen desde el colectivo impulsor, “ya no hay vuelta atrás: el silencio impuesto ha empezado a romperse”.
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