El Sindicato de Enfermería denuncia la consumación de la recolocación de antiguos directivos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) tras detectar graves irregularidades en las recientes convocatorias de empleo para cinco jefaturas dentro de la entidad.
Viernes, 20 de junio de 2025. Satse considera que la creación de estas jefaturas «podría estar orientada a la recolocación de los directores previamente cesados en esta misma entidad tras una supuesta reestructuración, lo que supone un atentado contra los principios de transparencia, igualdad y mérito que deben regir el acceso al empleo público».
Durante el proceso de selección, todos los sindicatos con representación y los comités de empresa de la FPS ya habían alertado sobre posibles irregularidades. Finalmente, las sospechas se han confirmado y, de las cinco plazas convocadas, tres han sido adjudicadas a los directivos cesados y las dos restantes han quedado desiertas.
Asimismo, advierten que estas dos plazas vacantes «podrían volver a convocarse en breve, lo que permitiría que el resto de directores cesados en octubre pasado accedan a los puestos, completando así lo que se considera un pleno de recolocaciones».
Destacan, además, que estas jefaturas cuentan con una retribución anual de 63.985,93 euros, en algunos casos superior al salario que percibían los directivos antes de ser cesados.
«Restaurar la confianza en las instituciones públicas»
Por todo ello, Satse exige a la Consejería de Salud y Consumo y a la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud «que intervengan de inmediato para revertir esta situación, restaurar la confianza en las instituciones públicas y garantizar procesos de selección basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad«.
Esta organización denuncia este asunto, tal y como hicieron también CCOO, CSIF y UGT, añadiendo que la Fundación Progreso y Salud ha realizado «una serie de maniobras» en el proceso de contratación que «podría favorecer a un grupo determinado de directivos» y ha recordado que estas contrataciones, según el proyecto de decreto de los estatutos del Instituto de Salud de Andalucía, «deberían emplearse para el nombramiento de personal funcionario necesario para su correcto funcionamiento«.
A finales de octubre del año pasado, el Sindicato de Enfermería envió escritos a la consejera de Salud, Rocío Hernández; al gerente de la Fundación Progreso y Salud, Gonzalo Balbontín, que sigue en su cargo; y al secretario general de Salud Pública e I+D+I de la Consejería de Salud y Consumo, Isaac Túnez, que fue cesado y sustituido por Áurea Morillo (el cese se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 8 de enero de 2025). El objetivo de esos escritos era solicitar información sobre el proceso «a fin de aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades«. Al final, la tropelía se ha consumado.
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