Los responsables de la Sanidad pública andaluza ocultan las listas de espera de pruebas diagnósticas desde 2019, porque se evidenciaría que están poniendo en juego la vida de muchas personas al demorar los diagnósticos médicos, incluidos los del cáncer, y esto implica a Moreno Bonilla, dado que lo está permitiendo sin escrúpulo alguno.
Se publican en el presente artículo dos pruebas documentales que acreditan las mentiras del gobierno del PP que dirige Moreno Bonilla, y que evidencia la corrupción de todos los consejeros que han pasado por la cartera de Sanidad desde 2019, incluido Antonio Sanz.
Viernes, 19 de diciembre de 2025. Por enésima vez, el Consejo de Transparencia estima otra reclamación de las múltiples presentadas por la asociación Justicia por la Sanidad ante el cúmulo de inadmisiones y denegaciones de sus solicitudes de informaciones públicas. Tras un análisis impecable y contundente de la normativa aplicable y de los hechos, la resolución del citado Consejo rechaza las espurias excusas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y obliga a su Directora Gerente, Valle García, a entregar la información solicitada sobre la lista de espera de pruebas diagnósticas.
Como ya publicó este diario, Valle García inadmitió el pasado 17 de marzo la solicitud de una información sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas del hospital del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe (Bormujos), que gestiona la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. De la reducción de dichas listas de espera depende en parte la financiación pública de dicho Hospital, que ha crecido un 32% de 2023 a 2026 (ha pasado de 67,8 M€ a 89,1 M€), muy por encima del incremento asignado a los hospitales del SAS.
La solicitud de dicha asociación fue inadmitida por el SAS con pretextos absurdos, que coincide con las excusas que han ofrecido Catalina García, Rocío Hernández y Antonio Sanz públicamente, con el beneplácito de Moreno Bonilla, un presidente de gobierno que es un convidado de piedra, que prefiere mirar hacia otro lado y lavarse las manos como Pilatos, y que sin duda mantendrá a la despótica Valle García como Directora Gerente del SAS, porque no tendrá la decencia de dimitir.
La asociación Justicia por la Sanidad lleva denunciando la falta de publicación de las listas de espera de pruebas diagnósticas desde el año 2019, año en el que el PP llega al gobierno en Andalucía. Esta publicación venía haciéndose en años anteriores porque lo exige la normativa sanitaria, hasta que una decisión caprichosa y abusiva del nuevo gobierno andaluz ha evitado hacerlo desde entonces.
Los responsables de la Administración sanitaria andaluza del PP han excusado la falta de publicación de dichas listas de espera de pruebas diagnósticas de forma inaceptable y torticera, cuando la única verdad es que los datos venían publicándose en los años anteriores a 2019, porque constan en los sistemas de información del SAS, un hecho irrefutable.
En este artículo aporto dos pruebas documentales que desmontan el discurso propagandístico del corrupto PP andaluz de Moreno Bonilla. Recuerden que la Comunidad de Madrid publica dichos datos mensualmente, donde también gobierna el PP. Estos hechos acreditados revelan la poca vergüenza y golfería que se ha instalado en la Administración sanitaria andaluza, que ahora alcanza al nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y a su viceconsejero, Nicolás José Navarro Díaz.
Primera prueba documental: la resolución del Consejo de Transparencia.
La asociación Justicia por la Sanidad presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia el pasado 16 de abril de 2025, ante la inadmisión de la solicitud por la Directora Gerente del SAS, Valle García, justificándolo con la causa prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley de Transparencia de 2013: “información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”.
El pasado 3 de diciembre, el Consejo de Transparencia resolvió la reclamación (RES-2025/0971). Dicha resolución, tras un análisis exhaustivo e impecable de los hechos y de la normativa aplicable, evidencia que el SAS está actuando al margen del ordenamiento jurídico, y que pone excusas inaceptables para no facilitar a los ciudadanos la información sobre las listas de espera de pruebas diagnósticas.
En sus antecedentes, la resolución expone las excusas del SAS para inadmitir la solicitud de la información de la asociación:
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- Tener en cuenta las medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, que están establecidas en el Real Decreto 605/2003 (hace 22 años).
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- La información solicitada por el reclamante no se publica porque se está trabajando desde el SAS, realizando revisiones individualizadas por especialidad de las solicitudes, así como estudios de las indicaciones, con revisión y adecuación de protocolos de derivación para trabajos de control interno.
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- No se puede hacer una explotación puntual, de la información de un centro sanitario, sin los criterios consensuados y publicados que se han de aplicar para el tratamiento de esta información en el Sistema Nacional de Salud (¡criterios vigentes desde el año 2003!).
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- El Ministerio de Sanidad ha convocado recientemente (abril 2025) el Grupo de Trabajo de Lista de Espera SNS que entre otros objetivos específicos tiene «actualizar los criterios, indicadores y requisitos mínimos, básicos y comunes en materia de información sobre las listas de espera de consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas/terapéuticas e intervenciones quirúrgicas, correspondientes a los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud”.
El Consejo de Transparencia, tras realizar un exhaustivo análisis de los hechos y del marco normativo aplicable a la información solicitada, relativa a la lista de espera de pruebas diagnósticas, que incluye el Real Decreto 605/2003 estatal, el Decreto 96/2004 autonómico y la Orden de 18 de marzo de 2005 de la consejería de Salud, por la que se establecen normas para la aplicación de la garantía de plazo de respuesta (…), concluye lo siguiente:
a) La información solicitada se configura como “información pública” a los efectos de las leyes de Transparencia, y existe un indudable interés público en conocer las listas de espera del sistema sanitario, de forma que los ciudadanos puedan obtener de forma precisa y actualizada una información que afecta a su salud y a su calidad de vida, además de permitir evaluar la eficacia del sistema de salud y la asignación equitativa de los recursos y servicios sanitarios.
b) En ningún caso puede considerarse que sea necesaria una “acción previa de reelaboración” de la información como alega el SAS. Esto lo viene sosteniendo de forma constante dicho Consejo (por ejemplo, Resoluciones 64/2016, FJ 3º; 75/2016, FJ 3º; 136/2016, FJ 3º; 8/2017, FJ 3º; 133/2018, FJ 3º; 14/2020, FJ 3º), recordando las líneas directrices que infiere del Criterio Interpretativo 7/2015, de 12 de noviembre, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y la Sentencia del Tribunal Supremo nº 1547/2017. De hecho, el SAS no ha proporcionado ninguna argumentación sustantiva sobre la pertinencia de aplicar el citado motivo de inadmisión de la solicitud de información.
c) La información solicitada está directamente relacionada con una obligación impuesta al SAS a través de la normativa citada, y la concesión de los datos que ha de gestionar cada centro con pacientes en lista de espera no puede considerarse una acción de reelaboración. Desde la entrada en vigor de la citada Orden de 18 de marzo de 2005, existe un amplio elenco de datos que deberían ser objeto de inscripción en el Registro de Demanda de Procedimientos Diagnósticos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
d) Aunque el SAS afirma que no puede facilitar la información “al no estar centralizada y por ende no resulta exportable en momentos puntuales”, no ha justificado la dispersión de estos datos, especialmente si tenemos en cuenta que la normativa hace responsable de la gestión del Registro (donde se alojan estos datos) a los hospitales.
e) La asociación Justicia por la Sanidad ha acreditado que los tiempos medio de respuesta para los grupos de pruebas inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos, del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, se publicaban con anterioridad al año 2019 y que, por tanto, dar acceso a la información solicitada no supone en su totalidad una labor de reelaboración pues, en todo caso, sería, siquiera parcialmente, la misma “reelaboración” que hubo de llevarse a cabo para elaborar y publicar las listas de espera en años anteriores.
f) Alegar que no se han establecido criterios y requisitos de homogeneidad en el Sistema Nacional de Salud es inadmisible, pues la definición homogénea de los principales elementos que inciden en la existencia y configuración de las listas de espera se establecieron en el Anexo I, apartado II, del Real Decreto 605/2003, y que se esté trabajando de nuevo en dicha homogeneización no implica que no exista la información solicitada ni puede justificar la denegación total de la misma, como lo demuestra que la mayoría de las Comunidades Autónomas publiquen, con mayor o menor detalle, las listas de espera de procedimientos diagnósticos en sus páginas webs.
g) La información solicitada por la asociación ha sido objeto de examen por diversas autoridades autonómicas de control en materia de transparencia, habiéndose estimado la concesión del acceso en numerosas ocasiones (por ejemplo, R420_497/2022 del Comisionado de Transparencia de Canarias; Resolución 218/2020, de 20 de noviembre, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León; Resolución de 28 de marzo de 2017, del Pleno del Consejo de la Transparencia de Murcia; Resoluciones 124/2021 y 96/2022 de la Comisión de Transparencia de Galicia).
Finalmente, el Consejo de Transparencia estima la reclamación presentada por la citada asociación e insta al SAS a entregarle la información solicitada en el plazo de 10 días desde el 3 de diciembre. A fecha de hoy sigue sin recibirse la información por la asociación.
A la vista de los argumentos del Consejo de Transparencia, resulta evidente que la Directora Gerente del SAS, Valle García, no puede seguir como alto cargo. De hecho, de las nueve reclamaciones presentadas por la citada asociación al Consejo de Transparencia, se han resuelto tres de forma favorable, y el resto está pendiente de resolverse, y se esperan todas igualmente favorables. Una de estas resoluciones del Consejo de Transparencia fue notificada hace más de un mes al SAS, y sigue sin entregar la información, lo cual será denunciado al Consejo de Transparencia para que inste la incoación de un procedimiento sancionador a los responsables. No obstante, nada pasará en este régimen partidocrático, porque los corruptos no reciben el castigo que merecen.
Que el Consejo de Transparencia haya tenido que recordar al SAS la constante doctrina sobre transparencia que ha marginado (y sigue marginando), revela que la transparencia importa tanto a la Directora Gerente del SAS como al consejero Antonio Sanz reunirse con la citada asociación, como se explica a continuación para que se comprenda. Esto revela que la corrupción del SAS no tiene límites, y si Moreno Bonilla deja que esto sea así, es cómplice de dicha corrupción. Quizás es que no sepa contar al ser andaluz, como le ha dicho su jefe de partido públicamente, Alberto Núñez Feijóo, otro corrupto del citado régimen.
Segunda prueba documental: los contratos-programas anuales del SAS.
El SAS suscribe cada año un contrato-programa con los centros sanitarios, tal como puede comprobar cualquier ciudadano en este ENLACE. En base a los indicadores que establece, se realiza una evaluación final del cumplimiento de objetivos, de la que depende la asignación de recursos al centro, pero también de esta evaluación dependerá el complemento de rendimiento profesional (CRP) de las retribuciones que cobran los directivos y profesionales de cada centro sanitario a modo de incentivo.
Desde que llegó al poder el PP (antes también), se incluye anualmente en dichos contratos-programas el siguiente indicador a evaluar: número de pacientes pendientes de una prueba diagnóstica sujeta a garantía de respuesta que superan 30 días para ser atendidos. El objetivo a cumplir es que el Hospital garantice que ningún paciente pendiente de una prueba diagnóstica sujeta a garantía de respuesta supere el plazo de 30 días para ser atendido.
Como fuente de información establece la aplicación informática “INFHOS”, siendo la unidad administrativa informante la Subdirección Técnica Asesora de Gestión de la Información del SAS.
Por tanto, este indicador se calcula por el SAS para poder determinar el CRP y los recursos de cada centro sanitario, salvo que el SAS esté engañando a todo el personal y se invente el resultado de la evaluación de dicho indicador.
Con estas dos pruebas, queda demostrado que el SAS dispone de dichos datos, y que la no publicación de las listas de espera de pruebas diagnósticas se debe a los intereses espurios del corrupto gobierno de Moreno Bonilla.
“El consejero de Antonio Sanz rehúye reunirse con Justicia por la Sanidad”
Por último, el pasado 13 de noviembre, la citada asociación solicitó por registro una reunión al consejero de Sanidad, Antonio Sanz, con los puntos a tratar y solicitando levantar un acta de dicha reunión. A fecha de hoy no ha respondido. Se ha comunicado dicha reunión a la presidencia de la Junta de Andalucía (Moreno Bonilla) el pasado 24 de noviembre, y aunque han acusado recibo, seguimos sin recibir comunicación alguna para celebrar dicha reunión. ¿Tanto temen lo que vaya a plantear la asociación Justicia por la Sanidad? Sí, y con razón, porque los puntos a tratar son muy graves, y dejan en evidencia el interés por ocultar la continua corrupción del SAS y consejería de Sanidad.
Una vez más, queda demostrado que la corrupción en España es sistémica e inherente al régimen partidocrático instituido en 1978, un régimen tramado previamente en la clandestinidad durante la Transición, a espaldas del pueblo español. Lo grave es que haya una mayoría de españoles legitimando dicho régimen cada vez que van a votar, ya sea por ignorancia deliberada, ceguera voluntaria o interés en mantener dicha corrupción, en vez de actuar para poner fin a dicho régimen e instituir una democracia como forma de gobierno, única manera de evitar tanto abuso de poder de los gobernantes.
Luis Escribano del Vando es Químico industrial, funcionario del Cuerpo Superior Facultativo en el Servicio Andaluz de Salud, y presidente de la asociación Justicia por la Sanidad // @13mescribano // Facebook de Luis Escribano
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