La organización ecologista advierte del riesgo de filtraciones, reboses y fallos estructurales en instalaciones de residuos mineros durante episodios de lluvias intensas.
Preocupación por las balsas de Riotinto y los lixiviados de Aznalcóllar en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentran numerosos pasivos mineros.
Críticas a la política minera de la Junta por impulsar nuevos proyectos sin resolver los pasivos históricos existentes
IU reclama información pública y en tiempo real sobre el estado de las balsas y sus protocolos de seguridad
Miércoles, 6 de febrero de 2026. Las lluvias intensas que se están produciendo estos días han llevado a Ecologistas en Acción a alertar del riesgo ambiental que suponen las balsas de residuos mineros y los pasivos históricos de la minería metálica en Andalucía, especialmente en la Faja Pirítica Ibérica, donde se concentra un elevado número de instalaciones de este tipo en las provincias de Huelva y Sevilla.
Según la organización ecologista, se trata de infraestructuras que almacenan millones de toneladas de estériles, lodos y aguas contaminadas con metales pesados y otros compuestos peligrosos, cuya estabilidad depende de un control hidráulico permanente y de condiciones muy precisas de humedad y drenaje. Episodios de lluvias intensas y persistentes, como el actual, alteran esas condiciones y aumentan el riesgo de filtraciones, reboses, movilización de contaminantes y fallos estructurales.
Ecologistas en Acción señala como especialmente preocupante la situación de las gigantescas balsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, operada por Atalaya Riotinto Minera, así como los lixiviados procedentes de las escombreras de la mina de Aznalcóllar, gestionada por Minera Los Frailes desde 2015. Esta última es filial del Grupo México, empresa que, según recuerda la organización, cuenta con un historial de roturas de balsas mineras en su país de origen, entre ellas la que provocó un vertido altamente contaminante en el río Sonora en agosto de 2014.
En el caso de Aznalcóllar, la asociación denuncia que Minera Los Frailes estaría incumpliendo desde 2019 las obligaciones recogidas en el Protocolo de Actuación sobre el nivel de agua en la corta, que preveía la creación de una Comisión de Seguimiento con participación de las administraciones mineras y ambientales de la Junta de Andalucía y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Según Ecologistas en Acción, dicha comisión nunca se ha constituido, sin que las administraciones implicadas hayan actuado para corregir esta situación.
La organización recuerda que durante las intensas lluvias de marzo de 2025 se produjo un episodio de contaminación en el contraembalse del Agrio, causado por escorrentías procedentes de la escombrera noroeste de la mina de Aznalcóllar, que acabaron afectando de nuevo a la cuenca del Guadiamar.
Tras ese episodio, Ecologistas en Acción solicitó por escrito al secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, José Javier Alonso Membrives, información sobre los trabajos de la Comisión de Personas Expertas para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía, cuya constitución fue anunciada el 13 de octubre de 2023. En ese mismo escrito, la asociación trasladó su preocupación por la situación de las balsas mineras existentes en la provincia de Huelva, especialmente en las zonas de Riotinto, Tharsis y La Zarza. Según indican, hasta la fecha no han recibido respuesta.
Con fecha 7 de noviembre de 2025, la organización ecologista volvió a dirigirse a la autoridad minera en Huelva para solicitar información sobre los informes periódicos de vigilancia y control de las macrobalsas de lodos tóxicos de la mina de Riotinto, que ocupan más de 500 hectáreas. Estos informes deben elaborarse en cumplimiento de la Autorización Ambiental Unificada de 24 de julio de 2023, que autorizó el recrecimiento de los muros de las balsas hasta 42 metros para albergar 161 millones de toneladas adicionales de lodos tóxicos, que se sumarían a los más de 180 millones de metros cúbicos ya existentes.
En esa misma solicitud, Ecologistas en Acción pidió información sobre las garantías financieras que Atalaya Riotinto Minera debería haber depositado para responder ante posibles daños derivados de estas instalaciones. Según la organización, tampoco en este caso se ha recibido respuesta por parte de la autoridad minera, ni sobre los informes de control ni sobre las garantías financieras, lo que consideran una falta de transparencia en una materia directamente relacionada con la seguridad ambiental y la protección de la salud pública.
La asociación subraya que el historial de vertidos, drenajes ácidos y episodios de contaminación asociados a la minería metálica en Andalucía demuestra que estos riesgos no son teóricos. Citan las afecciones recurrentes a ríos como el Tinto y el Odiel en Huelva, y el Agrio, el Guadiamar y el Guadalquivir en Sevilla, como ejemplo de las consecuencias de una gestión deficiente de los residuos mineros, con impactos persistentes sobre las aguas, los suelos, la biodiversidad y los usos del territorio.
Ecologistas en Acción considera especialmente grave que, mientras el presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido públicamente la peligrosidad de estas instalaciones en situaciones de lluvias intensas, llegando a recurrir a la Unidad Militar de Emergencias, el Gobierno andaluz mantenga una política de impulso de nuevos proyectos mineros y de reapertura de explotaciones sin haber resuelto previamente la gestión segura de los pasivos existentes.
La organización insiste en la necesidad de que se haga pública información actualizada y verificable sobre el estado real de las balsas y depósitos de residuos mineros, de reforzar los mecanismos de control y seguimiento ante episodios meteorológicos extremos y de garantizar un control público riguroso, independiente y transparente. Mientras no se aborde de forma efectiva la gestión de los pasivos mineros históricos, advierten, la autorización de nuevos proyectos supone asumir riesgos ambientales que consideran inaceptables.
La borrasca Leonardo está dejando lluvias persistentes y un aumento significativo de caudales en la provincia de Huelva, un escenario que vuelve a situar bajo presión a infraestructuras que almacenan residuos industriales y mineros. Entre ellas, las balsas mineras y las balsas de fosfoyesos, cuya estabilidad depende de condiciones muy concretas de drenaje y control hidráulico que se ven alteradas durante episodios meteorológicos de esta intensidad.
Izquierda Unida en Huelva ha advertido de que estas instalaciones, que acumulan materiales tóxicos tras décadas de actividad extractiva e industrial, entran en una situación potencial de riesgo de desbordamiento o fallo estructural cuando se producen lluvias extraordinarias y persistentes. La formación señala que el empuje del agua sobre los taludes y la limitada capacidad de absorción de los suelos incrementan la vulnerabilidad de estas balsas en episodios como el actual.
En este contexto, IU subraya que la activación preventiva de la Unidad Militar de Emergencias para tareas de contención en balsas mineras evidencia que las administraciones son conscientes del peligro asociado a estas infraestructuras. A su juicio, este tipo de actuaciones no puede sustituir a la existencia de evaluaciones técnicas rigurosas, actualizadas y accesibles sobre el estado real de las balsas y su capacidad para soportar temporales de esta naturaleza.
La formación recuerda que el propio presidente de la Junta de Andalucía ha reconocido públicamente la posibilidad de que algunas balsas mineras puedan desbordarse durante episodios de lluvias intensas, señalando de manera especial la provincia de Huelva. IU sostiene que estas declaraciones confirman que no se trata de un riesgo hipotético, sino de una amenaza vinculada a fenómenos meteorológicos que ya se están produciendo.
Además de las balsas mineras, Izquierda Unida expresa su preocupación por las balsas de fosfoyesos situadas en el entorno de Huelva, a escasa distancia de núcleos urbanos y de zonas sensibles del estuario del río Tinto. Estas instalaciones almacenan millones de toneladas de residuos industriales con presencia de metales pesados y otros compuestos, y su comportamiento ante episodios de lluvias intensas es una cuestión de interés directo para la seguridad ambiental y la salud pública.
Ante esta situación, IU reclama a las administraciones competentes —locales, autonómicas y estatales— información en tiempo real sobre el estado de estas infraestructuras y sobre las empresas responsables de su mantenimiento. La formación exige que se hagan públicos los datos disponibles, los informes técnicos y las evaluaciones de estabilidad, así como los protocolos de actuación previstos en caso de incidencias.
La organización política también ha anunciado que solicitará formalmente al Ayuntamiento de Huelva toda la información de la que disponga sobre la situación actual de las balsas de fosfoyesos y sobre el impacto que el paso de la borrasca Leonardo pueda tener sobre estos residuos. Según IU, la ciudadanía debe conocer con precisión qué riesgos existen y qué medidas se están adoptando para garantizar la seguridad ambiental y social.
Izquierda Unida insiste en la necesidad de que la gestión de estas infraestructuras se rija por criterios de transparencia y control público, con acceso abierto a informes, mediciones y evaluaciones técnicas. En un contexto de episodios meteorológicos cada vez más extremos, la formación sostiene que la protección del territorio y de las personas debe prevalecer frente a cualquier lógica de opacidad o demora en la información.
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