«Retorno obligatorio», el acuerdo entre destacadas empresas del fruto rojo y Viajes El Corte Inglés que secuestra salarios e impone fechas, compañías y tarifas a cientos de trabajadoras sudamericanas del programa Gecco

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La diferencia entre volar con El Corte Inglés u otras compañías alcanza hasta los 180 euros en el precio del billete.

Domingo, 8 de junio de 2025. Una hoja de reservas con membrete de Viajes El Corte Inglés y encabezado oficial —“Retorno Trabajadores Ecuador 2025”— revela con meridiana claridad cómo se está ejecutando en la práctica el retorno de cientos de temporeras contratadas bajo el sistema GECCO: tarifas cerradas, fechas impuestas, compañía designada de antemano y un sistema de pago excluyente que obliga a realizar transferencias bancarias al margen de cualquier acuerdo bilateral previo con las afectadas.

El documento, con vigencia este mes de junio, establece un coste único de 565 euros por billete en vuelos con origen en Madrid y destino Quito. No hay opción de elegir otra compañía, otro precio ni otra fecha. Se establecen cuatro únicos días —16, 18, 19 y 25 de junio— y se indican expresamente tanto el número limitado de plazas como la obligatoriedad de abonar el coste íntegro y por adelantado, bajo amenaza implícita de exclusión del viaje “organizado”. Una simple búsqueda en Internet permite encontrar tarifas sensiblemente más baratas (Hasta 180 euros) en vuelos de otras compañías y agencias.

Según documentación oficial que obra en poder de La Mar de Onuba, las trabajadoras que intentan apartarse de ese esquema cerrado —como ha sido el caso de P., una temporera que solicitó modificar su fecha de regreso— son disuadidas por los agentes encargados de las gestiones. En su caso, el representante de Viajes El Corte Inglés llegó a advertirle, sin matices, que si no aceptaba la fecha y tarifa impuestas, sería considerada “fugada” del sistema. La advertencia, realizada por un agente de la red de gestión logística contratada por las patronales, no solo anulaba cualquier margen de decisión individual, sino que contenía una -tan extemporánea e improcedente como ilustrativa- amenaza directa de presuntas “consecuencias” para quien no se somete al procedimiento establecido.

Esa supuesta voluntariedad se desmorona por completo ante el modo en que se gestiona el viaje de retorno. A pesar de que son las propias trabajadoras quienes asumen el coste íntegro del billete de vuelta, no se les permite elegir ni el día, ni la aerolínea, ni el precio, ni la forma de pago. Lejos de ello, se impone un sistema cerrado con precio único y un procedimiento de reserva que ni contempla opciones ni reconoce derechos individuales básicos.

El resultado es una paradoja inaceptable: una migración llamada “circular” en la que ni la salida ni el regreso están realmente bajo control de las trabajadoras, sino al dictado de un acuerdo opaco entre las empresas del sector de los frutos rojos y la agencia intermediaria. El método —lejos de su envoltorio legalista— reproduce patrones de control propios de regímenes autoritarios, donde la subordinación de las trabajadoras no termina en el tajo, sino que se extiende hasta el momento de subir al avión.

Todo ello, además, con una dimensión económica nada menor. Las empresas retienen a sus trabajadoras cantidades equivalentes al precio del billete, sin que medie ningún consentimiento por escrito y sin que exista una fórmula alternativa de pago o reserva. No consta que las trabajadoras hayan firmado contrato alguno donde se acepten estas condiciones, ni que se les haya ofrecido una alternativa libre de contratación. El silencio de las empresas ante estas irregularidades refuerza el carácter abusivo de estas prácticas.

Colectivos como AMIA y organizaciones de base como Sindical Obrera Andaluza, el sindicato promovido por el movimiento Jornaleras de Huelva en Lucha, llevan tiempo advirtiendo sobre este tipo de prácticas sin que desde la administración pública ni las organizaciones patronales beneficiarias del programa GECCO se hayan dado, a día de hoy, siquiera por enteradas. Sus denuncias, reiteradas, alertan de un sistema opaco en el que las empresas imponen condiciones de retorno a través de acuerdos privados que, lejos de proteger a las trabajadoras, las sitúan en una posición de absoluta vulnerabilidad.

Sin embargo, ninguna respuesta ha llegado nunca desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva —responsable última de coordinar el programa en la provincia— ni desde las entidades patronales que integran el sistema GECCO. La connivencia tácita con este modelo de control se mantiene intacta, incluso cuando los hechos contradicen de forma flagrante el relato institucional de “gestión ordenada y circular”.

Esta semana se cumplen 25 años de los primeros contingentes GECCO. Un cuarto de siglo que no ha servido para dignificar nada, ni siquiera las condiciones del viaje de regreso y garantizar que las trabajadoras decidan libremente cómo vuelven a su país tras meses de trabajo duro. Por el contrario, el sistema perfeccionado por las patronales convierte esa última etapa en una nueva forma de sometimiento, en la que los salarios son secuestrados y las decisiones personales anuladas.

Veinticinco años después, el programa GECCO sigue funcionando bajo acuerdos privados que imponen condiciones a trabajadoras migrantes sin ofrecerles alternativas ni respetar sus derechos básicos. El retorno, como todo el proceso, está diseñado para beneficiar a las patronales, con el aval y el silencio de las instituciones públicas. Nada que celebrar. Mucho que investigar.