Jueves, 26 de febrero de 2026. Una de las primeras decisiones del gobierno de Javier Milei tras asumir la presidencia en diciembre de 2023 fue desmantelar el entramado institucional y presupuestario que sostenía las políticas públicas de género y diversidad en Argentina. Así lo sostiene el investigador adjunto del CONICET Martín De Mauro Rucovsky, autor de una extensa obra ensayística sobre teoría queer, estudios trans, biopolítica y precariedad en América Latina.
Para De Mauro Rucovsky, el retroceso no es un hecho aislado sino un gesto político deliberado: “Fue un foco muy claro de la política gubernamental desmantelar eso”. Con “eso” se refiere a un conjunto de leyes, programas e instituciones que habían posicionado a Argentina como referente regional e incluso mundial en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Un país pionero en derechos
Durante las últimas dos décadas, Argentina aprobó normas consideradas paradigmáticas en el plano internacional. Entre ellas, la Ley de Matrimonio Igualitario de 2010, la Ley de Identidad de Género de 2012 —que garantizó el derecho a la identidad autopercibida sin judicialización ni patologización—, el cupo laboral travesti-trans en el sector público y la Ley de Educación Sexual Integral. Más recientemente, en 2020, el Congreso legalizó la interrupción voluntaria del embarazo.
Ese proceso culminó institucionalmente con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que articulaba políticas contra la violencia de género, programas de inclusión laboral y acciones de formación y prevención. Fue, según el investigador, “una experiencia pionera” sostenida por un activismo feminista y de la disidencia sexual particularmente fuerte, capaz de marcar agenda en América Latina.
Argentina no solo legislaba; también financiaba. El acceso a tratamientos hormonales y cirugías de adecuación corporal para personas trans estaba garantizado por el sistema público de salud. La perspectiva de género atravesaba políticas educativas y sanitarias. El Estado asumía que la igualdad real requería inversión.
La estrategia del decreto
El cambio de rumbo llegó con rapidez. En los primeros meses de gobierno, el Ejecutivo inició una serie de medidas destinadas a vaciar de contenido esas estructuras. Según De Mauro Rucovsky, la estrategia fue doble: primero, la desfinanciación; después, la eliminación o fusión de organismos.
La herramienta privilegiada fue el decreto. Con escasa representación parlamentaria propia y sin una estructura partidaria consolidada, el gobierno optó por gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia. “Primero fueron a través de decreto, decreto, decreto; desmantelaron organismos públicos, desfinanciaron absolutamente y otros directamente los eliminaron o fusionaron”, resume el investigador.
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue suprimido y sus competencias absorbidas por otras áreas con menor rango político. Programas específicos quedaron congelados o sin presupuesto. Equipos técnicos fueron desplazados. La narrativa oficial presentó estas decisiones como parte de una política de “ajuste” y “reducción del gasto público”.
La disputa por la salud pública
Uno de los ejes más polémicos del nuevo discurso gubernamental se centra en la financiación pública de los tratamientos vinculados a la identidad de género. Durante la campaña, referentes del oficialismo cuestionaron que el Estado cubriera terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas, bajo el argumento de que cada persona debería costearlas de manera individual.
Ante la pregunta sobre por qué estos tratamientos deben formar parte de la sanidad pública, De Mauro Rucovsky responde desde una perspectiva de derechos: si la salud es un derecho universal, no puede fragmentarse según criterios morales o ideológicos. La Ley de Identidad de Género no concibe estos procesos como “caprichos”, sino como parte integral del derecho a la salud física y psíquica.
Reducir la cuestión a una decisión privada que cada quien debe financiar implica, según el investigador, desconocer las desigualdades estructurales. En un contexto de creciente pobreza y precarización, dejar la transición de género librada al mercado supone, en la práctica, excluir a la mayoría.
¿Una sociedad más conservadora?
El contraste es fuerte. Argentina fue durante años citada como ejemplo en foros internacionales. Activistas de países vecinos viajaban para conocer la implementación de la Ley de Identidad de Género. Desde el exterior, la Argentina de Milei suele describirse como un giro abrupto hacia posiciones ultraconservadoras. Sin embargo, De Mauro Rucovsky introduce un matiz: “La sociedad civil argentina no es tan fascista como se ve desde afuera”. El funcionario de CONICET subraya que el activismo feminista y LGTBIQ+ sigue siendo robusto y que amplios sectores sociales apoyan los derechos conquistados.
La paradoja, entonces, reside en la distancia entre una tradición de movilización social intensa y un gobierno que propone un repliegue del Estado en materia de igualdad. Para el investigador, parte del fenómeno responde también a factores económicos y emocionales: la crisis prolongada, la inflación y el malestar social generaron un terreno fértil para discursos que identifican al Estado como problema antes que como garante de derechos.
“La gente no es tan conservadora como creemos”, afirma, aludiendo a la complejidad de las motivaciones electorales. El voto a Milei no necesariamente implica un rechazo consciente a los derechos de la diversidad, pero sí abrió la puerta a su debilitamiento institucional.
Un cambio de paradigma
Más allá de la coyuntura, lo que se perfila es un cambio de paradigma. Allí donde antes el Estado intervenía activamente para corregir desigualdades históricas, ahora se privilegia una lógica de mercado y responsabilidad individual. En ese marco, las políticas de diversidad son presentadas como privilegios o gastos superfluos.
El desmantelamiento no se limita a lo presupuestario; también afecta al lenguaje. Conceptos como “ideología de género” reaparecen en el debate público. Se cuestiona la Educación Sexual Integral y se relativiza la necesidad de estadísticas específicas sobre violencia de género. La batalla es cultural además de administrativa.
Para Martín De Mauro Rucovsky, el riesgo es claro: cuando se debilitan las políticas públicas, no desaparecen las desigualdades; simplemente se privatizan sus consecuencias. En un país que había logrado avances significativos en materia de derechos sexuales y reproductivos, el retroceso no es simbólico sino material.
La Argentina que fue pionera en matrimonio igualitario y en reconocimiento legal de las identidades trans enfrenta ahora una etapa de incertidumbre. El desenlace dependerá tanto de la correlación de fuerzas institucional como de la capacidad de la sociedad civil para defender lo conquistado.
Mientras tanto, la sensación que atraviesa a buena parte del colectivo LGTBIQ+ es que algo más que un ministerio ha sido eliminado. Se trata de la señal política de que amar diferente, existir diferente o transitar el propio cuerpo fuera de la norma ya no cuenta con el mismo respaldo estatal. Y en un contexto de crisis económica y polarización, esa retirada no es menor: redefine los límites de la ciudadanía y reabre debates que parecían saldados.
J. Nicolás Ferrando es fundador y director de Artelibro, una editorial que ha publicado un total de 85 libros y cuyo lema es la recuperación de lugares y personajes singulares. En su catálogo destaca la colección «21 distritos, 21 libros» en la que se puede encontrar un libro por cada uno de los distritos de Madrid. Colabora habitualmente con medios como La Mar de Onuba, El Mundo Financiero o El Constitucional.
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