

Lunes, 27 de enero de 2025. El obispo (el epískopos, inspector o supervisor) de la iglesia católica en Huelva, Santiago Gómez Sierra, se ha despachado este domingo un sermón, a mayor gloria de su homiliario onubense, con una soflama contra lo que considera “una revisión de la libertad religiosa por parte del Gobierno”. Llegando a afirmar que es «inútil» recurrir al Ejecutivo para garantizar este derecho. Declaraciones impregnadas de victimismo impostado, desconexión con la realidad y cierta osada frivolidad purpureada, a las que cabe responder con firmeza y claridad.
Es cierto que en muchos lugares del mundo la persecución religiosa es un problema gravísimo que afecta a millones de personas, incluyendo cristianas. No es menos cierto que España no es uno de esos países. Aquí, la ICAR (iglesia católica, apostólica y romana) goza de privilegios que ninguna otra institución religiosa, política o social aspira siquiera soñar. La financiación pública a través de la casilla del IRPF, las exenciones fiscales como el IBI y un peso histórico en las instituciones del Estado son claros ejemplos de cómo la ICAR sigue disfrutando de un estentóreo estatus de privilegio que dista mucho de un verdadero marco de igualdad y aconfesionalidad. Por no hablar de humildad u otros valores que sustentan su propio Catecismo, emanados de los evangelios.
Que Gómez Sierra hable de «revisión de la libertad religiosa” proyecta, como poco, falta de perspectiva.
En una sociedad plural y diversa como la de la España constitucional, donde convivimos personas de múltiples credos y otras tantas que no profesamos ninguno, la verdadera garantía de libertad religiosa radica en la separación efectiva y definitiva entre iglesias y Estado. No va de “limitar la fe” de nadie; sí de asegurar que las creencias de unas no se impongan sobre los derechos de todas.
Gómez Sierra denuncia lo que considera ridiculización de símbolos cristianos en ámbitos culturales y mediáticos. Curiosa sensibilidad ausente de autocrítica hacia una institución que durante siglos ha impuesto sus valores y censurado toda reflexión en su contra. La Libertad de Expresión, prelado, incluye el derecho a cuestionar, criticar y hasta satirizar las creencias. Siempre dentro del respeto a los derechos fundamentales, sí. Es inherente a una democracia madura. No una afrenta a la fe.
No es la primera vez que el obispo de Huelva intenta influir en ámbitos que trascienden lo religioso. Sus declaraciones durante la denominada Misa de Pentecostés en la romería de El Rocío del pasado año, en las que llamó implícitamente a no votar a partidos que defienden derechos como el aborto o el matrimonio igualitario, ya fueron un claro ejemplo de cómo utiliza su posición para intervenir en la esfera política. Mensajes que atentan contra la separación entre la ICAR y el Estado y que reflejan un profundo desconocimiento de los avances sociales y democráticos de la sociedad. También en Huelva.
Tal vez lo que subyace en estas declaraciones del obispo no sea tanto una preocupación por la libertad religiosa, sino un temor al avance de una sociedad que, cada vez más, cuestiona los privilegios históricos de la ICAR. Porque eso es lo que realmente se está revisando: no la libertad religiosa, sino el papel que una institución concreta ha jugado en la vida pública, y cómo debe adaptarse a un mundo en el que su influencia ya no es (Deus per) hegemónica.
El respeto a la libertad religiosa es incuestionable. El respeto a las libertades individuales y colectivas, también. Implica que ninguna institución, por muy antigua o poderosa, puede pretender seguir dictando cómo debe ser nuestra sociedad. Si de verdad quieren que sus quejas tengan relevancia, quizás deberían empezar por reflexionar sobre su propio papel y cómo pueden contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.
Todo lo demás suena, simplemente, a una pataleta de quien ve tambalearse privilegios que creía eternos.
Vale.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba
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