El equipo de gobierno defiende unas cuentas “históricas” basadas en estabilidad y crecimiento
PSOE y Con Andalucía rechazan el presupuesto por incumplir el mandato plenario y recortar en vivienda pública
La extrema derecha cuestiona las cuentas sin aportar alternativa global y centra su posición en negar partidas y suprimir políticas públicas
Sábado, 29 de noviembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado el Presupuesto Municipal para 2026 con los trece votos del equipo de gobierno del Partido Popular, suficientes para sacar adelante las cuentas ante la ausencia de dos concejales del Grupo Socialista en el momento de la votación. Según la nota oficial difundida por el consistorio, el documento económico asciende a 202,8 millones de euros, a los que se añade un plan complementario de inversiones de siete millones destinado a actuaciones en diferentes barriadas. Se trata, según el gobierno municipal, del presupuesto “más alto de la historia” de la ciudad.
En su comunicación oficial, el equipo de gobierno sostiene que las cuentas representan un modelo “serio, estable y realista” después de recibir —según la misma versión— un Ayuntamiento con déficit de más de doce millones y un remanente “casi inexistente” en 2023. El concejal de Economía y Hacienda afirma que se ha pasado de esa situación a un superávit presupuestario de 23,6 millones y un remanente superior a once millones en 2024, presentando el nuevo presupuesto como el tercero consecutivo aprobado en plazo y como la consolidación de “un modelo que funciona”. La alcaldesa, Pilar Miranda, felicitó públicamente al responsable del área y defendió que el documento se ha elaborado siguiendo las indicaciones del Ministerio de Economía, insistiendo en que las cuentas garantizan “el crecimiento de Huelva desde la estabilidad financiera”.
El presupuesto incluye partidas ampliadas en Servicios Sociales, Infraestructuras y Urbanismo. El área de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Fondos Europeos alcanza los 27 millones de euros, con un incremento del 26 % en recursos destinados específicamente a Servicios Sociales y una partida de 600.000 euros para rehabilitación de viviendas municipales en la Barriada de la Navidad. Urbanismo y Medio Ambiente recoge 19 millones con proyectos como el inicio de obras en la antigua cárcel, la primera fase del nuevo Recinto Colombino y la previsión de la piscina municipal. Infraestructuras y Servicios Públicos suma 42,6 millones de euros e incluye un plan de asfaltado de 1,5 millones y un incremento de 1,8 millones en el contrato de limpieza. El documento incorpora también dotaciones en seguridad ciudadana —con la incorporación prevista de 17 agentes y la renovación de vehículos policiales—, cultura, patrimonio, juventud, participación ciudadana, deportes, modernización digital y comercio.
Desde la oposición socialista, la aprobación del presupuesto se califica como “en solitario” por parte de la alcaldesa y como un “incumplimiento deliberado” del mandato plenario aprobado en septiembre, que obligaba a revertir la subida del IBI y a aplicar una bajada generalizada de impuestos y tasas. El portavoz socialista sostiene que el presupuesto “es ilegal y debería retirarse”, y lo describe como “un atropello a la voluntad mayoritaria del Pleno y, por tanto, de los onubenses”. Entre las críticas, el PSOE señala que las cuentas “mantienen los impuestos en el tope máximo”, consolidan “la presión fiscal más alta que ha tenido la ciudad” y no incorporan la bajada aprobada por la mayoría plenaria. El grupo denuncia, además, un aumento “astronómico” en publicidad y propaganda, hasta superar 1,8 millones de euros, y la existencia de “partidas fantasma” por valor de 11,6 millones, vinculadas a proyectos como el albergue municipal, cursos de formación, la piscina del Parque Moret o actuaciones en barrios, recordando que el ejercicio anterior se incluyeron ocho millones similares “sin ejecutarse ni un solo euro”.
El PSOE advierte también de que el presupuesto vuelve a dejar fuera la dotación necesaria para el nuevo contrato de limpieza viaria, pese a que —según señala el propio grupo— la alcaldesa lleva dos años anunciándolo como “el mayor contrato de limpieza de la historia”. El proyecto aprobado mantiene así el contrato vigente desde 2014, que el grupo socialista califica de “desfasado e insuficiente” para atender las necesidades de los barrios. El PSOE subraya además que, según el informe del Interventor, si el gobierno municipal quiere cumplir sus promesas en materia de Policía Local o limpieza, “tendrá que volver a subir los impuestos”. El grupo concluye que seguirá defendiendo el cumplimiento del mandato plenario y reclama unos presupuestos “realistas, legales y orientados a las prioridades de la ciudad, no a la autopromoción de la alcaldesa”.
Con Andalucía, por su parte, centra su rechazo en el recorte en vivienda pública que atribuye al proyecto presupuestario. Su concejala denuncia una reducción de 1,6 millones de euros en promoción de vivienda protegida, calificando el recorte como un “ataque a la clase trabajadora”. La formación sostiene que Huelva sufre una “emergencia habitacional real”, con alquileres al alza, salarios bajos y crecientes dificultades para que jóvenes y familias accedan a una vivienda. Con Andalucía propone elevar la partida de vivienda hasta los 3,7 millones y financiarla mediante ajustes en partidas que considera “prescindibles o sobredimensionadas”, como atenciones protocolarias, comunicación institucional o alumbrados extraordinarios. Además, critica la falta de participación ciudadana en la elaboración del presupuesto, la ausencia de perspectiva de género y la concentración del esfuerzo inversor en el centro de la ciudad frente a barrios que acumulan “décadas de abandono”.
Los dos ediles del partido de extrema derecha Vox también rechazan el presupuesto, aunque desde una posición distinta. Su grupo considera las cuentas “continuistas del bipartidismo” y denuncia que “no responden a las necesidades reales de los onubenses”. Entre sus críticas, señala que el presupuesto del equipo de gobierno “no recoge la ejecución” de iniciativas aprobadas durante el mandato y califica de “gastos superfluos” y “partidas ideológicas” conceptos como las cuotas a la FAMP, FEMP y FAMSI o la comunicación institucional, a la que atribuye una función de “autobombo de la alcaldesa”. A diferencia del PSOE y de Con Andalucía, Vox no cuestiona la ausencia de la bajada del IBI, ni menciona el mandato plenario incumplido, sino que concentra sus objeciones en la eliminación de determinadas partidas, la supresión de cuotas institucionales, su oposición a las Zonas de Bajas Emisiones y la reclamación de inversiones concretas como aparcamientos, mejoras en parques o la construcción de la piscina pública. Su posición pública se basa en presentar una batería de enmiendas parciales, sin plantear una alternativa presupuestaria global.
El resultado final es un presupuesto aprobado únicamente por el equipo de gobierno, rechazado por todos los grupos de la oposición presentes y adoptado por mayoría simple en un Pleno donde la ausencia de dos concejales del PSOE resultó determinante. Las diferencias entre los grupos se reflejan en motivos de rechazo claramente diferenciados: el incumplimiento del mandato sobre impuestos y la existencia de partidas sin respaldo real denunciados por el PSOE; los recortes en vivienda señalados por Con Andalucía; y la oposición de Vox centrada en supresiones de gasto, críticas a la comunicación institucional y rechazo a políticas ambientales o de participación. El gobierno municipal, entretanto, reivindica el presupuesto como el mayor de la historia de la ciudad y como expresión de un modelo de gestión que, según su versión, devuelve estabilidad financiera y capacidad inversora al Ayuntamiento.
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