Según denuncia la trabajadora, la llamada ha sido realizada este martes por Youseff, el coordinador provincial del programa PRELSI, impulsado por la patronal Interfresa, pocos días después de que La Mar de Onuba documentara su repatriación forzosa, diagnosticada de cáncer en Huelva sin haber podido iniciar tratamiento.
Miércoles, 11 de junio de 2025. Tras obligarla a abandonar España sin llegar a iniciar el tratamiento para el cáncer que le ha sido detectado y diagnosticado en Huelva, Youseff, el ya bien conocido por quienes siguen esta revista Coordinador del programa PRELSI de Interfresa, la ha llamado este martes, según relata ella misma, para gritarle, reprocharle su testimonio y exigirle que no vuelva a mencionar su nombre. La conversación, relatada por la propia MZ en un nuevo mensaje de audio enviado desde Marruecos y al que ha tenido La Mar de Onuba, se produce pocos días después de que esta revista hiciera público su caso, documentando cómo fue expulsada del país pese a encontrarse en proceso clínico activo y tener derecho a tratamiento y prestaciones contributivas por enfermedad.
El autor de la llamada es Youseff, coordinador provincial del Programa de Responsabilidad Ética, Laboral, Social e Igualdad (PRELSI), impulsado y financiado por la patronal Interfresa. Según el testimonio de la trabajadora, la conversación ha tenido como único objetivo intimidarla y desacreditar su relato. “Cree que estoy acabada”, afirma MZ, que denuncia no haber recibido atención médica adecuada ni en España (donde se le prescribió) ni en Marruecos, y no entender cómo le comunicaron que su enfermedad no tenía tratamiento cuando, según sostiene, aún faltan pruebas por realizar.
En el audio enviado este lunes al a que ha tenido acceso esta redacción, MZ relata que ha sido llamada por Youseff, coordinador del PRELSI de Interfresa, quien, en tono airado, le habría recriminado su testimonio y exigido que no vuelva a mencionar su nombre. Según la trabajadora, la conversación con el único propósito de intimidarla y desacreditar su versión de los hechos. En el mismo mensaje de voz, MZ expresa su desconcierto y su dolor al recordar el momento en que, en un centro hospitalario de Huelva, le comunicaron que padecía una enfermedad grave, cáncer, y poco después fue obligada a regresar a Marruecos sin haber completado el proceso de diagnóstico ni iniciar el tratamiento.
MZ afirma que, a pesar de haber acudido, ya en Marruecos, para continuar con las pruebas médicas, no se le realizaron nuevos análisis, ni escáner, ni ninguna otra exploración clínica complementaria. No puede pagarlos. Solo le han comunicado -verbalmente- que su cáncer se ha extendido y que, reciba o no quimioterapia, está condenada a morir.
MZ asegura que esta afirmación la ha dejado hundida y sin respuestas. Reitera que nadie la ha examinado físicamente ni le ha mostrado resultados que justifique esa conclusión; sentencia de muerte. Desde Marruecos, donde permanece tras ser expulsada de España a finales de mayo, cuestiona cómo se ha podido establecer que su enfermedad está en fase terminal sin haberse realizado las pruebas pertinentes. Añade que, poco antes de ser obligada a abandonar el país, le había sido asignada una nueva cita médica para el próximo lunes, 16 de junio, a la que ya no podrá acudir. O tal vez sí. Hay quien sólo debe descolgar su teléfono para reconducir esta historia. Se llama María José Rico y es la Subdelegada del Gobierno en Huelva.
La intervención directa del coordinador del PRELSI, Youseff, tras la denuncia pública de MZ confirma su papel en la repatriación de la trabajadora sin garantías sanitarias ni legales. También ilustra de forma nítida el carácter intimidatorio y opaco con el que actúa el dispositivo de control desplegado por la patronal Interfresa a través de este programa, teóricamente concebido para proteger los derechos de las personas contratadas en origen. La llamada telefónica a una mujer gravemente enferma, ya expulsada del país y sin acceso a atención médica adecuada en su lugar de origen, no puede desvincularse del hecho de que fue el propio Youseff, como responsable del plan, quien ejecutó el retorno forzoso a finales de mayo, sin que la trabajadora pudiera culminar las pruebas diagnósticas iniciadas en el sistema público español de salud ni iniciar los trámites necesarios para acceder al tratamiento oncológico y a las prestaciones por Incapacidad Temporal o Invalidez Permanente a las que tiene derecho como cotizante desde hace más de siete campañas agrícolas.
La Mar de Onuba ha podido confirmar que el caso de MZ no fue derivado a la Inspección de Trabajo, ni al INSS, ni a los servicios sociales, ni a ninguna instancia administrativa u hospitalaria que pudiera garantizar la continuidad asistencial ni la tutela efectiva de sus derechos laborales. En lugar de ello, y pese a su situación clínica grave y activa, fue devuelta a Marruecos bajo los criterios internos del sistema de repatriación gestionado por Interfresa. Que desde esa misma estructura se haya producido ahora una llamada con tono hostil para reprocharle el contenido de su testimonio público no hace sino profundizar en la gravedad institucional del caso.
La llamada que MZ ha recibido en Marruecos no es un exabrupto aislado ni una reacción personal desbordada. Es la expresión cristalina de un sistema que, cuando no puede ocultar sus abusos, intenta amordazar a quienes los denuncian. El PRELSI ejecutó el retorno forzoso de una trabajadora con cáncer sin tratamiento ni garantías: ahora, su coordinador la llama para recriminarle haber hablado. Ninguna autoridad ha desmentido la actuación de Interfresa. Nadie ha abierto una investigación. Nadie ha dado explicaciones. Tampoco han actuado los responsables del Ministerio de Inclusión, ni la Subdelegación del Gobierno en Huelva, ni la Consejería de Salud. Todos conocen ya el caso de MZ. Esta revista les ha informado de ello. Pero todos callan. Mientras, MZ sigue enferma, desamparada y fuera del país en el que ha cotizado durante años.
Esta llamada no solo confirma lo publicado: lo empeora. Muestra hasta qué punto quienes gestionan el programa GECCO en la provincia de Huelva se sienten impunes, legitimados para devolver a una trabajadora gravemente enferma a su país de origen, y luego reprenderla por atreverse a hablar. Veinticinco años después de su implantación, el sistema de migración circular no solo sigue produciendo abusos: ahora también persigue a las víctimas cuando se hacen visibles.
Más allá de cuestionamientos, lo cierto es que MZ ha cotizado en España más de lo que exige la Legislación para ser acreedora de atención sanitaria acorde a sus necesidades. Bien en España, bien en Marruecos a cargo del Reino de España (hay convenios específicos al respecto). También a recibir una prestación por Incapacidad Temporal o Invalidez Permanente. Y si, como parece que ya le han anunciado, va a a morir, sus cotizaciones ya ha devengado el derecho de su hijos a recibir una pensión de orfandad cuando esta suceda. MZ ha estado viniendo a España a hacer posible que la poderosa industria del fruto rojo onubense sea posible. Queda en la inteligencia qué respuesta le debe España.
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