El PP convierte las instituciones provinciales en plataformas de agitación contra el Gobierno central.
Lunes, 30 de junio de 2025. En el Pleno de este miércoles en la Diputación de Huelva, el grupo popular aprobará —con su mayoría absoluta— una moción en la que se exige la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales. El texto no deja lugar a dudas: se trata de una declaración de combate político nacional, tramitada en un órgano cuya misión institucional se limita a la provincia.
Según la nota previa remitida a los medios, la moción —una de las dos registradas por el grupo popular para el Pleno— acusa al Gobierno de España y a su entorno de corrupción, difusión de bulos, ataques al Estado de Derecho y degradación institucional. A partir de ahí, se suceden las exigencias: respeto a la independencia judicial, neutralidad de la Fiscalía y de la Agencia Tributaria, autonomía de la Guardia Civil y Policía Nacional, y rechazo a cualquier reforma judicial que —en palabras del PP— debilite los principios de mérito y capacidad.
Pero el cierre es aún más explícito: “la disolución inmediata de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales ante la pérdida de legitimidad institucional, degradación del marco democrático y ruptura de la confianza ciudadana en el Poder Ejecutivo y en los representantes que lo sustentan”.
Ninguno de los puntos recogidos en la moción guarda relación alguna con las competencias, atribuciones o responsabilidades de una Diputación Provincial. El contenido es puramente político, partidista y sin efecto jurídico, pero se tramita, se vota y se aprueba en sede institucional, desde un órgano público financiado con recursos de todas y todos los onubenses.
Mayoría garantizada, mensaje asegurado
No es la primera vez. Desde hace meses, el PP ha convertido las instituciones en las que gobierna en mayoría —ya sea en solitario o con el apoyo de la extrema derecha— en altavoces de confrontación contra el Gobierno de coalición. Se han presentado mociones similares en parlamentos autonómicos, diputaciones y ayuntamientos, casi siempre con resultado previsible: aprobación automática gracias a la aritmética de los plenos y posterior difusión en medios y redes del partido como si de una resolución institucional de alcance nacional se tratara.
En Huelva, el grupo popular controla con mayoría absoluta la Diputación Provincial desde las elecciones de 2023. No necesita negociar con nadie. No tiene obligación de consensuar. Puede convertir cada Pleno en un escaparate programático sin mayor coste que el desgaste institucional que estas prácticas suponen.
La moción, en ese sentido, no busca cambiar nada, ni resolver nada. Es una declaración de principios —de partido— colocada sobre una institución pública para dotarla de una pátina institucional que no le corresponde. La Diputación no puede disolver las Cortes, ni forzar elecciones, ni interferir en la Fiscalía General del Estado. Pero su escudo y su sala de plenos sí pueden usarse como soporte para que esas exigencias circulen como si fueran la voz legítima de toda una provincia.
Lo que se pone en cuestión aquí no es el derecho de ningún grupo político a opinar sobre la situación del país. Ni siquiera su legitimidad para hacerlo con dureza. Lo que se cuestiona es el uso de las instituciones como vehículo propagandístico de posiciones partidistas que no tienen ningún encaje funcional en su ámbito competencial.
La Diputación de Huelva existe para coordinar políticas provinciales, prestar servicios a los municipios pequeños, cooperar con los ayuntamientos y cubrir déficits estructurales del territorio. Cuando ese marco se convierte en un púlpito para emitir consignas contra el Gobierno de España, el sistema institucional se desdibuja y se rompe el contrato de neutralidad que debe regir entre las estructuras administrativas y los intereses partidistas.
No es un problema de formas. Es un problema de fondo. Porque cada vez que una institución local o provincial se convierte en plataforma para agitar discursos de confrontación ajenos a su función, lo que se debilita no es solo el adversario político: es la credibilidad del propio sistema democrático.
Política-espectáculo, sin coste político
Nada impide al PP seguir presentando mociones como esta en todas las diputaciones, ayuntamientos y parlamentos en los que sume mayoría. Lo seguirán haciendo mientras genere titulares, cohesione a sus bases y refuerce su estrategia narrativa nacional. Y lo seguirán haciendo mientras nadie cuestione con firmeza el coste institucional y democrático de ese uso instrumental de los órganos de representación territorial.
Las mociones sin efectos reales, pero cargadas de mensaje político, se han convertido en una forma barata de hacer política-espectáculo. Una en la que los votos están asegurados y el adversario ni siquiera tiene capacidad de respuesta. Y en la que los recursos públicos —espacios, tiempos, personal, dietas, medios técnicos— se utilizan para lanzar mensajes de partido, sin ningún tipo de control ni rendición de cuentas.
Huelva no necesita que su Diputación pida elecciones generales. Lo que necesita es que sus instituciones funcionen, respeten sus fines y trabajen por la mejora de la vida en los municipios. Porque cuando una moción partidista ocupa el lugar de un acuerdo útil, lo que se pierde no es solo el tiempo del Pleno. Se pierde la confianza en que las instituciones representan algo más que los intereses de quien las controla.
Perico Echevarría es editor y director de lamardeonuba.es
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