Denuncian que la falta de ayudas directas y la pasividad institucional han llevado al arranque masivo de los viñedos, símbolo histórico y ambiental de Doñana.
Las plataformas señalan una política de privatización encubierta y reclaman 4.500 euros por hectárea para evitar la desaparición definitiva del cultivo.
Jueves, 16 de octubre de 2025. Tras meses de advertencias, ha comenzado el arranque masivo de los viñedos del Condado de Huelva. Los agricultores, asfixiados por las pérdidas ocasionadas por la plaga de mildiu y sin apoyo económico de las administraciones, se ven abocados a eliminar cepas centenarias que, durante generaciones, sostuvieron la economía rural y protegieron el entorno natural de Doñana.
Los colectivos que agrupan a los viticultores y ecologistas del territorio responsabilizan al Partido Popular, al frente de la Diputación de Huelva y de la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía, de permitir la agonía del sector. Denuncian la falta de ayudas directas y el silencio administrativo ante los informes remitidos por asociaciones locales que alertaban de la situación. Según el ecologista y dinamizador turístico Luis Bejarano, la inacción institucional ha desembocado en la quiebra y cierre de cooperativas históricas, como la de La Palma del Condado.
Bejarano lleva más de dos años enviando documentación a la Junta y a la Diputación para solicitar medidas urgentes de apoyo por hectárea, sin respuesta efectiva. La situación, describe, ha obligado a los productores a organizarse en plataformas ciudadanas que reclaman la destitución del presidente del Consejo Regulador del Condado —al que acusan de ineficacia— y la paralización de los proyectos turísticos subvencionados con fondos europeos, como los denominados “Museos” y “Miradores del Vino”. Según estas plataformas, mientras se multiplican esos proyectos, el viñedo se extingue sin que existan medidas de salvamento.
Desde la Plataforma Tod@s por Huelva sostienen que se trata de un nuevo intento del Partido Popular de privatizar sectores estratégicos, derivando recursos públicos hacia bodegas privadas y redes empresariales afines, mientras se niegan ayudas directas de apenas 4.500 euros por hectárea, cantidad que consideran suficiente para sostener la campaña. En su opinión, el abandono institucional supondrá la desaparición de un cultivo que ha sido sostén ambiental de Doñana y hábitat de especies como el lince ibérico y el alzacola.
El conflicto político ha agravado la crisis. Las plataformas lamentan que los grupos con representación en Huelva se hayan enzarzado en acusaciones mutuas en lugar de coordinar una respuesta común. VOX anunció un acuerdo con la vicepresidenta de la Diputación, Rocío Moreno, para conceder 3.000 euros por hectárea, pero los activistas aseguran que el compromiso no se ha cumplido. Moreno, por su parte, atribuye el fracaso a discrepancias en el contenido del pacto. Mientras tanto, el PSOE ha reclamado a la Mancomunidad de Desarrollo del Condado —también gobernada por el PP— toda la documentación sobre el denominado “Mirador del Vino de los Eucaliptos”, proyecto que, junto a otros financiados con fondos europeos, ha suscitado dudas sobre su gestión.
Bejarano considera que este escenario marca el final de los últimos viñedos familiares del Condado y de una cultura vitivinícola con más de quinientos años de historia. Las plataformas ciudadanas anuncian que remitirán en los próximos días un informe a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para solicitar su intervención ante lo que califican de “despropósito” en la gestión de las ayudas públicas al viñedo.
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