Domingo, 9 de noviembre de 2025. El XVII Congreso del Partido Popular de Andalucía ha aprobado este fin de semana, además de la renovación de Moreno Bonilla, su nueva ponencia política. Porque los congresos de los partidos, más allá de los liderazgos, se supone que parten de un análisis de la sociedad que dejaron en su anterior cónclave, el papel jugado entre ambos, y sus propuestas y compromisos hasta la siguiente rendición de cuentas ante la propia militancia y la sociedad en su conjunto. La Ponencia Política es, en realidad, en tanto que acuerdo entre el partido y su electorado, la clave del cónclave. No la exaltación del líder aplaudido y elevado a la categoría de “salvador” a la misma hora en que las principales ciudades de Andalucía gritan contra un gobierno que ha abandonado lo público al punto de congregar en las calles tantas víctimas como discordantes.
El documento (ver más abajo) pretende ser la brújula ideológica de los populares andaluces para los próximos años. Leído con cierto detenimiento, empero, revela algo que ya intuíamos: el poder se acostumbra rápido a creerse su propio relato. La ponencia que el PP andaluz ha presentado a los suyos no es un balance de gestión ni un programa de futuro; es una larga pieza de propaganda escrita para aplaudirse a sí mismo. En sus páginas se leen cosas como que Andalucía “lidera”, “avanza con equilibrio”, “ha dejado atrás la incertidumbre”, o que “nunca antes tuvo tanta estabilidad”. Todo eso puede servir para cerrar filas en un congreso, pero tiene poco que ver con la Andalucía real que muestran los datos. Y menos aún con la que viven las andaluzas y los andaluces tras siete años de Moreno Bonilla al frente de la Junta.
El texto parte de una reconstrucción interesada del pasado: presenta la Andalucía de 2018 como una tierra oscura, paralizada y al borde del colapso. A partir de ahí, todo es resurrección. “Cambio”, “liderazgo”, “moderación”, “estabilidad”, “modelo andaluz”. El PP se coloca a sí mismo en el centro de un relato mesiánico: el de la comunidad que se redime de sí misma gracias a su gobierno. Pero cuando se contrastan las palabras con los hechos, la épica se desinfla. Andalucía no lidera la economía española. Ni es ejemplo de cohesión social. Ni ha inventado un modelo de crecimiento propio. Lo que ha ocurrido entre 2019 y 2025 es lo mismo que ha ocurrido en el resto del país: una recuperación tras la pandemia impulsada por fondos europeos y transferencias estatales. En siete años, el PIB andaluz creció prácticamente lo mismo que el nacional. Y la renta per capita de los andaluces sigue siendo la más baja de España. Más de veinte mil euros por debajo de la de Madrid. Lo demás es relato.
Ese relato se construye sobre una idea reiterada: “Andalucía lidera”. Pero, ¿qué lidera Andalucía exactamente? ¿El paro? Sí. Ahí, sin duda, seguimos primeros. La ponencia celebra haber bajado de los 600.000 desempleados y presume de la tasa de paro más baja desde 2008. Pero omite el detalle de que, siete años después, seguimos cinco puntos por encima de la media española, con un 15% de paro estructural y un 30% de paro juvenil. Después de siete años, la comunidad más poblada de España continúa siendo también la que más paro soporta. No es un mérito. Es un fracaso persistente. Y si el PP andaluz no lo nombra, es porque hacerlo rompería el hechizo del “modelo de éxito” que intenta vender. Una Andalucía con cientos de miles de jóvenes sin trabajo no lidera nada.
Tampoco lidera la lucha contra la desigualdad. En esa materia, la ponencia incurre en algo peor que el triunfalismo: el silencio. El documento dedica decenas de páginas a hablar de inclusión, familia, infancia, mujer, mayores, dependencia, pero evita mencionar el dato que define la realidad social de la comunidad: uno de cada tres andaluces vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El 35,6% según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Y casi el 37% según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Con el PP al mando, Andalucía no ha salido de ese agujero, sigue estancada en él. La pobreza infantil ronda el 37%, la más alta del país. La mayoría de los municipios y barrios con menor renta de España están aquí. Y sin embargo el documento oficial del partido que gobierna Andalucía prefiere hablar de “inclusión” en abstracto. Hay que tener una idea muy distorsionada del país real para escribir que “nadie se queda atrás” cuando tres millones de andaluces siguen al borde del precipicio.
La propaganda también se cuela en la sanidad. Y aquí el tema pasa del onanismo al insulto. El PP afirma que nunca se ha invertido tanto y que Andalucía ha pasado de “infierno sanitario” a “referente nacional”. Los datos dicen otra cosa. El presupuesto ha crecido, sí, un 55% desde 2018. Pero seguimos entre las comunidades con más días de espera para una operación y más dificultades para encontrar médico de familia. Andalucía gasta apenas siete euros más por habitante que la media española, después de haber sido durante años la que menos gastaba. Es un avance contable, no una revolución sanitaria. En los hospitales los pacientes esperan más de cinco meses para una intervención. En los centros de salud faltan profesionales. Y en las urgencias el colapso es cotidiano. Si eso es “liderar”, convendría revisar el diccionario.
En educación ocurre algo similar. El gobierno andaluz se enorgullece de la libertad de elección y la “excelencia educativa”, mientras cierra aulas en la red pública y aumenta la financiación de la concertada. Entre 2019 y 2025 se han suprimido más de dos mil unidades públicas, muchas en pueblos y barrios obreros. Es decir, se desmantela la red que garantiza igualdad y se llama a eso “modernización”. No hay propaganda que tape una realidad tan nítida: más dinero no siempre significa mejor servicio, y mucho menos servicio más justo.
Luego está la llamada “revolución fiscal”, el eslogan preferido del PP andaluz. Se presenta como la gran aportación del gobierno de Moreno: siete bajadas de impuestos, menos presión, más dinamismo. Pero cuando se mira de cerca, se descubre el truco. La medida estrella fue la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, que beneficiaba a unas 20.000 personas ricas —el 0,2% de la población— y costó más de cien millones anuales a las arcas públicas. Las rebajas del IRPF ahorraron decenas de euros a las rentas medias, pero miles a las más altas. Y el resultado es una Junta que recauda menos, depende más del Estado y sigue pidiendo reformar el sistema de financiación para recibir más fondos. En otras palabras: bajamos impuestos aquí y pedimos que los paguen los demás. No hay modelo económico que se sostenga en esa contradicción. Mientras tanto, Andalucía sigue sin capacidad fiscal suficiente para financiar sus propios servicios. El dinero que se deja de ingresar en impuestos se deja también de invertir en sanidad, educación o vivienda. Esa es la factura real de la llamada “revolución fiscal”. No se nota en las mansiones de la costa, pero sí en los ambulatorios saturados y en los colegios que pierden unidades.
Hay un punto especialmente revelador en la ponencia: el que une, en un mismo epígrafe, “seguridad e inmigración”. Es un gesto político calculado. Un guiño a la ultraderecha, disfrazado de moderación. Hablar de inmigración en clave de seguridad, como si la llegada de trabajadores extranjeros fuera una amenaza y no una necesidad, es asumir el lenguaje de quienes viven del miedo. Y lo hace un partido que gobierna una tierra que ha prosperado precisamente gracias al trabajo de miles de personas migrantes. En Andalucía no hay una emergencia de seguridad vinculada a la inmigración. Lo que sí hay es una emergencia de derechos en los campos de Huelva y Almería, en los invernaderos, en los asentamientos… Y de eso la ponencia no dice una palabra. En cambio, repite el viejo mantra de “inmigración ordenada y legal”. Nadie discute eso. Lo que se discute es la hipocresía de aplaudir el discurso de la seguridad mientras se mira hacia otro lado ante la explotación laboral que sostiene parte del milagro agrícola andaluz. Esa omisión también forma parte de la propaganda.
Porque de eso trata, al final, este texto aprobado entre aplausos: de una Andalucía inventada. Una Andalucía que ante ante los compromisarios del PP “crece”, “lidera” y se “moderniza” a golpe de bajadas fiscales, que “cuida de todos” y se siente orgullosa de su “moderación”. Pero la Andalucía que se vive en primera persona en el exterior de Fibes es otra: sigue siendo la región más pobre de España, con la tasa de paro más alta, con millones de ciudadanos que no llegan a fin de mes y servicios públicos que no avanzan o lo hacen a trompicones. No se trata de negar los avances, sino de ponerlos en su medida. Y de recordar que el mérito de que Andalucía haya resistido las crisis de estos años no es de un partido ni de un gobierno, sino de la gente que trabaja, que paga sus impuestos, que sostiene lo común incluso cuando quienes lo gestionan prefieren hacerse retratos.
Un partido de gobierno tiene la obligación de mirar de frente la realidad, no de maquillarla para la foto. Poner la propaganda frente al espejo. La ponencia aprobada por el PP andaluz aguanta mal ese reflejo. Es el tipo de documento que sirve para entusiasmar a los propios y convencer a los convencidos, pero que se deshilacha en cuanto se contrasta con las cifras del INE, del Ministerio de Sanidad o de la AIReF. Un texto pensado para alimentar una identidad política más que para rendir cuentas a la ciudadanía.
Y aquí está el fondo del problema: Andalucía no necesita más relato, precisa resultados. No necesita que le digan que “lidera”, sino dejar de encabezar las estadísticas de pobreza y desempleo. No necesita que le bajen impuestos a quienes más tienen, le urge que le garanticen hospitales con personal suficiente, escuelas sin recortes y una vivienda asequible. No necesita marketing. Necesita política. La que asume responsabilidades, no la que se felicita a sí misma en un dizque congreso en el que el debate de la Ponencia Política, sus enmiendas y aprobación se resuelven en apenas 41 minutos, de los que casi 18 fueron consumidos por Carolina España en un discurso en que las referencias a la perfidia socialista competían con las loas al «amado líder», ora Moreno, ora Feijoo (aunque menos).
Tras siete años de «morenato», los datos no confirman el entusiasta relato del presidente andaluz y del PP regional. Andalucía no lidera nada. Continúa encabezando el paro, la pobreza y la desigualdad. No es una interpretación: es constatación. Y mientras las cifras sigan diciendo eso, ningún congreso podrá reescribir la realidad.
El XVII Congreso del PP andaluz aprobó el pasado viernes una Ponencia Política que convierte la sanidad pública en un mero ejercicio de propaganda ajeno a la revuelta ciudadana que clama desde hace meses contra su deterioro.
Siete párrafos bastaron a los populares para proclamar que Andalucía “lidera”, que “invierte como nunca” y que “ha superado por primera vez el gasto medio nacional”. Ninguno menciona que el sistema público andaluz vive su momento más crítico desde que existen registros: colapso de la atención primaria, profesionales desbordados, cribados oncológicos en retroceso y listas de espera descontroladas.
Según los propios datos del Ministerio de Sanidad (junio de 2025), Andalucía encabeza la demora media más alta del país para una intervención quirúrgica, con más de 160 días de espera, y más de 1,23 millones de personas aguardan consulta o prueba diagnóstica. Mientras el documento presume de “modernización”, los centros de salud cierran turnos por falta de médicos, los hospitales acumulan camillas en los pasillos y los pacientes esperan meses por una resonancia. La supuesta “igualdad territorial” que el PP cita como logro se traduce en que buena parte del medio rural carece ya de atención médica continuada.
Tampoco hay en la ponencia una sola línea sobre la crisis de los cribados de cáncer, paralizados o reducidos en cobertura, ni sobre la caída de participación en los programas de detección precoz de mama y colon, que no han recuperado los niveles previos a la pandemia. Los profesionales llevan meses advirtiendo de un deterioro que pone en riesgo vidas, y las asociaciones de pacientes alertan de retrasos que anulan la eficacia preventiva.
La “revolución” de la que presume el PP no se nota en los datos, sino en la calle. Miles de sanitarios y pacientes se manifiestan en las ocho provincias andaluzas para denunciar el abandono del sistema público. Las pancartas piden lo que el documento del PP andaluz ignora: tiempo, personal y recursos. Sanidad Pública digna y de calidad. A los hospitales y centros de salud llega cada día la Andalucía real, no la que el congreso del PP dibuja sin sonrojo alguno entre aplausos y ovaciones.
Siete párrafos no bastan para ocultar una crisis estructural. La sanidad andaluza no lidera nada: resiste como puede un modelo agotado, víctima de una política que confunde presupuesto con gestión y propaganda con realidad.
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