John Shipton, el infatigable padre de Julian Assange, asistió sonriente y digno al Palais des Académies en Bruselas, el 29 de enero, con motivo de la entrega de cuatro Academic Honoris Causa por parte de la red belga de universitarios Carta Academica. Una ceremonia para homenajear a los alertadores Chelsea Manning y Edward Snowden y a los periodistas Sarah Harrison y Julian Assange, quienes “a su manera, pusieron en riesgo su libertad e incluso su vida en defensa de la libertad de prensa, la libertad de expresión y nuestro derecho a la información”.
Frente al micrófono, ante una audiencia de activistas y defensores de los derechos humanos y las libertades, el padre del fundador de WikiLeaks reiteró una y otra vez que su hijo está en prisión por denunciar delitos cometidos por otros. “En mi país, Australia, pero también en Suecia, Reino Unido o Estados Unidos, normalmente está penado ocultar la verdad, en especial cuando se trata precisamente de… delitos graves”.
Las palabras de John Shipton apuntan particularmente a Estados Unidos y el Reino Unido, ya que Julian Assange publicó por todo el mundo, y específicamente para los principales medios de comunicación internacionales, más de 250.000 cables diplomáticos y 500.000 documentos confidenciales relacionados con las actividades militares estadounidenses en Irak y Afganistán.
Esta publicación fue posible gracias a su fuente principal, la exanalista militar Chelsea Manning, actualmente encarcelada por su negativa a declarar en el caso Assange, quien pirateó las redes informáticas del Departamento de Defensa de Estados Unidos. WikiLeaks, por su parte, transmitió principalmente, en 2010, el video Asesinato colateral, que muestra la forma en la que, el 12 de julio de 2007 en Bagdad, el ejército estadounidense disparó desde un helicóptero Apache contra civiles, incluidos dos niños y dos periodistas de Reuters presentes en el lugar, asesinando a 18 personas.
Desde la publicación de este vídeo, los presidentes estadounidenses, Barack Obama y luego Donald Trump, así como la NSA reclaman la cabeza del periodista y hacker australiano por haber revelado información clasificada como “secreto de defensa”. En caso de ser extraditado a Estados Unidos, podría ser condenado a 175 años de prisión por “espionaje”. ¡Julian Assange se ha convertido en el hombre con el que quiere acabar Washington, por no decir en el enemigo público número 1!
“Mi hijo es objeto de persecuciones desde 2010”, recordó John Shipton. Procesado por la justicia británica por violar su libertad condicional en 2012, tras una orden de arresto sueca por un caso de agresión sexual, Julian Assange ingresó a la embajada de Ecuador el 19 junio de 2012 solicitando el asilo político, el cual le fue concedido por el hoy expresidente ecuatoriano Rafael Correa. “Aun cuando pudo encontrar refugio en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012 hasta abril de 2019”, continúa su padre, “nunca tuvo posibilidad de salir del edificio. Ya estaba preso”. En noviembre de 2019, la fiscalía sueca finalmente retiró los cargos en su contra.
Sin embargo, tras siete años de confinamiento en la embajada, el 11 de abril de 2019, la situación dio un vuelco y el nuevo presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidió retirarle la nacionalidad ecuatoriana. Con ello permitió, de facto, que la policía británica viniera a buscarlo y (pronto) poder cumplir el deseo más profundo de los servicios estadounidenses, es decir, extraditarlo a Estados Unidos, ya que, según ellos, Julian Assange habría violado la ley de espionaje de 1917. Desde su detención, Assange se encuentra recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsch, en Reino Unido.
Primera audiencia: lunes 24 de febrero
Este 24 de febrero de 2020, se abrirá durante una semana en Reino Unido la primera audiencia que decidirá sobre una posible extradición a Estados Unidos, antes de continuar, el lunes 18 de mayo, por tres semanas. “Si Assange es extraditado a Estados Unidos, no tendrá ninguna posibilidad de beneficiarse de un juicio justo”, puntualizó Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, el 27 de enero.
“Assange se verá sometido más bien a una justicia sumaria, como la del Reino Unido hace unos meses: un juicio penal, sin darle la posibilidad de preparar su defensa, una audiencia somera, como la que puede verse hoy en Turquía: 15 minutos, ni uno más. Un cuarto de hora después de entrar en el tribunal, Julian Assange fue condenado, y el juez llegó a tratarle de ‘narcisista’”. Nils Melzer pudo visitar a Julian Assange el 9 de mayo de 2019 en la cárcel y regresó convencido de que el caso era esencialmente de naturaleza política.
En su informe a las Naciones Unidas, el relator especial describe en detalle el trato recibido por Assange, al que califica de “tortura psicológica”, después de pasar siete años difíciles en la embajada ecuatoriana. “Assange nunca mereció la reclusión en aislamiento durante nueve meses, pese a que finalmente salió de este régimen a finales de enero”, señaló. “Quiero recordar que al cabo de 15 días de aislamiento se está ante un caso de tortura psicológica”.
En noviembre de 2019, alrededor de 60 médicos escribieron una carta abierta al ministro del Interior británico manifestando su preocupación por la salud del australiano de 48 años.
El Gobierno británico se abstuvo cuidadosamente de responder a todas las preguntas embarazosas del relator especial de las Naciones Unidas, del mismo modo permaneció en silencio cuando el Consejo de Europa lo interrogó a raíz de la publicación de una alerta de las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas en la Plataforma para reforzar la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, denunciando las condiciones de detención arbitrarias y escandalosas de Julian Assange.
La asamblea parlamentaria del Consejo, que representa a 47 Estados miembros, en una resolución emitida el 28 de enero sobre las amenazas que pesan sobre la libertad de los medios de comunicación y los periodistas, recordó que consideraba que “la detención y el procedimiento judicial contra Julian Assange sienta un precedente peligroso para los periodistas”, y pide a los Estados que “eviten el uso indebido de las leyes, especialmente las relativas a la difamación, el antiterrorismo, la seguridad nacional, el orden público, los discursos de odio, la blasfemia y las leyes de memoria, que suelen utilizarse con frecuencia para intimidar o silenciar a los periodistas”.
Una campaña de apoyo internacional
En espera de que la historia juzgue a todos estos depredadores de la libertad de expresión, cada vez es mayor en el mundo entero el número de ciudadanos y organizaciones que consideran que el caso Assange, más allá de su difícil situación personal, o las controversias sobre algunos de los métodos utilizados por WikiLeaks, sigue siendo emblemático para la libertad de prensa.
Entre sus numerosos partidarios se encuentran organizaciones como Freedom of Press Foundation, Reporteros sin Fronteras, Human Right Watch, Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), la Unión Americana de las Libertades Civiles (ACLU), pensadores como Noam Chomsky, muchos juristas, políticos y periodistas de todo el mundo, artistas y músicos como Roger Waters o M.I.A, y esta lista no es exhaustiva. Incluso una de las víctimas colaterales de WikiLeaks, Quentin Lafay, cuya información privada se filtró con los Macron Leaks, sostiene a Assange, en una columna en el periódico Le Monde, por su contribución a revelaciones de capital importancia.
A finales de enero, por una iniciativa de tres días del colectivo belga Belgian4Assange, en la plaza de la Monnaie en Bruselas, rebautizada para la ocasión “plaza Julian Assange”, muchas personas vinieron a ponerse de pie en la cuarta silla (vacía) del conjunto de esculturas itinerantes de Davide Dormino, «Anything to say?» (¿Tiene algo que decir?), que representan a Assange, Manning y Snowden, de pie frente al mundo.
Esta silla invita a contemplar el inquietante estado de las democracias.
La movilización también ha brindado la oportunidad de rendir homenaje a todos los demás alertadores, quizás menos conocidos, como Antoine Deltour, el auditor francés en el origen del caso LuxLeaks, quien reveló a un periodista del canal de televisión France 2 la perfecta organización del sistema de optimización fiscal de las multinacionales a través de Luxemburgo; o el hacker portugués, Rui Pinto, quien reveló las Football Leaks y recientemente las Luanda Leaks. Pinto transmitió millones de informes al periódico alemán Der Spiegel sobre la opacidad de las transferencias de los jugadores, o la evasión fiscal de ciertas estrellas del fútbol, que desde entonces han sido condenados. Pinto todavía está encarcelado en una prisión de Lisboa, a la espera de juicio y acusado de 93 cargos.
A principios de febrero, pudimos saludar la decisión de la justicia brasileña de suspender (provisionalmente) las acusaciones de cibercriminalidad contra el periodista Glenn Greenwald, quien había revelado, en su medio de comunicación The Intercept, el contenido de mensajes pirateados que demostraban una vergonzosa colusión entre el exjuez y ministro de Justicia Sergio Moro y los fiscales de la investigación anticorrupción Lava Jato. Glenn Greenwald ayudó, en 2013, a desvelar la información proporcionada por Edward Snowden sobre la vigilancia de los servicios secretos británicos y estadounidenses.
Los periodistas siguen teniendo necesidad de informadores o alertadores, y en el caso de Assange, no es encarcelando y amordazando al mensajero que se impedirá que la verdad salga a la luz. Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning y todos los demás son los “resistentes” del siglo XXI. Todos estos héroes contemporáneos han sacrificado su libertad por la información y también han sacrificado su vida por la verdad.
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