La alcaldesa Pilar Miranda sostiene que «Huelva es una ciudad segura», pero pide autorización al Gobierno para vigilar los comportamientos cívicos de la ciudadanía onubense.
Martes, 10 de junio de 2025. Mientras los barrios siguen esperando inversión real en servicios públicos, el Ayuntamiento de Huelva ha presentado como «refuerzo de seguridad ciudadana» un plan basado en coches nuevos, cámaras que aún no tienen autorización y una docena de policías locales de paisano dedicados a patrullar los barrios para sancionar veladores fuera de sitio, pintadas urbanas o excrementos caninos.
La alcaldesa, Pilar Miranda, acompañada del concejal de Seguridad Ciudadana, ha comparecido en rueda de prensa para anunciar la creación de una unidad especial de doce agentes, que, según ha dicho, recorrerán todos los barrios «de paisano», con el objetivo de «vigilar posibles actos vandálicos» y velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales. La medida se presenta como respuesta a una supuesta «sensación de inseguridad» generada por hechos recientes que en ningún momento se detallan ni documentan.
“Huelva es una ciudad segura”, ha asegurado Miranda, para a continuación justificar una batería de medidas excepcionales, entre las que se incluye también la renovación de la flota municipal con una furgoneta de nueve plazas y ocho nuevos vehículos policiales, uno de ellos para Protección Civil. La compra —dos vehículos en propiedad y seis mediante renting— se completa con el anuncio de otros seis coches más para el año 2026. La adquisición de un nuevo vehículo para el parque de Bomberos se menciona como complemento técnico.
De lo que no se habla es de refuerzo de personal, aumento de efectivos, ni reestructuración de turnos o unidades. Tampoco se presenta una evaluación previa que justifique la necesidad de estas medidas, ni se aportan cifras sobre actos vandálicos, infracciones, delitos o diagnósticos que respalden la existencia de un problema de inseguridad ciudadana real.
Lo que sí se incorpora, en cambio, es la promesa de implementar un «programa integral de gestión» para optimizar los recursos policiales. Un software de esos que en las notas de prensa siempre suenan a innovación, pero que en ningún caso se vincula con una estrategia concreta de intervención en los barrios o atención a zonas vulnerables.
Según Miranda, la medida se justifica por «la necesidad de dar una respuesta coordinada a los hechos delictivos que han creado sensación de inseguridad», aunque la propia nota subraya que la competencia en seguridad ciudadana recae en la Subdelegación del Gobierno. Pese a ello, el Ayuntamiento ha anunciado que sigue a la espera de autorización para instalar cámaras de videovigilancia en cinco puntos clave del centro de la ciudad: Plaza de San Pedro, Plaza de la Merced, Plaza de las Monjas, avenida Martín Alonso Pinzón y el Parque Moret.
Con este despliegue, el Consistorio pretende, según dice, proteger el mobiliario urbano, el patrimonio arqueológico y facilitar la gestión de aglomeraciones durante actos culturales o eventos multitudinarios. Pero, nuevamente, no se presenta una sola evidencia de que estas zonas concentren mayores índices de criminalidad, ni se acompaña de informes técnicos que respalden la utilidad o la urgencia de estas medidas.
A la supuesta mejora de la seguridad se suma el anuncio de futuras ordenanzas sobre el uso de patinetes eléctricos y la instalación de un semáforo con sistema foto-rojo en la curva de los Pabellones Militares. Esta última medida, ubicada en la intersección de Alameda Sundheim con Federico Molina y avenida de Guatemala, se presenta como experimento piloto para futuras aplicaciones. Su relación con una estrategia integral de seguridad ciudadana es, como poco, difusa.
También se ha hecho referencia al papel de las asociaciones vecinales. La alcaldesa ha señalado que los primeros en conocer el paquete de medidas han sido los representantes de la Federación de AAVV Saltés. La ciudadanía, sostiene, «tiene un papel vital en la construcción de una ciudad segura y libre de vandalismo», aunque no se especifica qué mecanismos reales de participación o corresponsabilidad vecinal se contemplan, más allá de la notificación de decisiones ya tomadas.
La retórica final del discurso de Miranda parece dejar claro hacia quién va dirigida realmente esta operación de cosmética urbana: “Queremos que quienes nos visiten puedan disfrutar de una estancia inolvidable, que les deje buen sabor de boca y muchas ganas de volver a visitarnos”. Seguridad, sí, pero también turismo. Imagen. Escenografía.
A falta de inversión social, se opta por el patrullaje invisible. A falta de participación ciudadana real, se recurre al control vecinal. A falta de soluciones estructurales, se multiplican los gestos superficiales.
Doce policías de paisano no bastan para garantizar seguridad en los barrios, pero pueden bastar para aparentar que se hace algo. Aunque ese “algo” sea perseguir a quien saca el perro sin bolsa.
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