UGT lleva ante la Inspección de Trabajo una denuncia por precariedad laboral, irregularidades fiscales y urbanísticas en viviendas de uso turístico de la provincia
Sábado, 28 de junio de 2025. La proliferación de viviendas de uso turístico en Huelva no solo está transformando el modelo urbano y la oferta de alojamiento: también está generando un escenario de empleo precario, economía sumergida y fraude generalizado. Así se desprende de la denuncia registrada esta semana en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que se detallan prácticas laborales que vulneran de forma sistemática los derechos de quienes limpian, mantienen o gestionan estos pisos.
Según la denuncia, una parte significativa de estas viviendas funciona al margen de la normativa laboral vigente, con trabajadoras —en su mayoría mujeres migrantes— que prestan servicios sin contrato, sin alta en la Seguridad Social, cobrando en efectivo y sin derechos básicos como el registro horario o la cobertura por contingencias. Además, se están aplicando convenios erróneos —como el de limpieza o multiservicios— en lugar del de hostelería, lo que supone una pérdida salarial de hasta tres euros por hora trabajada.
El sindicato advierte que muchas de estas viviendas carecen también de licencias administrativas, lo que agrava el fraude con posibles incumplimientos urbanísticos y fiscales. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo estima que más de 65.000 anuncios activos en plataformas como Airbnb corresponden a viviendas turísticas ilegales.
En cuanto a la magnitud del problema, la organización calcula que se estarían realizando más de 27 millones de horas de trabajo al año bajo estas condiciones, lo que representa una enorme pérdida para las arcas públicas y un nuevo golpe al empleo digno en sectores feminizados y precarizados.
Según el INE, en agosto de 2024 había 396.295 viviendas turísticas registradas en España. Tres meses después, la cifra había descendido a 368.295. Aun así, el volumen sigue siendo enorme. FEVITUR, patronal del sector, agrupa a más de 185.000 de estas viviendas y es señalada como principal responsable empresarial por no garantizar el cumplimiento de los derechos laborales en esta actividad cada vez más profesionalizada.
La denuncia presentada reclama, entre otras medidas, la aplicación del convenio colectivo de hostelería, la regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social y el abono con carácter retroactivo de los salarios no percibidos.
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