Investigadoras, ONG y activistas analizan en unas jornadas organizadas por la Universidad de Huelva y el proyecto FemAgriSalud el sistema de contratación en origen, sus orígenes, su marco legal y las formas estructurales de explotación que sigue generando en Huelva un cuarto de siglo después.
Miércoles, 24 de abril de 2024. La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Huelva ha acogido estes martes una jornada de análisis crítico sobre la evolución de la Orden GECCO (Gestión Colectiva de Contratación en Orien) y su aplicación en el sector agrícola onubense cuando se cunplen 25 años de modalidades de contratación enmarcado en la denomimda migración circular.
El acto fue organizado por la propia institución académica y se enmarcó en el proyecto de investigación AgriSalud, centrado en la salud reproductiva y la diabetes entre trabajadoras agrícolas migrantes.
Investigadoras de la Universidad de Huelva y de la Universidad de Comillas, activistas sociales y representantes de ONG internacionales abordaron durante el encuentro las múltiples aristas del sistema de contratación en origen, cuya vigencia se prolonga ya un cuarto de siglo en Huelva. El debate partió de un análisis histórico y jurídico de la Orden, desde sus antecedentes en los años 80 hasta su formulación como norma ministerial en 2012, pasando por las reformas de la Ley de Extranjería y el reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011.
Se analizó también la transformación del modelo de contratación: desde los contratos temporales anuales a los actuales contratos fijos discontinuos de cuatro años. Se detallaron los hitos normativos, las obligaciones empresariales en materia de vivienda, transporte y seguridad social, y la aparición de figuras como las comisiones provinciales de seguimiento de flujos migratorios.
Una parte sustancial del acto estuvo dedicada a examinar la falta de aplicación real de la Orden en procedimientos laborales, sentencias judiciales y actuaciones inspectoras. Se señaló que, pese a establecer derechos y garantías, el articulado de la Orden GECCO carece de un régimen sancionador, lo que la convierte en un texto “sin fuerza jurídica efectiva”.
Desde la perspectiva de género, se abordó la estrategia patronal de feminización de la mano de obra agrícola, con especial atención al perfil de las trabajadoras seleccionadas en origen. Se documentó la selección deliberada de mujeres marroquíes con hijos pequeños, y se advirtió del carácter “cautivo” de esta mano de obra, forzada a residir en alojamientos de empresa sin libertad real de movimiento.
Las intervenciones pusieron también el foco en las condiciones de vida en los alojamientos, señalando prácticas de hacinamiento, control de entradas y salidas, y barreras para la socialización o el ejercicio de derechos básicos. La aprobación del Anexo IX en la Orden GECCO, que regula mínimamente estas condiciones, fue atribuida a la presión de colectivos sociales onubenses.
El debate final giró en torno a las barreras estructurales que impiden denunciar los abusos. Entre las causas, se señalaron el desconocimiento del idioma, la falta de apoyo legal, la amenaza de quedar fuera del sistema de retorno, y la desconfianza hacia las instituciones.
Desde Oxfam Intermón se presentó un análisis detallado de la Directiva Europea de Debida Diligencia en Cadenas de Suministro, cuya aprobación, precisamente, se confirmó al día siguiente en el Parlamento Europeo. La normativa obligará a las grandes empresas a identificar, prevenir y reparar vulneraciones de derechos humanos en toda su cadena de suministro, incluyendo la actividad agrícola en países como España.
La jornada concluyó con la presentación de un informe sobre condiciones laborales y de salud de temporeras agrícolas en Europa, elaborado en el marco de un proyecto de investigación con participación de varias universidades. Los responsables del estudio subrayaron que las prácticas abusivas hacia personas migrantes no son una excepción española, sino una tendencia generalizada en toda la Unión Europea.
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