Jueves, 12 de junio de 2025. Veinticinco años después de su aprobación, la Orden GECCO (Gestión Colectiva de Contratación en Origen, el marco jurídico de la denominada migración ciircular) celebrada este jueves en la Universidad de Huelva con toda solemnidad institucional, apertura de la Rectora y destacada presencia de cargos públicos y representantes diplomáticos de los países que participan en Gecco. Bajo el título 25 años de migraciones circulares, dando riqueza desde el agro de la provincia de Huelva, la Onubense acoge un acto conmemorativo revestido de carácter académico.
Y, en efecto, se conmemora algo: el blindaje de un sistema pensado para seleccionar, empaquetar, consumir y devolver mano de obra extranjera bajo apariencia de legalidad, desarrollo y cooperación. Un cuarto de siglo de explotación cuidadosamente etiquetada como “migración circular”.
Que la Universidad de Huelva haya cedido su espacio —y su legitimidad— para este lavado de imagen no es casual. El Consejo Social de la UHU esta presidido por José Luis García-Palacios Álvarez, quien estará ausente por participar en otro acto igualmente conmemorativo por los 25 años de Gecco organizado por una comunidad de regantes en su calidad de, también, presidente de ASAJA Huelva (y del lobby patronal Interfresa, la Federación Onubense de Empresarios y la Caja Rural del Sur). El aparato empresarial que se beneficia directamente del modelo, ocupa, sin intermediarios y por vía de la multipresidencialidad de García Palacios, el órgano de gobierno que avala esta “celebración”. No se trata de una coincidencia académica. Se trata de poder. Del uso cruzado de cargos, influencias y siglas para convertir una institución pública en escenografía al servicio del discurso patronal.
El programa oficial, diseñado y elaborado por el Instituto de Desarrollo Local de la UHU y la empresa re-Pueblarte, no contempla apartados en los que quepan el fraude en los contratos, la selección discriminatoria en origen, los partes de lesiones desatendidos, las condiciones de alojamiento, las denuncias judiciales o los silencios institucionales. Mucho menos a quienes lo han denunciado. Tampoco a quienes lo estudian con rigor científico y académico desde la propia Onubense —como el proyecto FemAgriSalud, que documenta el impacto del modelo GECCO sobre la salud y las condiciones de vida de las trabajadoras migrantes— han sido tenidas en cuenta. Precisamente este jueves, mientras se celebra el acto en el salón de grados dela Facultad de Humanidades, la investigadora principal de FemAgrisalud estará en Berlín participando en un foro académico internacional sobre los mismos temas que aquí se prefieren ignorar. Ninguno de sus datos, advertencias o líneas de análisis figura en el programa de este jueves en en Campus del Carmen..
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Durante años, miles de contratos se formalizaron como «obra y servicio», una modalidad abiertamente incompatible con lo que la Orden GECCO disponía y dispone. Las relaciones laborales que debían haber sido eventuales o fijas-discontinuas se disfrazaban para esquivar ufanamente la normativa y el Convenio Colectivo del Campo de Huelva, reducir cotizaciones y manipular las condiciones reales de las ofertas. Un fraude masivo, institucionalmente tolerado y nunca corregido. Cuando en 2022 la lucha social obligó a utilizar contratos fijos-discontinuos de cuatro años, muchas empresas encontraron nuevas fórmulas para seguir haciendo lo mismo: periodos de prueba manipulados, despidos documentados como falsas bajas voluntarias, campañas recortadas para no consolidar derechos… Nada de esto ha sido nunca perseguido o amonestado. Nada corregido.
Tampoco es neutra la selección de particpantes en el programa Gecco. Se contrata mayoritariamente (3 de cada 4) a mujeres marroquíes con hijos menores de 15 años, porque se asume que “así volverán”. No hay otra razón. No se mide experiencia ni se evalúa capacidad: se filtra en función de la maternidad como garantía de retorno. Un modelo así no busca mano de obra. Busca obediencia. Un sistema migratorio que utiliza los vínculos familiares como forma de control es todo lo contrario al «codesarrollo» que dice representar.
La salud, el Derecho a la Salud es, en el sistema GECCO, otro derecho condicionado. Vulnerado. Desconocido. No basta con estar dada de alta en la Seguridad Social. Si la empresa no acompaña, no gestiona, no traduce o no traslada, el acceso a la atención sanitaria se vuelve inalcanzable. Algunas dolencias se ignoran. Otras se silencian. Las más graves se resuelven con una repatriación anticipada. La protección a la salud de las trabajadoras migrantes contratadas en origen no depende del sistema: depende de la voluntad empresarial. Las altas cuotas de consultas de urgencias en los centros de salud de las poblaciones agrícolas a partir de las seis de la tarde, cuando finalizan las jornadas laborales, se explican solas.
En mayo de 2023, una trabajadora marroquí murió y otras 39 resultaron heridas al volcar el autobús de la empresa Surexport que las trasladaba a su centro de trabajo en Almonte. Tras el accidente, las trabajadoras heridas fueron concentradas, bajo llave, en un alojamiento controlado por la empresa. La mutua laboral MAZ gestionó directamente los partes, y varias de las víctimas fueron dadas de alta sin haber recuperado la movilidad. Al menos, en este caso de amplia repercusión mediática y social, las altas injustificadas e insostenibles de MAZ fueron revocadas. Muchos ojos mirando. Se impidió el acceso de intérpretes, colectivos sociales y abogados, incluso a aquellas trabajadoras que permanecían doloridas, desorientadas y sin entender qué les estaban firmando. Una de ellas fue trasladada del hospital público a una clínica privada sin que el Servicio Andaluz de Salud informara a su entorno, ni explicara el motivo del cambio. La respuesta institucional no fue una cadena de asistencia: fue un apagón informativo coordinado. Ninguna administración reconoció errores. Ninguna asumió responsabilidades. Todo quedó, como siempre, silenciado entre partes, mutuas y puertas cerradas. El 23 de marzo del año pasado volvió a ocurrir. Un autobús de Surexport tuvo un accidente en el mismo lugar y circunstancias muy similares. No hubo víctimas mortales. Si hubo heridas, algunas de gravedad, en un dèjá vu de lo ocurrido el año anterior que nunca se supo. Lo sabes tú, ahora que lo estás leyendo en esta carta. En ambos sucesos, hay víctimas con lesiones de gravedad e irreversibles que no han sido reconocidas por el Estado a pesar de los informes médicos… y el visible estado de las secuelas provocadas por el accidente. Los expedientes a los que ha tenido acceso estar revista revelan que la Seguridad Social ha calificado estos casos como “lesiones permanentes no incapacitantes”. Se pregunta uno si los profesionales que decidieron así, valoraron realmente a las mismas personas y los mismos informes. Cuando resolvieron que las jornaleras accidentadas y gravemente lesionadas pueden regresar a la misma actividad laboral, indemnizaciones mínimas y el cierre al acceso a prestaciones por Invalidez.
El caso de Smahia Benjafel expuso con claridad la forma en que el sistema GECCO puede ignorar incluso una enfermedad grave conocida desde hacía años. Trabajadora marroquí vinculada al programa GECCO desde 2007, había sido diagnosticada con cáncer de cérvix en 2016. Durante años, compatibilizó su participación en las campañas con tratamientos sufragados por ella misma en Marruecos, donde la sanidad pública no cubría su patología. En mayo de 2022, ya trabajando para Atlantic Blue, su estado de salud empeoró de forma evidente. A pesar de sus reiteradas solicitudes, la empresa no le proporcionó atención médica ni tramitó su baja. Fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, alertada por un familiar, y la presión de colectivos sociales para que Smahia fuera finalmente trasladada a Sevilla, donde fue ingresada en el Hospital Virgen Macarena. Allí se le diagnosticó miastenia gravis y se confirmó que su cáncer había entrado en fase terminal. Días después, regresó a Marruecos para pasar sus últimos momentos con su familia. Su historia no fue un accidente. Fue el resultado directo de un sistema que no reconoce derechos cuando ya no hay trabajo que aprovechar.
En febrero de 2024, Aicha AH, trabajadora marroquí de Frutas Airam, sufrió una lesión de rodilla. No fue llevada al centro de salud, sino «explorada» por su jefa, sin formación médica ni conocimiento de su idioma. La amenaza de repatriación fue la respuesta a su insistencia. Tras la intervención de colectivos sociales y la publicación del caso en esta revista, Aicha fue finalmente atendida. Pero en una de sus consultas, la médica que la examinaba solicitó la intervención de la Guardia Civil, alertada por la empresaria que la acompañaba como falsa intérprete. Alegaron que Aicha podía estar grabando la conversación, algo que no constituye ningún delito. Dos agentes entraron en la sala sin orden judicial, le cogieron el teléfono móvil, lo examinaron y se lo devolvieron. También fotografiaron su pasaporte. Ni la Benemérita, ni la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno han dado explicaciones por aquella intervención improcedente, inaceptable en un Estado de Derecho.
Los alojamientos, exigidos por la propia Orden GECCO como responsabilidad empresarial, presentan deficiencias estructurales, no cumplen condiciones mínimas de habitabilidad y suponen, además, un coste económico añadido e ilegal para muchas trabajadoras. En muchas fincas, las viviendas asignadas a las trabajadoras están deterioradas, con instalaciones mínimas, mobiliario precario, falta de privacidad y condiciones de higiene deficientes. Lo que debería formar parte del cumplimiento empresarial se convierte, además, en fuente de ingresos adicionales: numerosas temporeras denuncian que deben pagar por suministros básicos como la electricidad, el gas o el agua. Nada de eso figura en los contratos, ni en las nóminas, ni en las cotizaciones. El Convenio del Campo no lo permite. Y, sin embargo, es una práctica generalizada. Tolerada. Diríase que institucionalmente amparada. Un oportuno acuerdo alcanzado por patronales y administraciones con la Organización Internacional de Migraciones (OIM) se esgrime como la prueba de que las críticas contra los alojamientos están injustificadas. Desde la OIM, si embargo, se ha reconocido a esta revista que el organismo dependiente de Naciones Unidas carece de medios y datos suficientes para imprimir tal sello de calidad, y que las apreciaciones positivas que se le adjudican desde el sector de los berries están determinadas por una serie de visitas realizadas en coordinación con las organizaciones patronales. La OIM también ha revelado que, en su momento, elevó un informe al Gobierno de España, pero no ha querido facilitar su contenido. La Mar de Onuba solicitó hace varios meses dicho informe a Través del Portal de Transparencia del Estado. Superados todos los plazos legales establecidos, el Portal aún no ha respondido a la solicitud de esta revista.
Hay más: la ubicación. La mayoría de estos alojamientos están situados dentro de las propias fincas o en su entorno inmediato, lejos de núcleos urbanos, comercios, centros de salud o cualquier otra infraestructura básica. Las trabajadoras dependen por completo de la empresa para sus desplazamientos. No pueden salir, moverse, ni organizarse con autonomía. Este aislamiento físico se traduce en un aislamiento social y legal. El alojamiento, en este modelo, no es solo una vivienda precaria: es un mecanismo de control y contención. Y todo esto ocurre sin inspecciones regulares, sin sanciones conocidas, y bajo el amparo de un discurso institucional que sigue hablando de «convivencia modélica» mientras se normalizan abusos en silencio.
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El sistema también ha dado espacio y cobertura a otros tipo de negocios, menos visibles pero igualmente lesivos. Durante años, a muchas trabajadoras marroquíes se les cobraron primas de seguros de salud privados que nunca fueron consciente de estar contratando. Las cuentas bancarias, abiertas en sucursales de CaixaBank o Banco Santander por exigencia de empresas como Atlantic Blue. A las trabajadoras no se les entregaron pólizas, ni se les explicó el contenido de lo que estaban “comprando”. Los cobros se realizaban de forma automática, y los descuentos aparecían en sus extractos bancarios sin que hubieran dado su consentimiento. Las víctimas, miles. En algunos casos, como el del Santander, hubo devoluciones puntuales tras la publicación de informaciones alusivas al fraude en La Mar de Onuba. Pero no ha habido investigación judicial, ni actuación de la Inspección de Trabajo, ni ningún intento de depurar responsabilidades. Lo esencial sigue intacto: el fraude es masivo, y las instituciones prefirieren no ver, no escuchar y, sobre todo, callar.
Esta misma semana, esat revista ha revelado que hasta el “compromiso de retorno” a sus respectivos países de origen (cuyo coste corre a cargo de las propias temporeras Gecco) se ha convertido en una unidad de negocio de la que se benefician, entre otros, la agencia de viajes El Corte Inglés. Bajo la excusa de facilitar las gestiones y un retorno ordenado, las empresas imponen a las temporeras las compañías y tarifas con las que deben regresar. En el caso de Ecuador, esta revista ha podido comprobar que el precio cobrado por El Corte Inglés a las trabajadoras es hasta 180 euros superior que otras ofertas disponibles en el mercado.
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Aún así, algo está empezando a cambiar. Por primera vez en veinticinco años, un grupo de trabajadoras marroquíes ha conseguido constituir una sección sindical en una empresa de frutos rojos de Huelva. Otra trabajadora, empleada por una empresa distinta, la logrado presentar desde Marruecos la primera demanda judicial por despido improcedente en el marco de la contratación en origen. No son gestos simbólicos: son precedentes jurídicos y sindicales que abren una vía hasta ahora inédita. Por primera vez, el modelo GECCO es desafiado desde la base con herramientas legales. No lo han propiciado las instituciones. Ni el sindicalismo de clase. Mucho menos por quienes hoy se reparten elogios en la Universidad de Huelva. Pero está pasando. Y abre una -tan legítima como inesperada- posibilidad real de cambios.
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Lo que se celebra este jueves no es un éxito. Es la ratificación de un modelo que ha funcionado durante veinticinco años como si las consecuencias no importaran. Pero importan. Importa, por ejemplo, que tras veinticinco años de aplicación, el Estado español no sea capaz de saber cuánto recauda en concepto de cotizaciones sociales, IRPF y otros tributos relacionados con las personas trabajadoras contratadas en origen. Así lo ha confirmado —por escrito y por cuarta vez en cinco años— la Tesorería General de la Seguridad Social, que reconoce no disponer de una categoría que permita identificar a estas trabajadoras en sus sistemas. La respuesta a una solicitud cursada al amparo de la Ley de Transparencia lo deja claro: no se sabe cuánto cotizan, ni cuánto tributan, ni cuántas se quedan. Ni siquiera se puede saber. El modelo GECCO opera en una zona ciega del sistema público. Y sin trazabilidad, no puede hablarse de gestión ejemplar ni de circularidad verificable. El Estado no puede cuantificar estos 25 años dando riqueza desde el agro de la Provincia de Huelva. Opacidad institucional, autoinfligida a estas alturas.
Un modelo al que se le pone moqueta, ponencia y cáterin, sin rendir cuentas. Este jueves no faltan discursos, complicidades y buen vino de la tierra. Hay ausencias, y con ellas lo que se ignora y omite: la “otra realidad” de la contratación en origen y el campo onubense. La del fraude sistémico, la vulneración de derechos y el menoscabo a la caja pública dicha en voz alta por quienes la sufren en el marco privilegiado de la Universidad de Huelva. Hoy, reservado a quienes, lejos de querer escucharla, la silencian porque “daña al sector”. Feliz aniversario.
Seguimos.
Perico Echevarría es editor y director de La Mar de Onuba
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