La Policía Nacional identifica al menos 45 víctimas que pagaron entre 4.500 y 5.000 euros por contratos simulados para regularizar su situación
La operación se conoce mientras siguen abiertas las diligencias de la UCRIF por la venta de contratos vinculada al caso SolyFres, denunciado por La Mar de Onuba
Una investigación de La Mar de Onuba entregada en junio a la UCRIF provoca detenciones por vender contratos a personas migrantes
Jueves, 13 de noviembre de 2025. La Policía Nacional ha detenido en Huelva a tres personas acusadas de integrar un entramado dedicado a la venta de contratos de trabajo falsos a ciudadanos de terceros países en procesos de regularización. A los arrestados se les imputan delitos de estafa y falsedad documental, además de varias requisitorias judiciales vigentes en el caso del principal investigado, según ha informado la Comisaría Provincial de Huelva. La investigación, desarrollada en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha permitido destapar una red que ofrecía contratos simulados como vía para iniciar expedientes de regularización en España.
La denominada Operación Silver se inició en febrero de 2022, cuando la Tesorería General de la Seguridad Social en Huelva detectó la tramitación de altas laborales apoyadas en documentación supuestamente falsa. A partir de ese aviso, los investigadores de la Policía Nacional han identificado a 45 personas migrantes que, aprovechando su situación de necesidad y vulnerabilidad, fueron captadas para pagar entre 4.500 y 5.000 euros por contratos inexistentes o sin actividad laboral real, con el objetivo de poder iniciar los trámites de regularización administrativa.
Según la información policial, el entramado contaba con “conseguidores”, compatriotas de las propias víctimas, que eran quienes se encargaban de ofrecer los contratos simulados a cambio de los pagos. Estas personas han sido igualmente identificadas y detenidas, una de ellas en la provincia de Cáceres. Su papel, describe la nota de prensa, consistía en el reclutamiento de migrantes irregulares y en la intermediación entre estos y el principal responsable de la organización.
El presunto cabecilla de la red, antiguo gestor administrativo, habría aprovechado la cartera de clientes acumulada en esa etapa para extender su actividad delictiva. La Policía Nacional destaca las medidas de seguridad que adoptaba para evitar su localización: cambios frecuentes de aspecto mediante pelucas y otros elementos, uso de documentación falsa para identificarse —en el momento de la detención portaba un permiso de conducir falsificado— y utilización de un vehículo obtenido mediante una compraventa simulada, en la que ni el supuesto comprador ni el vendedor tenían constancia real de la operación. Sobre esta persona pesaban requisitorias de la Audiencia Provincial y de varios juzgados penales de Sevilla.
Tras su detención, los tres investigados fueron puestos a disposición de los juzgados de instrucción en funciones de guardia, que decretaron el ingreso en prisión del principal encausado por los delitos de estafa, falsedad documental y por las órdenes de búsqueda y detención que tenía en vigor. La investigación policial se mantiene abierta para delimitar con precisión el alcance económico de la red y el número total de personas afectadas.
La Operación Silver se da a conocer mientras continúan abiertas las diligencias policiales de la UCRIF de Huelva derivadas de la documentación entregada el pasado 24 de junio por esta revista sobre la venta de contratos en el sector agrícola onubense. Aquel expediente, elaborado por La Mar de Onuba en colaboración con la Asociación de Mujeres Migrantes en Acción (Amia), desembocó en la detención, el 30 de octubre, del propietario y la responsable administrativa de la empresa SolyFres, investigados por estafa, fraude a la Seguridad Social, coacciones y delitos contra los derechos de las personas trabajadoras en un contexto de cobro de cantidades de hasta 6.000 euros por contratos y gestiones de regularización.
Se trata de investigaciones distintas, con protagonistas y modus operandi no coincidentes: en el caso SolyFres, los hechos investigados giran en torno al uso de contratos reales como herramienta para explotar y endeudar a personas trabajadoras; en la Operación Silver, la Policía Nacional describe un sistema basado en contratos directamente falsos, sin actividad laboral efectiva. En ambos escenarios, las actuaciones policiales ponen en el centro un mismo patrón: la conversión del contrato de trabajo, y con él de los derechos laborales y de residencia, en mercancía sometida a pago para personas migrantes en situación de especial vulnerabilidad, cuya protección jurídica vuelve a depender de la capacidad de las instituciones para investigar y acreditar los abusos.
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