Miércoles, 8 de julio de 2026. Como viene sucediendo casi todos los veranos, después de terminadas las faenas en las fincas de frutos rojos de la provincia de Huelva, un ritual de fuego sirve para comunicar a la mano de obra en situación irregular que su presencia ya no es necesaria.
Desde hace casi treinta años, el «milagro económico» del cultivo de frutos rojos en las comarcas costera y del Condado, se basa en un pilar bien simple: un numeroso contingente de mano de obra dispuesta a realizar unas labores, de suyo extenuantes, a cambio de salarios bajos (los más bajos posibles). A esta «tentadora» propuesta nunca han respondido las trabajadoras y trabajadores nacionales. La patronal del sector, agrupada bajo la marca Freshuelva, entendió de inmediato que aquí no era posible aplicar ese principio que se ha venido en llamar «de la prioridad nacional». En su lugar, son trabajadoras de origen extranjero quienes hacen posible, desde hace décadas, el «milagro rojo». Procedentes de Europa del Este en los primeros años, hoy son predominantemente personas de origen africano: marroquíes y subsaharianos. El patrón, como se puede comprobar, es el de la vulnerabilidad creciente; el de la máxima pobreza del país de origen.
Unas veintiún mil personas son, en efecto, «contratadas en origen». No obstante, en torno a otras seis mil no son contratadas en ningún sitio: son las trabajadoras y trabajadores irregulares, cuya participación en las tareas agrícolas se revela, años tras año, imprescindible, porque año tras año su presencia es requerida en fincas de los términos municipales de Palos, Lucena, Moguer y Lepe. A cambio de trabajar por aproximadamente la mitad del salario de las «contratadas en origen», no reciben absolutamente nada: ni vivienda, ni suministro eléctrico, ni agua, ni saneamientos, ni asistencia médica, ni empadronamiento. Una vulneración de los derechos humanos más básicos, que ya hizo empalidecer al relator especial de las Naciones Unidas en 2020.
El problema real es que estas personas, además de trabajar a deshoras y sin derechos, también se empeñan en vivir, para lo cual construyen asentamiento chabolistas que carecen, como hemos dicho, del más mínimo servicio. Asentamientos que permanecen como «parques temáticos» de la miseria y la explotación, una vez que las faenas han concluido, en los términos municipales de las localidades mencionadas.
Es en ese momento en el que el fuego entra en acción. Pavorosos incendios que arrasan con chozas, y destruyen las ínfimas posesiones de sus habitantes, cuando no sus propias vidas. Ha vuelto a ocurrir, en Palos, en el polígono de San Jorge. Trescientas chabolas han quedado carbonizadas y sus ocupantes, absolutamente despojados de todo, han quedado al cielo raso. Mientras la Subdelegación de Gobierno trata de habilitar soluciones de emergencia, la alcaldesa de la localidad, Milagros Romero (PP), ya ha adelantado que el municipio no tiene nada que ofrecer a estas personas, ni siquiera refugio temporal, ya que no reconocen su existencia. También un año más, se han negado a empadronarlas, contraviniendo las leyes. Así lo ha denunciado en numerosas ocasiones la plataforma ‘Padrón por Derecho’, que celebró recientemente sus jornadas estatales en la localidad de Mazagón.
Año tras año, el «rayo que no cesa» de abatirse sobre los asentamientos de personas trabajadoras en la agricultura intensiva onubense es el rayo del racismo y del desprecio a los derechos humanos. Ya van casi tres décadas en que ninguna administración pone fin a esta situación lacerante, a esta auténtica vergüenza nacional.
Detrás del apabullante éxito del que cada temporada hace ostentación Freshuelva, se oye el rumor sordo de las llamas de la injusticia, y se percibe el olor a quemado de nuestra dignidad democrática.
José Antonio González es doctor en Filosofía y portavoz local de Podemos Huelva.
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