El comité de empresa advierte que la reducción compromete la seguridad de trabajadores, instalaciones y núcleos como Palos, Mazagón y Huelva
Concentraciones este lunes 11 en el Ayuntamiento de Huelva y el martes 26 ante la Inspección de Trabajo, tras el rechazo de la empresa a suspender el plan de recortes y abrir negociación
El plan de reorganización interna de la antigua refinería de Cepsa, ahora bajo control del fondo Carlyle, contempla la eliminación de hasta 30 puestos de trabajo sin negociación previa
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Viernes, 8 de agosto de 2025. El Comité de Empresa de Moeve Energy Park La Rábida ha manifestado su rechazo frontal al plan de reorganización que la dirección de la compañía ha comenzado a ejecutar sin haber abierto un proceso formal de negociación con la representación legal de los trabajadores. El denominado “Proyecto 3D” contempla la supresión de hasta treinta puestos de trabajo en varias de las plantas del complejo energético de La Rábida, actualmente en funcionamiento a pleno rendimiento. Según denuncia el comité, esta reducción de personal se está llevando a cabo sin disminuir la producción, lo que implica una redistribución forzosa de la carga de trabajo entre los operarios que permanecen en los puestos, con el consiguiente aumento de exigencia y riesgo.
La representación de los trabajadores alerta de que esta situación puede comprometer la seguridad laboral, operativa y medioambiental no solo del propio complejo, sino también de las instalaciones colindantes y de los municipios cercanos, entre ellos Palos de la Frontera, Mazagón y la ciudad de Huelva. “La seguridad no se negocia”, subraya el comité, que asegura haber detectado ya carencias en las medidas de prevención de riesgos en las plantas afectadas.
La compañía, propiedad del fondo estadounidense Carlyle tras la adquisición de los activos de Cepsa en Huelva y otras localizaciones en 2022, ha iniciado este proceso de transformación enmarcado en una estrategia de optimización que incluye digitalización y reducción de costes laborales. Según los representantes sindicales, estas decisiones se están aplicando de forma unilateral, sin tener en cuenta lo previsto en la legislación laboral ni en el convenio colectivo en vigor.
Tras más de dos meses intentando entablar un diálogo con la empresa, el Comité de Empresa ha vuelto a encontrarse con la negativa de Moeve a negociar. Así lo denuncian tras la última reunión mantenida esta semana en la sede del SERCLA (Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía), donde los trabajadores solicitaron sin éxito la paralización temporal del proyecto y la apertura de una mesa de negociación formal con participación activa del comité y las secciones sindicales.
Ante lo que califican como un “nuevo episodio de intransigencia” por parte de la dirección, el pleno del Comité de Empresa ha acordado mantener su agenda de acciones sindicales durante el mes de agosto, así como elevar el conflicto a los niveles institucionales y públicos.
En este sentido, se ha convocado una primera concentración para el lunes 11 de agosto a las 09:00 horas en la puerta del Ayuntamiento de Huelva, acto que contará con los permisos solicitados a la Subdelegación del Gobierno. En el marco de esta movilización, los representantes de los trabajadores tienen previsto reunirse con la Alcaldía para trasladar su preocupación por los déficits de seguridad detectados en el Parque Energético de La Rábida y su posible impacto sobre las personas e infraestructuras del entorno.
La segunda concentración está prevista para el martes 26 de agosto, también a las 09:00 horas, en esta ocasión ante la sede de la Inspección de Trabajo de Huelva, con la intención de entregar un informe detallado de la situación y solicitar la intervención activa del organismo en el conflicto.
Además, el Comité de Empresa ha iniciado los contactos necesarios para coordinar un Comité Intercentros extraordinario que reúna a la representación sindical de Moeve en todos sus parques energéticos, con el objetivo de abordar el conflicto de forma conjunta, preservar el empleo y exigir una transformación que respete los derechos laborales y garantice las condiciones de seguridad.
El Comité insiste en que seguirá defendiendo una transición justa, basada en el diálogo y el cumplimiento estricto de la normativa vigente, frente a lo que consideran una imposición autoritaria que pone en peligro tanto los puestos de trabajo como la integridad de las instalaciones.
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