La alcaldesa retuerce el sentido del acuerdo plenario para insinuar silencios y responsabilidades ocultas que no aparecen ni en el texto aprobado ni en la investigación judicial.
El dictamen se limita a justificar la personación del Ayuntamiento en las Diligencias Previas abiertas tras el accidente ferroviario y designar abogado y procuradora.
Viernes, 27 de febrero de 2026. El Ayuntamiento de Huelva ha decidido personarse como acusación popular en las Diligencias Previas abiertas tras el accidente ferroviario de Adamuz. La decisión se ha aprobado este viernes en el Pleno Ordinario municipal de febrero con el voto favorable de todos los concejales presentes (no por unanimidad del conjunto de la Corporación, como ha trasladado la nota oficial del equipo de gobierno popular, ya que la concejala de Con Andalucía, Mónica Rossi, no se encontraba durante la defensa y votación del dictamen). Se acoge a las previsiones legales de personación de organismos y organizaciones en diligencias judiciales de evidente interés público. Otra cosa es la utilización política que la Alcaldesa y el Partido Popular ya hacen de ella.
La propuesta ha sido defendida en el Pleno por el Teniente de Alcaldesa Delegado de Economía y Hacienda, Francisco Muñoz, en los términos recogidos en el dictamen jurídico municipal. Su intervención se ha limitado a explicar la base legal de la iniciativa: la posibilidad de que el Ayuntamiento se persone como acusación popular para estar presente en las diligencias previas, seguir el curso de la investigación judicial y actuar en defensa del interés público. En esos mismos términos se ha formulado el dictamen sometido a votación, apoyado, adecuadamente, por los grupos de PP, PSOE y –con las formas habituales de la formación de extrema derecha– Vox.
El documento aprobado por las y los concejales presentes, empero, es mucho más limitado y preciso de lo que sugiere el tono del discurso político que lo ha acompañado. El dictamen se limita a justificar jurídicamente la personación del Ayuntamiento en las diligencias previas abiertas tras el trágico accidente ferroviario en el que fallecieron varias decenas de personas, 10 de ellas, vecinas y vecinos de Huelva capital. La provincia registró 29 de los 46 fallecidos en el accidente, que se produjo el 18 de enero cuando un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga–Madrid descarriló e invadió la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe que había partido desde Madrid hacia Huelva.
La apertura de «diligencias previas» en un accidente con víctimas es una actuación judicial ordinaria, que se inicia de oficio para esclarecer qué ocurrió. De su mera existencia no puede inferirse que se esté persiguiendo un delito ni que el procedimiento tenga ya un objeto penal definido: esa investigación sirve, justamente, para determinar los hechos y valorar si de ellos pudiera derivarse -o no- algún tipo de responsabilidad penal o civil. De su resultado podrán establecerse, por ejemplo, las indemnizaciones a percibir por los familiares de las personas fallecidas y por quienes resultaron heridas en el trágico accidente, y a quién corresponderá su abono.
En ese sentido, el argumento central del dictamen municipal es igualmente concreto: en el tren siniestrado viajaban vecinos de Huelva y, por ese motivo, existe un interés público que justifica la presencia institucional en esas diligencias previas. No hay en el texto aprobado un relato de silencios, ocultaciones o verdades pendientes. Hay una justificación jurídica de personación. Nada más.
De hecho, el propio dictamen incorpora una cautela jurídica que conviene tener presente. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha advertido en distintas ocasiones sobre la necesidad de evitar que la acción popular se utilice con fines ajenos al proceso o como instrumento de proyección política. Los tribunales han señalado reiteradamente el riesgo de que determinadas personaciones institucionales desborden el marco estrictamente procesal para situarse en el terreno del debate público. El documento municipal menciona esa doctrina como parte del marco jurídico en el que debe interpretarse cualquier iniciativa de este tipo.
Ese marco jurídico contrasta con la intervención con la que la Alcaldesa ha cerrado el debate antes de la votación. Pilar Miranda ha afirmado que “Huelva no puede permanecer en silencio”, que la ciudad «tiene derecho a saber qué ocurrió y por qué ocurrió” y que «no puede permitirse que la búsqueda de responsabilidades quede sin respuesta». Ese lenguaje no forma parte del dictamen aprobado ni de la exposición con la que el Teniente de Alcaldesa lo ha defendido. Introduce un registro distinto, en el que el Ayuntamiento aparece presentado como garante de la verdad ante la posibilidad implícita de que esa verdad pudiera no llegar a conocerse.
La diferencia no es menor. Lo que el Pleno ha aprobado es una personación procesal en unas diligencias previas ya abiertas de oficio para investigar un accidente con víctimas. El discurso político que Pilar Miranda ha introducido al cerrar el debate sugiere otra cosa: que habría silencios, que podría haber una verdad que no aflore y que sería necesaria una intervención institucional para evitarlo. Ese salto —del plano procesal al plano político— altera el sentido del texto aprobado por «unanimidad» de los grupos presentes en el Pleno.
Un cambio de registro que no se produce en un vacío político. Llega en un momento en el que el debate público nacional sigue marcado por las consecuencias de la dana que asoló parte de la Comunidad Valenciana y por la controversia sobre la gestión institucional de aquella emergencia. En ese contexto, el lenguaje empleado por la alcaldesa en el Pleno de Huelva —»verdad», «silencio», «responsabilidades», «impunidad», «justicia»— encaja con un marco político que busca trasladar al terreno del accidente ferroviario de Adamuz un clima de confrontación que pertenece a otro escenario.
En el caso de Adamuz hay diligencias previas abiertas de oficio y una investigación en marcha: el cauce ordinario para esclarecer un accidente con víctimas. La existencia de esas diligencias no equivale a que exista ya delito en persecución, ni autoriza a insinuar que la verdad dependa de un gesto político. La función de esas diligencias previas es investigar y, en su caso, determinar si procede -o no- depurar responsabilidades penales.
La personación municipal no altera ese marco. Permite al Ayuntamiento seguir el desarrollo de las diligencias previas y ejercer, en su caso, actuaciones procesales dentro de ese procedimiento. No convierte al Ayuntamiento en investigador de los hechos ni en garante último de la verdad judicial. Esa función corresponde al órgano instructor y al Ministerio Fiscal, en el ámbito de las competencias que ya ejercen desde el minuto uno tras el fatal accidente.
Por eso la distancia entre el contenido del dictamen aprobado y el discurso político que lo ha acompañado resulta tan significativa. Una cosa es que una institución local decida estar presente en unas diligencias previas que afectan a vecinos de su ciudad. Otra distinta es utilizar ese gesto institucional para insinuar silencios o responsabilidades ocultas, como si la mera existencia de diligencias previas implicara ya un horizonte penal definido.
Las tragedias exigen respuestas públicas, pero también exigen prudencia en el uso de las instituciones que representan a toda la ciudadanía. Convertir una personación en diligencias previas —un instrumento procesal limitado— en un relato político de sospecha no acerca la verdad ni mejora la investigación. Solo introduce ruido y desplaza el foco del lugar donde debe estar: de lo que deben esclarecer los tribunales a lo que conviene insinuar desde un atril.
El accidente de Adamuz merece verdad y depuración de responsabilidades si las hubiera. Y merece, sobre todo, respeto al marco en el que esa verdad se construye: unas diligencias previas abiertas para investigar hechos, no para alimentar relatos. El Ayuntamiento puede y debe acompañar a las víctimas. Pero que el equipo de gobierno no utilice ese acompañamiento para convertir la investigación judicial en una pieza más de la disputa partidista. Eso no es «acompañar a las víctimas». Tiene otro nombre.
Pilar Miranda ha hecho uso este viernes de su privilegio institucional de cerrar el debate del Pleno —sin posibilidad de réplica— para alterar públicamente el sentido de lo que acababa de aprobarse. El dictamen votado autoriza al Ayuntamiento a personarse como acusación popular en las diligencias previas abiertas tras el accidente ferroviario de Adamuz y designa abogado y procuradora a tal efecto. Una decisión procesal concreta. Nada más.
Pero en su intervención final, y abusando del privilegio, Miranda ha pretendido transformar la proyección pública del acuerdo plenario en otra cosa. Ha hablado de "silencio", de "verdad", de "justicia", de "impunidad"... Ha presentado la decisión municipal como si el Pleno hubiera adoptado una suerte de posición moral de la ciudad frente a una verdad que alguien estaría ocultando o frente a responsabilidades que alguien estaría tratando de evitar.
Eso no figura en el dictamen.
Lo que el Pleno ha aprobado este viernes es una personación en unas diligencias previas abiertas para investigar un accidente. La intervención de la alcaldesa ha proyectado otra escena: una suerte de declaración solemne de la ciudad ante un supuesto silencio institucional y ante una verdad que habría que arrancar.
El procedimiento es burdo, pero eficaz. Aprovechar el turno de cierre de la presidencia —el único momento del debate en el que nadie puede contestar— para colocar sobre lo votado un relato político completamente distinto del que figura en el texto aprobado.
Y en su arranque se le ha escapado, además, un lapsus: “Hacerlo es dar votos…". La rectificación ha sido inmediata: "...es dar voz a quienes ya no están”. Desliz que no dice nada. Pero aparece justo cuando la alcaldesa empieza a convertir una decisión procesal en un solemne gesto moral de la ciudad sostenido sobre sus propios hombros.
Ese desplazamiento encaja con el marco político que el Partido Popular intenta instalar en el debate nacional tras el accidente de Adamuz: proyectar sospecha sobre la actuación del Gobierno central mientras siguen abiertas las críticas por la gestión del gobierno valenciano —también del PP— durante la dana de octubre de 2024. Gestión que evoca otras tragedias cuya nefasta gestión posterior llevan la firma del Partido Popular.
La interpretación política con la que la Alcaldesa ha envuelto la decisión del Pleno al cerrar el debate no forma parte del dictamen aprobado en ese acuerdo. Es una construcción añadida desde la presidencia del Pleno. Un uso abusivo y partidista del privilegio.
Sea el primero en desahogarse, comentando