Lunes, 23 de febrero de 2026. Gracias al escrito que el Sindicato de los Obreros Mineros de Huelva presentó a las Comisión Interministerial inspectora de las condiciones de Trabajo en las minas de Tharsis podemos hacernos una idea de las condiciones de vida de los mineros a finales de los años veinte. El informe iba firmado por Ramón González Peña, en ese momento secretario general.
En materia de legislación laboral González Peña afirmaba que la empresa había corregido bastantes incumplimientos de la misma. La jornada laboral se cumplía según lo marcado por la ley, así como la de accidentes de trabajo. Se pensaba que esos incumplimientos no eran conocidos por la dirección de la empresa, y se esperaba que las órdenes dadas se seguirían cumpliendo en el futuro.
Pero los salarios eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores, siendo los más bajos de toda la industria minera española. Del estudio de cada situación se llegaba a la conclusión de que la media estaba en 3’60 pesetas por obrero y día. Exigir una subida salarial no suponía, en opinión de González Peña, poner en peligro la industria. La empresa, y siempre según el informe, podía alegar que eso quedaba compensado porque se ofrecía a los trabajadores los productos de primera necesidad a precios más económicos que los que regían en el comercio onubense. Pero el Sindicato había realizado una investigación y había comprobado que no había gran diferencia entre los precios de los productos del comercio libre y los de las cooperativas de las minas de Tharsis.
La situación de las viviendas era lamentable porque, en realidad, no parecían viviendas para poder vivir con dignidad. Pero no los trabajadores no se quedaban en la queja, sino que aportaban soluciones. Los obreros querían crear una cooperativa de casas baratas o económicas con arreglo a la legislación vigente. La empresa debía ceder gratuitamente los solares. Con estos solares y las cuotas recaudadas se concertaría un empréstito con la Caja Colaborador de Previsión Social de Sevilla o con su filial de Huelva. De ese modo, se podía solucionar el problema. El sindicato esperaba que la empresa accedería a esto, porque, además, existía el precedente de la Sociedad Minera Metalúrgica de Peñarroya, que había entregado a las cooperativas de casas baratas de los obreros de aquella cuenca minera solares por valor de medio millón de pesetas.
Por fin, el sindicato deseaba que se informase al Gobierno de los “deseos legítimos” de los obreros para que se crease en Huelva la Caja Colaboradora para poner en marcha los retiros, y dando en la misma la debida representación a los trabajadores.
El sindicato también veía la urgente necesidad de que se estableciese un tribunal industrial en Huelva. Ya había Comité Paritario pero hacía falta el Tribunal.
Hemos empleado como fuente el número del 17 de mayo de 1929 de El Socialista.
Eduardo Montagut, colaborador de La Mar de Onuba, es Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica. @montagut5
Sea el primero en desahogarse, comentando