Las Memorias Económicas de dos proyectos normativos que tramita la consejería de Sanidad, indican que las plazas de médicos especialistas y enfermeras que vayan quedando vacantes por jubilaciones, renuncias, etc., no se cubrirán, a pesar de que Moreno Bonilla no para de quejarse de la falta de profesionales sanitarios en toda España.
A la vista de la situación en la que se encuentra la asistencia sanitaria en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), con listas de espera interminables, los andaluces no son conscientes de las graves consecuencias que podría generar ambas normas en la Sanidad pública andaluza.
Jueves, 13 de noviembre de 2025. Las dos órdenes que pretende aprobar la consejería de Sanidad para la creación de dos nuevas categorías de investigadores revelan de nuevo el caos existente en el Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), y que la asociación Justicia por la Sanidad, tras las oportunas investigaciones, ha decidido hacerlo público.
Los devastadores efectos que generaría la creación de ambas categorías de personal estatutario en Andalucía deberían provocar la inmediata reacción del presidente Moreno Bonilla y del nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, paralizando ambos proyectos normativos, que extrañamente han apoyado numerosos colectivos: sindicatos, profesionales, colegios oficiales, etcétera.
Este nuevo hecho, como se explica a continuación, revela que no hay inteligencia en los mandos de la Administración sanitaria andaluza y sobra mucha demagogia electoral, pues ya se ha encargado la Administración y su prensa afín de vender a bombo y platillo la creación de este personal investigador como la panacea para los andaluces.
Los dos proyectos normativos que tramita la consejería de Sanidad (sus expedientes figuran en la página web de la Junta de Andalucía, y se enlazan a continuación), son los siguientes:
Como un hecho relevante a tener en cuenta, en el expediente del segundo proyecto de Orden aparecen las Memorias e Informes suscritos por la que era Directora General de Personal del SAS, Carmen Bustamante Rueda, que, casualmente, es enfermera, y cuyo nombramiento en 2022 fue valorado positivamente por el sindicato de enfermería SATSE, un sindicato que ha apoyado ambos proyectos normativos, aunque ha tenido la oposición del sindicato médico andaluz, SMA.
Según los certificados suscritos por la Secretaria de la Mesa Sectorial de Sanidad en marzo de 2023, que constan en el expediente de ambos proyectos normativos, las Organizaciones Sindicales SATSE, CSIF, CCOO y UGT han dado el visto bueno a los documentos presentados sobre dichos proyectos a la sesión de la Mesa Sectorial de Sanidad celebrada el 22 de octubre de 2022, mientras que el SMA-F se ha manifestado en contra. Se desconocen los motivos alegados por el SMA-F, dado que no se exteriorizan en el certificado de la Mesa Sectorial de Sanidad, otro ejercicio de opacidad típica en todo lo que rodea al SSPA.
Lo que sí puede deducirse es que, al resto de sindicatos, nada les importa que se reduzcan las plazas de facultativos especialistas y de enfermeras en el SAS para crear las nuevas plazas de investigadores, a sabiendas de que, según los dos proyectos de orden, podrán dedicarse exclusivamente a la investigación entre el 50 y 100% de la jornada, dejando reducido el tiempo dedicado a la asistencia a los pacientes.
Viendo la situación en la que se encuentra la asistencia en el SAS, con listas de espera interminables, ¿son los ciudadanos conscientes de las consecuencias de que conlleva la creación de estas dos categorías?
Resulta increíble que los sindicatos que han apoyado los dos proyectos de orden no hayan denunciado públicamente esta atrocidad, a pesar de quejarse continuamente de la excesiva carga de trabajo que tienen los profesionales sanitarios del SAS ante la reducción drástica en su número, lo cual revela una incoherencia digna del Libro Guinness de los Récords.
Pero si es injustificable esto que ha ocurrido con la mayoría de los sindicatos del SSPA presentes en la Mesa Sectorial, menos aún lo es que el propio gobierno andaluz apoye esta nueva atrocidad en el SSPA, por los mismos motivos.
A continuación, se exponen dos extractos de las citadas Memorias Económicas, que acreditan lo indicado anteriormente:
Tal como señalaba este articulista en el reciente artículo publicado en este diario sobre las graves ilegalidades cometidas con el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama y otros programas, resulta fundamental analizar la necesidad de las normas y cómo puede afectar a la organización del SSPA, sus recursos humanos y presupuestarios, entre otros aspectos a evaluar. Que la consejería de Salud (ahora de Sanidad), haya previsto en las Memorias de ambos proyectos de orden,que la creación y convocatoria de plazas pertenecientes a las nuevas categorías de investigadores se llevará a cabo con cargo a plazas que vayan quedando vacantes como consecuencia de jubilaciones, renuncias, etc., es tan atroz que revela la deriva del gobierno andaluz que dirige Moreno Bonilla.
Asimismo, resulta difícil comprender el motivo de la creación de estas nuevas categorías, dado que la investigación, al igual que la prevención, docencia y asistencia sanitaria, son funciones transversales que afectan a las distintas categorías existentes de personal estatutario sanitario del SSPA. De hecho, el propio SAS no para de publicar noticias sobre los descubrimientos que realizan los profesionales en sus proyectos de investigación, unos proyectos que las Administraciones Públicas subvencionan (ver esta página web del SAS), además de que el SAS no para de reforzar desde hace años los proyectos de investigación con personal contratado, como puede comprobarse en esta web: convocatorias y programas.
“Discriminación con el resto de categorías de personal estatutario”
Además, ¿alguien con un mínimo de sentido común ha pensado en lo que podría ocurrir si se crean esas dos categorías de investigadores para médicos especialistas y enfermeras? Porque el efecto consiguiente sería la solicitud de creación de nuevas categorías de investigadores para el resto de categorías existentes de personal estatutario: médicos de familia, psicólogos, fisioterapeutas, farmacéuticos, podólogos, ópticos, dietistas-nutricionistas, logopedas, etcétera.
¿O acaso el resto de categorías deberán seguir investigando como hasta ahora, creándose una discriminación con relación a los médicos especialistas y enfermeras, que parecen privilegiarse por la Administración andaluza?
Esta discriminación entre categorías no queda justificada en el expediente de ambos proyectos, y es lo que faltaba en el caótico SSPA, por no hablar de las funciones de investigación que tendrá el nuevo Instituto de Salud de Andalucía que se ha aprobado por Ley en el Parlamento andaluz, y que viene a crear aún más confusión al SSPA. ¿Nadie ve lo absurdo que resulta el planteamiento de la consejería de Sanidad? Obviamente, en la partidocracia instituida en España en 1978, hay pocos analistas rigurosos y muchos creyentes y hooligans de partidos.
Otra observación importante: los Colegios Oficiales de profesionales sanitarios que quedarían discriminados con la aprobación de dichas normas, ¿no han denunciado públicamente esta barbaridad? Cuesta comprender para qué sirven tantos Colegios Oficiales, considerados en España “corporaciones de derecho público”. ¡Manda narices!
A esto hay que añadir que, el Real Decreto 184/2015, por el que se regula el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento de su actualización, refleja las categorías existentes en todas las Comunidades Autónomas, y no existen dichas categorías que ahora se pretenden crear por la consejería de Sanidad, por lo que habría que preguntarse qué persigue realmente la Administración sanitaria andaluza con el invento de ambas categorías. Todo apunta a una mera propaganda electoral, vendiendo que aquí en Andalucía somos punteros en investigación. Sin embargo, para esto, no hace falta proponer la creación de ambas categorías.
Por último, como contribución al caos ya existente en el SSPA, en el artículo 8 del proyecto de orden de facultativos se mencionan las Unidades de Gestión Clínica (UGC) para los Facultativos especialistas que desarrollan su labor en la Atención Hospitalaria, cuando dichas UGC no deberían existir, dado que carecen de regulación jurídica, como ocurre con la UGC de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario “Virgen del Rocío”, en el foco de atención tras los fallos detectados en el cribado del cáncer de mama. A pesar de no tener dicha cobertura jurídica, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, adscrita a la consejería de Sanidad, lleva años certificando la calidad de dichas UGC que carecen de regulación jurídica. El caos en el SSPA, insisto, se normalizó hace años.
El nuevo consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el presidente Moreno Bonilla, ¿van a permitir esta otra atrocidad? ¿Cuántas habrá que sumar? Sería, sin duda, “otro crimen sin castigo”.
Luis Escribano del Vando es Químico industrial, funcionario del Cuerpo Superior Facultativo en el Servicio Andaluz de Salud, presidente de la asociación Justicia por la Sanidad @13mescribano // Facebook de Luis Escribano
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