El secretario de Estado de Medio Ambiente advirtió el lunes de que la erosión del litoral, el futuro del paseo marítimo y las propiedades afectadas responden a un proceso “irreversible” ligado al cambio climático.
La Subdelegada en Huelva sostiene que cualquier medida debe encajar en el marco competencial y en la legalidad vigente, evitando generar expectativas que no puedan ser atendidas desde el Gobierno de España.
Ayuntamiento, propietarios y empresarios exigen soluciones inmediatas y rechazan cualquier escenario que implique ceder terreno al mar o reubicar infraestructuras.
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Miércoles, 7 de enero de 2026. La Subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha salido este miércoles a reconducir el malestar social en Matalascañas tras el debate abierto el pasado lunes por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, sobre el futuro del litoral urbano del entorno de Doñana y la necesidad de superar políticas paliativas en un contexto de crecimiento del nivel del mar que Morán calificó como “irreversible”.
Rico ha puesto el foco en la contención de la incertidumbre generada en el núcleo costero, situando en primer plano las medidas de emergencia y seguridad tras los daños del temporal Francis. La Subdelegada ha concretado aportes de arena en los tramos más afectados de la playa, el refuerzo de espigones, la evaluación técnica de edificaciones en riesgo —entre ellas el edificio Alcotán— y la activación de los mecanismos necesarios para tramitar ayudas por los daños ocasionados. Rico ha señalado además que la Unidad Militar de Emergencias se encuentra evaluando la situación sobre el terreno a petición del Ayuntamiento de Almonte y ha anunciado que el debate sobre cualquier cambio estructural del modelo litoral se trasladará a una reunión en Madrid prevista para el próximo 14 de enero, en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
En ese marco, Rico ha subrayado que la respuesta a la situación de Matalascañas debe ajustarse estrictamente al reparto de competencias entre administraciones, precisando que las actuaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre corresponden al Estado a través de la Demarcación de Costas, mientras que las intervenciones en infraestructuras urbanas, accesos, servicios municipales y edificaciones privadas quedan fuera de ese ámbito y dependen de otras administraciones o de los propios titulares afectados. La Subdelegada ha insistido en que cualquier medida debe encajar en ese marco competencial y en la legalidad vigente, evitando generar expectativas que no puedan ser atendidas desde el Gobierno de España.
Asimismo, Rico ha recordado que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil requiere una solicitud formal del Ayuntamiento, y que sólo a partir de ese trámite pueden activarse los mecanismos estatales de ayuda. Según ha explicado, el papel del Gobierno en esta fase pasa por coordinar, evaluar técnicamente los daños y actuar dentro de sus competencias, mientras que otras decisiones deberán adoptarse desde el ámbito municipal, autonómico o en coordinación interadministrativa.
Malestar tras el temporal Francis y el anuncia de la Secretaría de Estado
La intervención de Rico se produce tras una reunión de urgencia convocada este mismo miércoles por el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ante la presión acumulada en Matalascañas por los daños del último temporal y por la inquietud generada en torno al futuro del litoral. En ese encuentro han participado la propia Subdelegada; el jefe provincial de Costas, Gabriel Cuena; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, José Manuel Correa; y la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Patricia Barrera, junto a miembros de la corporación municipal de Almonte.
El contexto inmediato de esa reunión viene marcado por los efectos del temporal Francis, que ha vuelto a golpear con fuerza el frente litoral de Matalascañas. El episodio ha dejado importantes pérdidas de arena, daños en el paseo marítimo y afecciones directas en edificaciones situadas en primera línea, reavivando un escenario de emergencia que el municipio arrastra desde hace años y que se ha agravado en los últimos inviernos. Entre los puntos más sensibles se encuentra el conocido edificio Alcotán, donde la erosión y la proximidad del mar han obligado a extremar las medidas de seguridad. Ante el riesgo detectado, el Ayuntamiento solicitó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias, que se ha desplazado a la zona para realizar labores de evaluación técnica y apoyo en la valoración de los daños y de la estabilidad de las construcciones afectadas.
Ese escenario de daños materiales y de incertidumbre social explica la reacción inmediata de propietarios, empresarios y vecinos del núcleo costero, que han reclamado soluciones visibles y urgentes para proteger el paseo marítimo y las viviendas más expuestas. El rechazo a cualquier planteamiento que implique ceder terreno al mar o reubicar infraestructuras como el propio paseo marítimo de Matalascañas se ha hecho explícito, especialmente entre quienes ven amenazada la base económica del enclave turístico.
Y es que al malestar por los efectos del temporal, se suma ahora el incómodo debate abierto el pasado lunes desde el Gobierno central. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, calificó como “irreversible” el proceso de erosión del litoral y apuntó a la necesidad de superar políticas paliativas, un planteamiento que, aunque formulado en términos técnicos y a medio plazo, fue recibido como una posible antesala de cambios profundos en el modelo urbano del frente litoral.
La respuesta institucional busca separar planos. Mientras el diagnóstico de fondo sobre los límites físicos del litoral queda pendiente de una discusión técnica y competencial más amplia, la actuación inmediata se orienta a contener la tensión social y a responder a los daños provocados por Francis. En ese sentido, la reunión anunciada para el 14 de enero en Madrid aparece como el espacio al que se traslada el debate estructural, fuera del foco local inmediato.
La secuencia de los últimos días deja así un escenario definido por dos tiempos distintos: el de la emergencia y la presión social que exige respuestas rápidas, y el de un debate de fondo sobre el futuro del litoral que, aunque abierto por el propio Gobierno, se aplaza mientras se intenta reconducir el conflicto social en uno de los enclaves más sensibles del entorno de Doñana.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha situado en torno a nueve millones de euros el coste necesario para restaurar las infraestructuras dañadas en Matalascañas tras el paso del temporal Francis, que ha afectado a aproximadamente un kilómetro y medio de litoral y a entre 50 y 60 inmuebles, algunos de carácter colectivo, con miles de personas potencialmente afectadas.
Según ha explicado, los daños más graves se concentran en los tramos donde no se habían realizado aportes de arena, mientras que otras zonas protegidas han resistido mejor el impacto del temporal. Bella ha vinculado directamente la magnitud de la afección a la falta de arena y ha advertido de la llegada de nuevos temporales a finales de enero, lo que, a su juicio, hace imprescindible completar esas actuaciones de forma urgente.
El alcalde ha recordado que el municipio de Almonte cuenta con 56 kilómetros de costa, de los que solo cuatro están urbanizados y disponen de todas las autorizaciones administrativas históricas, y ha defendido que la protección de ese frente litoral debe abordarse como una responsabilidad compartida entre administraciones.
En relación con el planteamiento del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, de reubicar el paseo marítimo tierra adentro, Bella ha rechazado esa opción en el escenario actual. Ha señalado que un retranqueo de la primera línea urbana en torno a cien metros implicaría la afección de más de 300 edificios y exigiría expropiaciones e indemnizaciones de gran envergadura, que solo podrían plantearse, en su caso, como una decisión de Estado y no como una respuesta a la emergencia inmediata.
El regidor ha subrayado que existe un rechazo unánime al retranqueo entre los grupos políticos con representación en Almonte y ha insistido en separar el debate a largo plazo sobre el modelo litoral de la necesidad urgente de proteger viviendas, infraestructuras y actividad económica en Matalascañas tras los daños del temporal.
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