Los tres gerentes del SAS de la era Moreno Bonilla, investigados por presunta prevaricación

Un juez de Sevilla investigará toda la gestión del Gobierno andaluz en la contratación sanitaria de emergencia del SAS de los últimos cuatro años en un caso adelantado por EL LIBRE

• El Consejo de Transparencia ordena al SAS y a la Intervención General que entregue a Justicia por la Sanidad documentos solicitados sobre control de gasto sanitario
• El SAS mantuvo la ilegalidad denunciada por la Intervención General y continuó efectuando pagos indebidos
• La Intervención General de la Junta de Andalucía agrava la corrupción del SAS con las demoras en la finalización de sus informes de control
• Un informe especial de la Intervención General pone en jaque al SAS por los contratos de emergencia de 2020
• La Junta de Andalucía y el grupo ASISA: nuevos hechos demuestran que su empresa fue beneficiada a sabiendas de las ilegalidades
• Carolina España asegura que «hay más controles que nunca», pero la Intervención General ha tardado casi tres años en publicar los informes de control de gasto sanitario de 2021
• Anticorrupción asume la investigación de los contratos de emergencia sanitaria del Gobierno andaluz, una ilegalidad denunciada por EL LIBRE

Jueves, 14 de noviembre de 2024. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, del PSOE andaluz y teniendo en cuenta que la Asociación Justicia por la Sanidad fue la primera que denunció judicialmente estas prácticas irregulares, el juez de instrucción 13 de Sevilla, Javier Santamaría, informa a la actual gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta, Valle García y a los ex gerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán que van a ser investigados y pueden personarse en el procedimiento en el que se investiga si existe un delito de prevaricación administrativa en los contratos de emergencia que ha hecho el SAS desde el año 2021 hasta este mismo año, según ha adelantado Cadena Ser. El magistrado, en un auto, cita a los querellados «para cualquier día hábil de este mes de noviembre al objeto de informarles de sus derechos y darles traslado de la querella». Su declaración, señala el auto, se realizará «en un momento posterior».

Santamaría ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si, en el curso de las pesquisas, se aprecian otros delitos. El PSOE andaluz, que denunció los hechos, considera que también existe el delito de malversación de fondos públicos.

En una providencia, Santamaría también requiere a la Junta de Andalucía para que aporte todo expediente tramitado para su aprobación en Consejo de Gobierno desde el 6 de octubre de 2020 por el que se sustituye el control previo de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente.

Investigación profunda

Asimismo, el juez solicita al Servicio Andaluz de Salud para que aporte los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia de su servicio central entre 2021 y 2023. También requiere a la Intervención General de la Junta para que aporte cualquier documento en relación a la tramitación de expedientes por el procedimiento de emergencia, adicionales al informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023.

A la Secretaría de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado se le pide que aporte todo informe, resolución o consulta elaborada en relación a la contratación por procedimiento de emergencia con vigencia en el periodo 2020-2023. Y también las solicitudes de informes realizadas desde 2020 por cualquier consejería de la Junta de Andalucía.

Un informe de la Intervención de la Junta señala que, en ese periodo, las contrataciones de emergencia y sus prórrogas se realizaron contraviniendo la Ley de Contratación Pública al no estar justificadas. El órgano fiscalizador concluyó que esos contratos causaron situaciones de riesgo porque, con el procedimiento empleado, era imposible comprobar la solvencia de los adjudicatarios. A lo que añadió que, en algunos de los contratos analizados, no aparece la tramitación del procedimiento previsto para los contratos de emergencia que se firmaron.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha reclamado este jueves la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, después de que en esta jornada se haya conocido la citación judicial de la actual gerente del Servicio Andaluz (SAS), Valle García, y de sus antecesores, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, por la investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla a raíz de una denuncia sobre la adjudicación de contratos de emergencia.