“La vivienda no puede ser una carga, es un derecho que debe ser respetado sin mermar en nada la capacidad económica de las instituciones”
Miércoles, 8 de febrero de 2023. Quiero hablar de un problema que cada día es más acuciante en la capital malagueña, en mi pueblo y, en general, en todos los pueblos del litoral malagueño: me refiero al problema de la gente a acceder a una vivienda digna.
Según se recoge en nuestra carta magna en el artículo 47 el acceso a una vivienda es un derecho y establece que es una obligación de las instituciones velar porque así suceda. En concreto en su literal dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Todo perfecto, pero a día de hoy, y ayer también, las cosas se están haciendo muy mal. Se están haciendo bajo un guión preestablecido por un capitalismo especulativo que malévolamente ha trastocado el literal del artículo 47 citado. La vivienda que se construye se hace bajo unos parámetros que hace imposible el disfrute de una vivienda digna incluso bajo la losa de una hipoteca a 35 años. Es cuasi imposible el ejercicio de ese derecho por nuestros jóvenes a pesar de que las constructoras dicen hacerlo merced a recibir subvenciones u otras prebendas como suelos públicos gratis. Entienden de lo que hablo. Y eso que no hablo de esas que se construyen sin subvenciones a unos precios inaccesibles.
A partir de la década de los 70 del siglo pasado nos incrustaron lo de la vivienda de protección oficial en propiedad. Fue una consecuencia dirigida a establecer un sector económico como el de la construcción en un país tendente a una desindustrialización general. Málaga es el vivo ejemplo de lo dicho. En el 1830 nuestra provincia se abrazo a la revolución industrial mientras el resto de España apostaba por una sociedad agrícola latifundista. Llego a ser la provincia más industrial de España, pero por las decisiones de algunas gentes nos convirtieron en una provincia cuyo único futuro se basaba en el sol y la playa; en la especulación de nuestros suelos, en la especulación de lo urbanístico.
Dejando de lado el matiz histórico de lo que fuimos quiero decir que lo de la protección oficial en propiedad fue el invento perfecto para que en estos días no se pueda desarrollar el artículo 47 de nuestra carta magna. Me explico: al sistema capitalista no le inoportuna que la gente compre (aunque sea con esa hipoteca bancaria a 35 años) porque sabe que después venderá perversamente ese bien en un mercado que no entiende de derechos. Ejemplos los hay en Málaga donde fondos buitres compran viviendas construidas bajo parámetros proteccionistas para dedicarlas a usos distintos a los que originariamente fueron concebidos.
Por otro lado, vemos que la construcción no cesa. Se siguen construyendo a un ritmo imparable y a unos precios inasumibles gracias a la alta demanda que hay y la desidia de los poderes públicos en no cumplir lo dictado en el artículo 47 de nuestra Constitución Española o en el 25 del Estatuto de Andalucía.
Los problemas están para solucionarlos
La solución es sencilla desde mi punto de vista. Es cumplir con lo dictado en el artículo 25 de Estatuto andaluz. El mismo dice: “Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten”.
Si hay oferta pública a precios razonables se rompe el guión del capitalismo que especula. Eso sí, la oferta pública se debe basar en dar vivienda en régimen de alquiler rompiendo ese matiz de estar hipotecados toda la vida. Nunca se debe apostar por la vivienda de protección oficial en régimen de propiedad.
Mucha gente se ha olvidado del tiempo de la PAH y sus reivindicaciones. La vivienda no puede ser una carga, es un derecho que debe ser respetado sin mermar en nada la capacidad económica de las instituciones. Por eso hoy más que nunca debemos ser exigentes y pedir que tengamos una vida digna. La vivienda es una parte muy importante en este objetivo. Sin ella no hay arraigo, no hay plan vital.
María José Torres es Psicóloga sanitaria y coportavoz de Iniciativa del Pueblo Andaluz (IdPA)
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