El magistrado solicita información sobre 23 licitaciones sospechosas a una empresa propiedad de un donante del PP de Aznar
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha autorizado la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que se investiguen 23 contratos de obras adjudicadas entre 2002 y 2004, bajo el mandato en el Gobierno de José María Aznar, por valor de unos 570 millones de euros, según ha informado RTVE.
El pasado 30 de noviembre, la UDEF pedía que se investigaran contratos de hasta cinco ministerios: Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, entre otros organismos como la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, Renfe, Turespaña, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Aena o Adif, para «allegar elementos indiciarios sobre el objeto» de la investigación «con el fin de concretar» los indicios que se tenían.
El origen por la que la UDEF realiza esta petición es el contenido de las declaraciones del empresario Alfonso García Pozuelo y el cabecilla de la trama Francisco Correa durante el juicio oral de la conocida como Época I de la Gürtel.
Pedraz solicita a los cinco ministerios y a los otros organismos públicos información acerca de 23 licitaciones sospechosas adjudicadas a la empresa Constructora Hispánica, propiedad del empresario Alfonso García Pozuelo condenado por el caso Gürtel, y acusado por Francisco Correa de entregar dinero en metálico a Álvaro Lapuerta, que se anotaba en una contabilidad extraoficial que llevaban los dos para llevar un control interno. Según el informe Pozuelo realizó nueve donaciones al PP entre 1998 y 2006 por un importe total de más de 258.000 euros.
Mientras Pozuelo afirmó en su declaración que el dinero entregado a Correa fue a parar a organismos centrales, Correa «reconoció su labor de intermediación a favor de Alfonso García Pozuelo en obras de diferente tipo, como carreteras, autopistas, obras del AVE o medio ambiente que les pasaba a Luis Bárcenas y que éste gestionaba con el correspondiente ministerio y si se conseguía la adjudicación el empresario entregaba un 2 o 3% que repartía y entregaba al anterior».
Entre el periodo comprendido entre 2002 y 2009, Constructora Hispánica obtuvo «adjudicaciones de obras, ya sea concurriendo en solitario o asociadas a otra entidad» de modo que era posible establecer «una correlación entre las entregas -de donativos al PP- y las adjudicaciones de carácter subjetivo, objetivo y temporal», tal y como asegura UDEF.
Caja B Partido Popular
Según el auto del juez, en la causa que investiga la caja B del Partido Popular, se ha aseverado que tanto Bárcenas como Lapuerta y Francisco Correa «definieron e implementaron un sistema para obtener fondos ilícitamente para el Partido Popular y para ellos mismos», a cambio de movilizar «influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos».
Los empresarios realizaban entregas de efectivo, como si fuesen donaciones, en la sede del PP a cambio de «contactos directos» con responsables políticos con «poder adjudicador de contratos públicos», consiguiendo en ocasiones la adjudicación de dichos contratos aparentando legalidad pero «vulnerando» los principios generales de la contratación de «publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia», tal y como recoge RTVE.
Ese es el motivo por el cual el magistrado pide los expedientes de contratación de esas 23 adjudicaciones, las ofertas de los licitadores, el informe técnico de valoración y la justificación de las puntuaciones otorgadas a cada una de ellas.
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