por Álex Maroño
La marihuana se ha convertido en la última sustancia que protagoniza un debate a escala mundial como consecuencia de su legalización con fines recreativos en Uruguay y Canadá. Esta medida, en contraposición al enfoque coercitivo adoptado tradicionalmente por Estados Unidos a nivel federal, pone de manifiesto las diferentes posibilidades legales para regular la producción, consumo y tráfico de esta droga tan popular como denostada.
En 2013 el ahora expresidente de Uruguay José Mujica se convertía en el primer presidente de Gobierno del mundo que firmaba una ley que legalizaba “la producción, venta y consumo de la marihuana o cannabis”. Con la adopción de la ley por parte del Senado uruguayo con 16 votos a favor y 13 en contra, el Estado sudamericano trataba de combatir los problemas relacionados con el tráfico de drogas, en clara oposición a la tradicional “guerra contra las drogas” defendida por Estados Unidos, con un enfoque altamente punitivo para vendedores y consumidores.
La ley, entendida como un “experimento sociopolítico” y pionera en el mundo, ha tenido una acogida desigual. Mientras que en 2017 investigadores de Monitor Cannabis, plataforma de la Universidad de la República del país, explicaban que el mercado legal de la marihuana suponía un 20% de la producción anual, otros criticaban la opacidad estatal, que impedía alcanzar conclusiones representativas. A pesar de la falta de datos concluyentes, el modelo uruguayo ha impulsado a otros países a tomar su ejemplo: Canadá ha legalizado el uso recreativo en 2018 y el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también aboga por el fin de la ilegalidad. ¿Es la marihuana el nuevo tabaco o el nuevo alcohol?
Una sustancia controvertida
La Historia de la marihuana es casi tan antigua como la propia humanidad. Esta sustancia es un espécimen de una planta conocida como cannabis que se caracteriza por contener una gran cantidad de THC, un compuesto que produce una respuesta psicoactiva del organismo. Debido a su capacidad de alterar el sistema nervioso, la marihuana se distingue del cáñamo, con baja presencia de THC y utilizado en industria y nutrición; a pesar de que ambos pertenecen a la familia de cannabis sativa, sus aplicaciones y fines divergen enormemente.
Ambas plantas han sido usadas por numerosas culturas. El cáñamo, por ejemplo, era utilizado para la industria naval debido a su gran resistencia; se dice que sin este material Cristóbal Colón no habría podido llegar al “Nuevo Mundo”. La marihuana, por su parte, fue descrita por el historiador griego Herodoto al referirse a los escitianos, quienes la utilizaban con fines recreativos, y también fue encontrada en tumbas de los chamanes de China y Siberia alrededor del 500 a. C.
El uso medicinal de la marihuana se extendió por Europa y Estados Unidos a finales del siglo XIX gracias a sus efectos positivos ante problemas estomacales. Sin embargo, en 1937 el país norteamericano adoptó un código federal, llamado Ley de Impuestos a la Marihuana, que prohibía su uso recreativo, en línea con otros reglamentos antidroga como la Ley Harrison de Impuestos a los Narcóticos de 1914.
La medida punitiva se extendió a lo largo del mundo y la marihuana se convirtió en una sustancia ilícita: Francia la prohibió en 1916 con la Ley de Sustancias Tóxicas y México en 1920 con una ley “sobre el comercio y cultivo de productos que degeneran la raza”. Bajo el pretexto de sus supuestos efectos negativos en la sociedad, como la inducción al crimen, la violencia o la locura, se generalizó un sentimiento de repudia hacia la marihuana a pesar de su probado uso médico, lo que favoreció perpetuar el estigma a consumidores e incrementar su marginalidad.
En la década de los 70, Estados Unidos comenzó una fiera lucha a nivel federal para acabar con la drogadicción y el narcotráfico abanderada por el conservador presidente Richard Nixon, quien tuvo un gran peso en la adopción de la Ley de Sustancias Controladas de 1971. El comienzo de la llamada “guerra contra las drogas”, abandonada durante la presidencia de Obama y retomada por su sucesor republicano, asentó en la sociedad estadounidense una visión conservadora sobre la marihuana que perduraría hasta finales de siglo. Sin embargo, la legalización gradual de la marihuana con fines terapéuticos en estados como California —pionero en 1996— ha contribuido a rebajar los prejuicios sociales y fomentar su apoyo entre la población.
Hacia la legalización de la marihuana
En línea con el ejemplo estadounidense, otros países han legalizado la marihuana con fines medicinales. Alemania, por ejemplo, autorizó su uso a mediados de 2017 con el objetivo de reducir el dolor intenso en pacientes con enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple o el cáncer. Gracias a la concentración de THC en la planta, la sensación de dolor se reduce al interactuar con los receptores cannaboides del cuerpo. Otros países, como República Checa —donde es legal desde 2013— o Noruega —desde 2016—, también han aprobado su uso dentro de su sistema sanitario nacional.
Sin embargo, el uso de la marihuana no se restringe solo al ámbito médico; en muchos sitios se consume con fines recreativos desde hace décadas. Quizá el lugar con mayor tradición sea Países Bajos. A pesar de que su uso recreativo solo lleva despenalizado desde 1976 con la Ley del Opio, los llamados coffeeshops —locales que venden de todo menos café— constituyen un verdadero atractivo turístico; se calcula que en 2017 entre el 25 y el 30% de los visitantes de Ámsterdam iban a uno de estos famosos lugares. Portugal, por su parte, se convirtió en el segundo país europeo —el primero fue España— en despenalizar el uso de todas las drogas en 2001 como consecuencia de las crecientes cifras de infecciones por VIH, que lo llevaron a ser el país de la Unión Europea con mayor ratio de infectados. Gracias a esta radical iniciativa, las infecciones por VIH se redujeron drásticamente, de 104 nuevos casos por millón en 2000 a 4 en 2015.
Los precedentes de Estados como Portugal, Países Bajos o Colombia han impulsado medidas alternativas a la respuesta punitiva de Estados Unidos con el objetivo de reducir los problemas derivados de las drogas. Una de las más rompedoras fue la ley adoptada por la república uruguaya, que legalizaba todos los usos de la marihuana. El decreto, implantado en 2013, toma forma lentamente en la nación latinoamericana —solo a partir de julio de 2017 se pudo adquirir marihuana en las farmacias, previo registro— y los resultados aún no son definitivos. A pesar de la falta de datos concluyentes, su impacto político ha sido mundial y otros países han seguido su modelo. Canadá, por ejemplo, se ha convertido en el primer miembro del G20 en legalizar el consumo personal de marihuana, medida que comenzará en octubre de 2018.
Esta relevante medida, proyecto personal del primer ministro canadiense, pretende restringir el consumo entre menores, así como reducir los delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado. La iniciativa, junto con el apoyo del nuevo presidente mexicano y la legalización del uso recreativo en diferentes regiones de Estados Unidos, como California, Colorado o Alaska, supone un varapalo a la tradicional “guerra contra las drogas”, cuyas medidas disciplinarias han resultado ser un fracaso.
Por otro lado, la legalización de la marihuana puede tener un profundo impacto económico en los países que apuestan por su regulación. El creciente auge de empresas asociadas a la producción de cannabis es prueba de ello, con ejemplos como Canopy Growth —actualmente la productora de cannabis más importante— o Aurora Cannabis, ambas constituidas en Canadá. La tendencia alcista de las ventas de marihuana tras su legalización, así como el aumento del valor bursátil de las compañías cannábicas, puede suponer una gran oportunidad de negocio para muchas empresas y ya se comienza a hablar del “lobby del cannabis” para referirse a los grupos de presión que tratan de hacer avanzar la agenda política a favor de esta sustancia.
Ya sea de forma restringida a los usos medicinales o ampliada al uso recreativo, la legalización de la marihuana parece ser una realidad cada vez más extendida. Otros países, como Georgia o Sudáfrica, donde los máximos órganos constitucionales se han pronunciado a favor de la legalización, demuestran el cambio de paradigma político. El anuncio hace escasas semanas de que Coca-Cola está barajando introducir cannabidiol —un componente no psicoactivo del cannabis— en sus bebidas no hace sino aumentar los apoyos a una sustancia otrora asociada con la marginalidad y, aunque no existen datos concluyentes sobre el impacto social de la legalización recreativa, cada día más voces defienden su uso y sus efectos positivos.
Voces disidentes
La experiencia uruguaya ha resultado ser un importante ejemplo para otros Estados en gestión de la marihuana, pero numerosas voces se han alzado contra lo que consideran una medida que compromete la salud pública. Una de las consecuencias directas más claras de la medida podría ser el aumento de su consumo, pero la república latinoamericana podría sufrir otra contrariedad: el aumento de la violencia. La irrupción del Estado en el mercado de la marihuana reduce el margen de actuación de los narcotraficantes, lo que favorece las disputas y eleva la violencia: “Cuando tanto dinero pasa en tan poco tiempo al mercado legal, alguien tiene que haber acusado el golpe. […] Se está produciendo un estrangulamiento en el mercado ilegal”. Los diferentes grupos de narcotraficantes se afanan en mantener una posición predominante en el mercado ilícito, cada vez más mermado, lo que provoca un aumento de las fricciones, traducido en un mayor grado de criminalidad.
Por otra parte, el país sufre un déficit de producción a causa del aumento del consumo recreativo; esto aumenta la frustración de los consumidores y los empuja al mercado ilegal. Además, debido a los componentes neurotóxicos del cannabis, con un mayor impacto en niños y jóvenes, aumenta el riesgo de padecer enfermedades mentales graves —crisis de pánico, depresión o esquizofrenia— en personas genéticamente predispuestas. El riesgo crece en gran medida por el aumento de la potencia psicoactiva de la marihuana —mayor contenido de THC en cada planta— debido a la entrada en el mercado de nuevas especies con gran capacidad.
Los riesgos médicos asociados a un consumo ilimitado de marihuana han llevado a la mayoría de los países del mundo a adoptar una postura intermedia entre la legalización recreativa —propugnada por Uruguay y Canadá— y la penalización punitiva —tradicionalmente defendida a nivel federal por Estados Unidos—: la despenalización. Esta práctica, adoptada en países como España, Argentina, Rusia, Italia o los territorios estadounidenses de Illinois o Kentucky, pretende reducir la violencia asociada al narcotráfico, así como la adicción a la marihuana, evitando un enfoque coercitivo hacia los consumidores.
La base que conforma las políticas basadas en la despenalización son la rehabilitación y reinserción de los arrestados, por lo que las penas suelen ser de carácter económico y social —por ejemplo, servicios a la comunidad—. Se trata, pues, de una alternativa a la privación de la libertad por delitos relacionados con la marihuana, lo que ayuda a aliviar el sistema penitenciario y reducir las tasas de criminalidad —entre 2001 y 2010 hubo siete millones de detenidos por posesión de marihuana en Estados Unidos, el equivalente anual a una redada cada 37 segundos en 2010—.
A ello hay que añadirle los efectos perniciosos en la economía. Debido al creciente interés financiero que suscitan las empresas cannábicas, empresas como la estadounidense Constellation Brands han apostado por invertir en este negocio, para entusiasmo de los inversores. Esta situación de histeria colectiva ha provocado que se corra la voz de alarma entre los analistas, que hablan del negocio de la marihuana como una burbuja económica similar a la de las compañías puntocom a comienzos de milenio, que llevó a la quiebra a muchas empresas basadas en internet. Una apuesta desmesurada por un nicho reciente de mercado como el de la marihuana que sobrevalora las posibilidades reales de crecimiento puede llegar a provocar la bancarrota de las empresas asociadas a esta sustancia o incluso una recesión económica.
Aún es pronto para afirmar que la marihuana sea el nuevo tabaco o alcohol. La falta de consenso internacional sobre su estatus legal —solo dos países, Canadá y Uruguay, de un total de 193 reconocidos por la ONU han legalizado plenamente el uso recreativo— y los probados efectos perniciosos que tiene para la salud su uso continuo limitan su implementación a nivel mundial. Parece que, al menos a medio plazo, la mayor parte de los países avanzarán hacia un modelo despenalizador, en el que la posesión de marihuana para consumo propio será penada como falta leve y no enjuiciada por la vía penal. La lucha contra la drogadicción y el narcotráfico son los mayores retos; solo un modelo que trate de frenar estas lacras sin marginalizar a los consumidores podrá ser considerado adecuado. Un modelo que trate a los asiduos a la marihuana como ciudadanos y no como soldados de una guerra que no parece posible vencer con más armas que un sistema de reinserción eficiente.
Álex Maroño A Coruña, 1995. Analista de El Orden Mundial. Graduado en Relaciones Internacionales y Máster en Democracias Actuales: Nacionalismo, Federalismo y Multiculturalidad. Interesado principalmente en temas sociales como género, inmigración y minorías, así como en Estados Unidos y la región europea. La mayor parte del tiempo me expreso mejor a través de mi cámara y la realidad que capturo la comparto en mi web. En Twitter: @mronho
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