La reciente sentencia sobre la finca Hato Blanco Viejo reduce drásticamente las penas de cárcel y la multa económica, dejando sin castigo efectivo dos décadas de extracción ilegal de agua en Doñana.
Viernes, 25 de octubre de 2024. La reciente decisión judicial de rebajar las penas a los propietarios de la finca Hato Blanco Viejo ha generado indignación y frustración entre colectivos ecologistas y ciudadanos preocupados por el futuro del Parque Nacional de Doñana. El fallo, emitido el pasado 21 de octubre, responde al recurso presentado por los cinco hermanos propietarios de la finca, reduciendo las penas de casi cuatro años de cárcel a poco más de un año para cada uno de ellos, lo que en la práctica evita su ingreso en prisión. Además, la multa inicial de 12.000 euros se ha recortado a apenas 4.000 euros.
Esta resolución plantea un problema serio para aquellos que ven en la Justicia el garante de los bienes comunes y la protección del patrimonio ambiental. La percepción que deja es la de un sistema judicial que, en casos de delitos ecológicos cometidos por grandes propietarios, acaba primando los intereses privados por encima del bien común, enviando el mensaje de que quien puede dilatar un proceso judicial lo suficiente, también puede evitar sus consecuencias.
Dos décadas de impunidad y robo de agua
El caso de Hato Blanco Viejo no es aislado, sino representativo de una problemática más amplia que ha afectado a Doñana en las últimas décadas: el robo sistemático de recursos hídricos. Desde hace más de 20 años, los propietarios de esta finca extrajeron ilegalmente más de 2 hectómetros cúbicos de agua cada año, casi el doble de lo que les estaba permitido. Esta sobreexplotación ha contribuido a la progresiva degradación de uno de los ecosistemas más ricos y frágiles de Europa.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir impuso sanciones administrativas a la finca en repetidas ocasiones; sin embargo, estas nunca fueron abonadas, y la extracción ilegal de agua continuó sin mayores repercusiones. Este hecho revela una falla estructural en la protección y vigilancia de Doñana, donde la reiteración de sanciones no ha bastado para detener las prácticas abusivas, fomentando un sentimiento de impunidad en torno al uso de los recursos naturales del parque.
Beneficios millonarios frente a multas simbólicas
La reciente sentencia conserva la multa de 2 millones de euros por daños al Dominio Público Hidráulico, pero esta cantidad, aunque pueda parecer considerable, es insignificante en comparación con los beneficios que los propietarios han venido obteniendo de sus cultivos irrigados con agua extraída ilegalmente. Según estimaciones, las ganancias anuales derivadas de estos cultivos superan con creces los dos millones de euros, lo que deja la multa impuesta en esta sentencia como un coste asumible, más que como una verdadera penalización o compensación por el daño ambiental.
Este desequilibrio entre el beneficio económico y el castigo monetario envía un mensaje desalentador, ya que podría interpretarse como un incentivo para seguir explotando los recursos hídricos sin miramientos. “¿Cuánto vale un ecosistema como Doñana?”, se preguntan voces críticas. A la luz de esta sentencia, la pregunta parece más retórica que real: las leyes permiten que estos delitos tengan consecuencias económicas insignificantes para quienes se enriquecen a costa de uno de los patrimonios naturales más preciados de España.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha solicitado que la única medida efectiva para frenar el expolio sea la expropiación de Hato Blanco Viejo. Este colectivo defiende que, si la Justicia no es capaz de imponer castigos disuasorios, la política debe actuar para proteger Doñana. La expropiación no solo detendría la extracción ilegal de agua, sino que permitiría convertir esta finca en un espacio de recuperación y renaturalización vital para el ecosistema, facilitando la recuperación del Caño Guadiamar y los humedales que, de otra manera, seguirán bajo amenaza.
Esta postura ha ganado peso entre los defensores de Doñana, que consideran que, en ausencia de una justicia efectiva, las medidas políticas deben priorizar el interés público. La finca de Hato Blanco Viejo representa un enclave estratégico para los planes de recuperación del parque, y su conversión en un espacio de renaturalización sería un paso fundamental para revertir el daño causado por décadas de explotación.
Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, alberga una biodiversidad única en Europa y desempeña un papel crucial en la regulación hídrica y la conservación de especies en peligro. Sin embargo, la sobreexplotación de sus acuíferos y la expansión de la agricultura intensiva están llevando a este espacio al borde del colapso ecológico. Organizaciones nacionales e internacionales han advertido repetidamente sobre los riesgos de no proteger con rigor este santuario natural, donde los intereses privados no deben anteponerse al derecho de la sociedad a preservar sus recursos.
La respuesta judicial en el caso de Hato Blanco Viejo es un golpe a los esfuerzos por garantizar un futuro sostenible para Doñana. Si no se establece un precedente que asegure un castigo efectivo a quienes violan las leyes ambientales, el daño acumulado será difícil de revertir. Doñana necesita acciones decididas, tanto en el ámbito legal como en el político, para frenar el expolio y garantizar su supervivencia para las futuras generaciones.
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