Martes, 19 de abril de 2023 La arbitrariedad en el reparto de la publicidad institucional, que algunos políticos utilizan para premiar o castigar a los medios de comunicación, parece que llega a su fin. Tal y como publicó esta revista ayer (AQUÍ), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha emitido dos sentencias (que pueden leerse íntegramente en esta página) en las que se condena al Ayuntamiento de Málaga (AQUÍ) y a la Diputación (AQUÍ) por excluir a EL OBSERVADOR del reparto de publicidad institucional, al haber estado utilizando durante años «contratos menores» en lugar de procedimientos de libre concurrencia, algo que afecta al derecho de los ciudadanos a recibir información veraz y a la igualdad y no discriminación en la asignación de publicidad.
Estos dictámenes del TSJA significan una defensa de la libertad de comunicación y expresión, y un golpe a la actitud dictatorial de los responsables de ambas instituciones, el alcalde de de Málaga, Francisco de la Torre, y el ex presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ambos del Partido Popular y que durante estos años han insertado publicidad mediante contratos menores, en lugar de procedimientos de libre concurrencia, para favorecer solo a los medios de comunicación ‘amigos’.
Marta Olea, ex directora de Comunicación de la Diputación y actual directora general de Comunicación de la Junta, era la responsable de repartir la publicidad entre los medios de comunicación, ayudada por el actual director general de Canal Sur, Juande Mellado, que también trabajaba en la Diputación. Ambos estaban a las órdenes de Elías Bendodo, ex presidente de la Diputación y actual coordinador general del Partido Popular, y entre los tres repartían la publicidad a dedo.
Olea era conocida durante su época en la Diputación por los sobrecostes que generaban los viajes oficiales a los que acudía, en los que superaba la asignación oficial para pernoctaciones que marca la normativa (AQUÍ). Además, ya en su actual puesto en la Junta, Olea se vio envuelta en el escándalo de las emisoras ilegales de la cadena COPE en Andalucía, cuando pudo cometer prevaricación según denunció el periodista José Antonio Abellán (AQUÍ).
Por su parte, Jesús Espino es el director general de Comunicación del Consistorio malagueño desde el año 2011. Nombrado por el alcalde del PP Francisco de la Torre, no solo ha ignorado a EL OBSERVADOR respecto al reparto de publicidad institucional, si no que ha ordenado al equipo de prensa municipal que no responda las preguntas que este medio dirija al gabinete de prensa del Ayuntamiento (AQUÍ) o que borre los correos que les mandamos sin ni siquiera abrirlos (AQUÍ).
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