Sábado, 28 de junio de 2025. Las pesquisas judiciales realizadas en torno a las contrataciones fraudulentas de la llamada «trama del SAS [Servicio Andaluz de Salud]» entre 2020 y 2024 siguen desvelando los posibles mecanismos a través de los que habría podido transitar la Junta de Andalucía para adjudicar a dedo cantidades milmillonarias a clínicas privadas.
El juez de instrucción número 13 de Sevilla, José Antonio Gómez, que investiga concretamente la rama del entramado organizado por el SAS para beneficiar a entidades sanitarias privadas por un valor de 234 millones de euros, aprovechando la figura de un marco legal que fue habilitado solo entre 2020 y mediados de 2021, pero que el Gobierno andaluz y la Consejería de Salud extendieron hasta 2024 cuando ya se encontraba derogado por el Ejecutivo central, estudia ahora si la sanidad andaluza suspendió el concierto con clínicas privadas para volver a adjudicarles las mismas pruebas pero a un valor más alto del acordado hasta entonces.
Los emails intercambiados entre el propio SAS y estas entidades privadas y que obran en poder del juez y del fiscal (habiendo tenido acceso a ellos elDiario.es), revelan las presuntas indicaciones que dio el órgano público sanitario, que maneja el mayor montante económico de toda la Administración andaluza, a estos centros privados para que «dejasen en suspenso» el concierto público convenido con la misma Junta hasta que estalló la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020, para que pudieran acogerse a un plan en el que «poder seguir realizando» las mismas operaciones y pruebas pero esta vez a través de «un contrato de emergencia».
Cabe recordar que estos contratos exprés fueron otorgados de manera discrecional por el Gobierno de Moreno, sin publicidad, libre ni competitiva concurrencia, «a un puñado de empresas» (como advirtieron los interventores del propio Servicio Andaluz de Salud que detectaron estas anomalías en la fiscalización de los contratos), salpicando ahora al Ejecutivo autonómico por un supuesto delito de prevaricación, que podría extenderse a los de malversación de fondos públicos y falsedad documental (por los que están imputados los últimos tres gerentes del SAS).
Cristian López Domínguez es periodista. Magíster en Comunicación Institucional y Política. Pasé por EL PAÍS y Agencia EFE. Codirector de Espacio Andaluz (EA).
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