Denuncian la «realidad» que supone la migración circular: «Van a buscar mujeres de zonas rurales de Marruecos que tengan hijos porque cuando vienen a cosechar frutos rojos pueden explotarlas».
Ambas entidades reclaman piden «eliminar todo tipo de ayudas económicas y de promoción a las empresas que vulneren los derechos laborales».
Exigen garantizar el «acceso a la sanidad pública sin ninguna restricción» de «todas las personas trabajadoras del campo».
Reclaman dotar adecuadamente a las oficinas de Inspección del Trabajo con «todos los recursos humanos necesarios» y «personal formado en las personas migrantes».
Fruita amb Justícia Social y Jornaleras de Huelva abogan por un «cambio en la agricultura para hacerla más sostenible».
Viernes, 6 de septiembre de 2024. Las organizaciones Jornaleras de Huelva en Lucha y Fruita amb Justícia Social, referentes en la defensa de los derechos laborales y sociales de las personas trabajadoras en el campo y la promoción de un modelo agroecológico de producción, se han reunido esta semana en Lleida para “establecer redes de trabajo conjuntas y consensuar demandas para la mejora de condiciones de trabajo, evitar la violación de derechos humanos y promover un modelo más humano y respetuoso con el medioambiente y las personas trabajadoras”.
En este sentido, ambas organizaciones han registrado este viernes en la Subdelegación del Gobierno en Lleida un escrito dirigido a la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz (extensivo a todo el Ejecutivo presido por Pedro Sánchez) en el que exponen “nuestras demandas” y emplazan al Gobierno de España que emprenda “las medidas correspondientes”, que Jornaleras de Huelva en Lucha y Fruita amb Justícia Social concretan en 10 puntos:
1. Regularizar a todas las personas migrantes que ponen el cuerpo y su fuerza cada día para levantar la agroindustria y hacer que la comida llegue a nuestros platos.
2. Abrir una investigación profunda sobre el cumplimiento de la Orden Gecco en años anteriores y abolir la actual legislación, que parte de un sesgo totalmente racista que en la práctica se traduce en «queremos a los inmigrantes solo para lo que nos interesa y sus derechos no importan», como ocurre con el compromiso de retorno de las trabajadoras, que habilita prácticas contrarias a los derechos laborales y humanos más fundamentales.
3. En tanto que no se deroga la contratación en origen, desarrollar, en el corto y en el medio plazo, mecanismos de protección legal efectiva de las trabajadoras contratadas en origen, prohibiendo tajantemente el periodo de prueba y asegurando el derecho a la sanidad pública mediante la tramitación inmediata de la tarjeta sanitaria y de los correspondientes permisos de residencia y trabajo.
4. Dispositivos de atención a la salud en todas las zonas donde se desarrolle una campaña agraria, y acceso a la sanidad pública sin ninguna restricción de todas las personas trabajadoras del campo.
5. Crear programas de formación específica para el personal que trabaja en los centros de salud y ambulatorios en relación con las enfermedades laborales derivadas del trabajo en el campo, con un claro enfoque de género y antirracista que tenga en cuenta en particular la situación en la que se encuentran las trabajadoras contratadas en origen y en situación administrativa irregular.
6. Se debe exigir a las empresas que ofrezcan a las trabajadoras contratadas viviendas en condiciones de habitabilidad y salubridad adecuadas; así como facilitar las medidas y recursos de salud laboral necesarios.
7. Abolir el régimen agrario obsoleto y arcaico del que dependemos, que fue creado para favorecer a empresas y terratenientes y para obligarnos a competir entre trabajadores. Urge la inclusión de las jornaleras en el régimen general, donde se nos reconozcan los mismos derechos que al resto de trabajadores. Y sobre todo, con unas cláusulas específicas por la situación que se da en el campo, pero que, en esta ocasión, después de décadas, favorezcan a les trabajadores.
8. Dotar adecuadamente las oficinas de inspección de trabajo para que atiendan las necesidades de las campañas agrarias. Se requiere un mayor número de personas inspectores, y la dotación de las oficinas con traductores y personal cualificado para atender a las persones migrantes.
9. Eliminar todo tipo de ayudas económicas y de promoción a las empresas agrarias que vulneran los derechos laborales.
10. Limitar el derecho sobre el agua de las empresas agrarias dedicadas a la exportación como primer paso para combatir la sequía y el cambio climático. Promover el modelo agroecológico de producción y facilitar una alimentación sana y de calidad a toda la población.
El escrito dirigido al Gobierno de España y registrado este viernes en Lleida, responde al convencimiento de Jornaleras de Huelva en Lucha y Fruita amb Justícia Social de que «en las últimas década la situación de las personas trabajadoras del campo español ha empeorado de manera sustancial. Miles de personas están trabajando en condiciones muy precarias, algunas de ellas de origen migrante a quien no se garantiza su regularización, ni la protección de sus derechos fundamentales”.
Ambas organizaciones coinciden también en que “la agricultura intensiva, fundamentalmente dedicada a la exportación, está desmantelando la capacidad productiva del suelo, y dejando un impacto altamente negativo sobre el medioambiente con la contaminación de aguas, suelos y el aire. Ante la sequía que enfrenta la Península la respuesta del sector agroindustrial ha sido más demanda de agua, en lugar de un uso responsable y el cambio de producción para otras más sostenibles. Este modelo de agricultura está anulando la soberanía alimentaria, así como imposibilita la producción agroecológica”.
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